El MOPU derriba sin previo aviso 200 barracas en terreno público en las playas de Elche

"Ha salido una mujer a ofrecernos café y mientras nos lo servía se ha quedado sin casa" comentó a este periódico un testigo del derribo, en la mañana de ayer, de cerca de 200 barracas situadas en terrenos de propiedad pública en las playas de Elche y Guardamar. La operación se llevó a cabo en medio de un espectacular despliegue de la Guardia Civil y cogió por sorpresa a la mayoría de los propietarios de estas modestas viviendas veraniegas, que no tuvieron tiempo de retirar sus enseres.

El derribo de las barracas se inició a primeras horas de la mañana y se desarrolló con rapidez, ya que se trataba de construcciones hechas con madera y uralita, con escaso porcentaje de obra. Las excavadoras y palas mecánicas habilitadas por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) echaron abajo las barracas ante los atónitos ojos de los propietarios que iban llegando a las playas de El Pinet y La Marina, en el término de Elche, donde se encontraban la mayor parte de estas construcciones.Aunque no hubo incidentes que precisaran la intervención de los efectivos de seguridad desplegados por el Gobierno Cívil de Alicante, que establecieron un férreo control en los accesos al lugar, durante el derribo se vivieron escenas de dramatismo entre los propietarios. Unos pocos tuvieron tiempo de retirar algunas pertenencias antes de que se iniciase la operación. Otros intentaban ganarle la partida a la pala sacando el televisor o el frigorífi co unos segundos antes de que se viniera abajo la frágil estructura. Llantos, gritos, lágrimas y desmayos se sucedían entre los propietarios a la vista del montón de, escombros en que habían quedado convertidas las viviendas que habían venido ocupando en la época veraniega, en algunos casos desde hace 30 años.

Enseres y escombros

Junto a los restos de las barracas, se observaban también en los montones de escombros enseres como camas, sillas, armarios, televisores, frigoríficos y otros utensilios domésticos.Los propietarios criticaron duramente la actuación de la Administración, al no comunicarles la fecha en que se iba a proceder al derribo, lo que les impidió retirar los objetos de valor. Fuentes del servicio provincial de Costas señalaron que los propietarios sabían que debían desalojar sus viviendas desde que el Tribunal Supremo desestimó, en febrero pasado, el recurso contra la orden de desalojo del terreno público cursada en 1984 por la Jefatura Provincial de Costas.

Entre las alegaciones presentadas por los propietarios de las 176 barracas situadas en las playas de Elche figuraba el que se estaba pagando la cuota de la contribución territorial e incluso, en el caso de los bares, otras tasas municipales para desarrollar tal actividad. Sin embargo el Tribunal Supremo dictó sentencia ratificando la orden de desalojo de las barracas, por encontrarse en terreno de titularidad pública. Este fallo ha sido recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional.

"Ha sido un auténtico expolio, un abuso de poder revestido con carácterer de legalidad", manifestó el abogado de los afectados, Manuel Ortuflo, concejal del Ayuntamiento de Elche por el Partido Popular. Ortuño criticó duramente la actuación del servicio de Costas y del Gobierno Civil, al existir ya un acuerdo plenario de la corporación municipal de Elche para facilitar gratui tamente terrenos en un cercano camping donde se podrían instalar los desalojados. El abogado pedía que no se ejecutase el derribo de las viviendas hasta que no se hubiese realizado dicha cesión de terreno.

Un portavoz de Gobierno Civil manifestó a este periódico que el despliegue de efectivos de seguridad -cerca de 200 hombres provistos de material antidisturbios- se realizó en previsión de incidentes, al tener conocimiento de la operación a través del servicio provincial de Costas.