Planteamientos de la Coordinadora de Médicos de Hospitales
Cada Gobierno democráticamente elegido tiene el derecho a elaborar las bases del desarrollo de la política sanitaria que considere más adecuada para responder a las necesidades reales de la población. Es, sin embargo, difícilmente justificable que para hacerla efectiva emplee exclusivamente a minoritarios equipos de dirección, implantados por el improcedente método de la libre designación, con base más en criterios ideológicos que en criterios técnico-profesionales. El sustrato ideológico de los profesionales hospitalarios es, afortunadamente, heterogéneo, y en un largo proceso evolutivo se había conseguido postergarlo ante planteamientos técnico- sanitarios. Los datos referidos explican fácilmente el rechazo progresivo que han experimentado los equipos de dirección presididos por un director gerente (médico, ingeniero, empleado de caja de ahorros, etcétera) instaurado por libre designación y detentador del poder con carácter unipersonal y absoluto. Se producía así una situación evocadora a nivel local hospitalario del régimen político anterior, aunque esta vez de signo ideológico contrario.Participación
La politización expuesta de los órganos de gobierno de las instituciones hospitalarias no pudo ser asimilada por los profesionales implicados, por encontrarse ya instalados en un sistema de convivencia democrática. Los efectos del citado factor en la génesis del deterioro hospitalario se vieron intensificados cuando, simultáneamente con la instauración de una dirección fuertemente ideologizada, se produjo una anulación de los mecanismos de participación profesional y democrática a nivel decisorio. Desde 1972, es decir, en la última etapa del régimen político anterior, los hospitales públicos habían conseguido un marco organizativo y funcional que podría ser considerado como predemocrático. Ya desde aquel momento existía como órgano máximo de dirección una junta de gobierno que regulaba las actuaciones de los órganos unipersonales de dirección. Su constitución era sólo parcialmente democrática, contando con miembros designados y otros directamente elegidos por el personal sanitario. La toma de decisiones se hacía por procedimientos democráticos, pero, obviamente, el marco político general seguía siendo autoritario. La orden ministerial de 28 de febrero de 1985, que instauraba la figura del director gerente por libre designación, abolía simultáneamente todo cauce de participación profesional, y democrática. a nivel decisorio. Anulada recientemente por el Tribunal Supremo por haber ignorado la existencia de jerarquía normativa, pretende ser reinstaurada con escasas modificaciones que acentúan más su carácter regresivo por la vía del real decreto. Actualmente, tal línea de actuación se considera como una de las causas fundamentales de la regresión hospitalaria, a causa de la exclusión de los profesionales, y goza de rechazo prácticamente unánime, al ser calificada. como monumento al autoritarismo excluyente, incompatible con nuestros derechos constitucionales.
El tercer factor que se ha reconocido como causa fundamental del deterioro hospitalario ha sido la insuficiente dotación presupuestaria. La estructura piramidal autoritaria excluyente de los órganos de dirección de los hospitales no era el producto de una desafortunada incoherencia, sino la condición necesaria para establecer un drástico plan de ahorro económico sin contestación posible. Bajo un aparente intento de gestionar mejor los hospitales se ocultaba un plan para efectuar una detracción presupuestaria, cuyo destino era financiar irregularmente la estructura de atención primaria, aparente prioridad gubernamental. La situación se agravó notablemente en 1986, cuando, además de la detracción presupuestaría a la atención hospitalaria, se intentó una reducción en la inversión sanitaria global de 85.000 millones de pesetas, que pasaba a situarse en menos de la mitad de la media europea con respecto al producto interior bruto. De esa forma, los dos grandes pilares de un sistema sanitario avanzado, representados por la atención primaria y por la atención hospitalaria, pasaban a situarse en un marco presupuestario que dificilmente permitía su viabilidad. Lógicamente, todas las promesas de mejoras laborales y salariales que se habían hecho ya en el año 1982 quedaron incumplidas. Un intento actual de recuperación presupuestaria no ha logrado sino situar la inversión en los niveles de 1980 y ha sido únicamente orientada hacia la atención primaria, sin influir en la degradada situación hospitalaria.
Sobre la base de lo expuesto es fácil comprender el deterioro progresivo de los hospitales públicos. Politizados, desprovistos por exclusión consciente de los apoyos profesionales, socavadas sus bases tecnológico-estructurales y ofreciendo pésimas condiciones salariales, caminaban hacia el desastre funcional que hoy alcanza el límite irreversible.
