Archivos y privilegios
La publicación por el Ministerio de Justicia de un libro titulado Azaña, jurista pone de manifiesto la arbitrariedad y hasta el engaño que a veces padecernos los investigadores en nuestros tratos con los archivos de organismos públicos. Hace unos meses intenté consultar en el archivo de ese ministerio el expediente personal de Azaña con objeto de establecer con exactitud todos los pasos de su carrera funcionarial. La archivera me aseguró que el expediente sólo contenía un documento: el nombramiento de Azaña como presidente de la República, que, evidentemente, nada tiene que ver con su condición dePasa a la página siguiente
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funcionario. Como yo le insistiera en lo insólito de] caso llamó en mi presencia por teléfono al sub director general de los Registros, que le repitió, según me dijo, lo mismo: en el expediente no había más que ese documento, y para verlo debía solicitar no sé qué clase de permiso.
Figúrese mi sorpresa y mi sentimiento de haber sido engañado al comprobar, por el libro ahora publicado, que en el expediente de Azaña hay nada menos que 64 documentos y que, en efecto, con ellos se puede establecer, como yo había imaginado, toda su carrera funcionarial y algunas otras cosas de interés. Mi sorpresa se convierte en indignación al saber que el autor del estudio introductorio y responsable de la edición del libro es la misma persona que negó la existencia de esos documentos, supongo que para hacer uso de ellos con el infantil propósito de que nadie se le adelantara y presumir luego -como hacen él mismo y el ministro de Justicia en su prólogo- de manejar por vez primera documentos desconocidos. El nombre de este señor: Antonio Pau Pedrón, ahora director general-