Medicina científica
Los profesionales sanitarios hospitalarios, que en los últimos 20 arios habían contribuido al abandono de una medicina empírica, oscura e ineficaz, veían cada vez más dificultada su actividad, inscrita en la medicina científica, cuyas aplicaciones ya se encontraban a nivel de las altas tecnologías o de los sofisticados procesos terapéuticos como los trasplantes o la reimplantación de miembros seccionados, por citar algún ejemplo.
Dado que en diciembre de 1985 carecían de una estructura de representación que trasladase fielmente sus graves problemáticas a la Administración, consideraron la necesidad de expresarse directamente a través de una Coordinadora de Médicos de Hospitales, al amparo del artículo 105 de la Constitución. En febrero de 1987 expresaron en un detallado documento final sus planteamientos, que, en un esfuerzo informativo sin precedentes, hicieron llegar a todas las instituciones representativas del país.
En síntesis, analizaban los conceptos esenciales de una reforma sanitaria avanzada, proponiendo la clarificación de la política sanitaria, a partir de consideraciones técnico-profesionales. Reclamaban el marco presupuestario necesario hasta alcanzar la media europea de inversión sanitaria, es decir, pedían su práctica duplicación. Para el ámbito de su estricta incumbencia, es decir, para los hospitales públicos, solicitaban la adopción de un esquema laboral, salarial y de participación profesional y democrática perfectamente integrado y de cuya aplicación se derivaría la recuperación funcional hospitalaria. Pocos, fuera de los propios ámbitos profesionales, comprendieron que, aun mencionándose cantidades económicas, no se trataba de una simple reivindicación salarial. Se pedían distintos tipos de dedicación laboral destinados a una promoción selectiva de la asistencia a los pacientes, de la investigación y la docencia, con las justas compensaciones económicas correspondientes. Sería la libre responsabilidad de los profesionales, con control bilateral por parte de ellos y de la Administración, la que regularía los tipos de dedicación, pensando siempre en un adecuado empleo de los recursos, para conseguir hospitales más eficaces. Solicitaban la modificación de los órganos de gobierno, proponiendo estructuras netamente democráticas, pero siempre con el apoyo de comisiones técnicas muy específicas, cuya eficacia se garantizaba integrando su funcionamiento con el esquema laboral- salarial. En definitiva, se pnirriaba la dedicación hospitalaria, respetando la libertad de opciones y excluyendo las arbitrariedades y las discriminaciones que se habían sufrido en los últimos años, con grave repercusíón en el deterioro hospitalario.
Pero sería inexacto decir que sólo se planteaba una remodelación con base técnico-profesional de los hospitales. Se apostaba decididamente por la implantación de los hábitos democráticos en la vida diaria y por la explotación de todas sus posibilidades en base a los artículos 105, 9, 29, 28, 7, 37 y 52 de nuestra Constitución de 1978. En tales artículos se legitima la "participación directa" de los ciudadanos en la elaboración de las dlsposiciones administrativas que les afecten.
La participación a través de organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley es la otra posibilidad de intervenir que garantiza nuestro ordenamiento constitucional. Pero una fórmula no excluye a la otra, y es la "participación directa" la que da carácter auténticamente democrático a nuestra Constitución, ya que si no existirían exclusivamente las posibilidades de una democracia orgánica. Por otra parte, ninguna de las organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley tiene elmonopolio de la negociación de temas concretos que afecten a les ciudadanos de tipo laboral, salarial, profesional, etcétera.
Representatividad
La Coordinadora de Médicos de Hospitales sólo tiene que demostrar su representatividad, si pretende intervenir ante la Administración, en problematícas que conciernen al colectivo en general, cosa que hará a través del grado de seguimiento de la huelga legal convocada, según sus directrices, a nivel estatal para los días 10, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 30 y 31 de marzo, sin entrar jamás en la pretensión de excluir a otras entidades de representación.
Los promotores iniciales de la coordinadora, que a diferencia de Daniel Cohn-Bendit, un destacado miembro de su generación, no se han retirado a contar la historia de sus desilusiones desde el porche de la nostalgia, consideran que aún es necesario el esfuerzo de todos en el largo viaje hacia la libertad.
