La represión de la objeción de conciencia
El Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) ya adelantó en diversas ocasiones, y por ello se manifestó en la calle, que la ley de Objeción de Conciencia (LOC), de fecha 28 de diciembre de 1984, no regulaba la objeción de conciencia, sino que la reprimía. Esto se dijo antes de que fuese aplicado, y ahora que en algunos aspectos está funcionando, la realidad, lamentablemente, nos da la razón. En estos momentos dos personas están encarceladas en nuestro país por haberse declarado objetores de conciencia en el momento en que estaban cumpliendo el servicio militar.También anticipó el MOC que éste sería uno de los problemas más graves que presentaría la aplicación de la ley: la objeción durante la realización del servicio militar. La razón fundamental para ello es que intentar aplicar una ley que prohibe la objeción de conciencia al servicio militar precisamente durante la realización del misino olvida que en ciertos momentos este servicio militar puede llegar a ser tan incompatible con la conciencia o con los principios morales, ideológicos, religiosos, etcétera de una persona, que el cumplimiento de la ley puede suponer un obstáculo para su desarrollo como ser humano. Puede llegar el momento en que se prefiera la cárcel a la obediencia y sumisión, la prisión al autoritarismo militarista.
Pues bien, desde la. entrada en vigor de la actual legislación sobre objeción de conciencia el balance es totalmente negativo. Se han producido más de 100 privaciones de libertad de objetores, y aunque la objeción ha sido considerada causa eximente de los delitos militares que se les imputan, para los objetores sobrevenidos no ha contado, y se han llevado la peor parte. Las autoridades militares han intentado soluciones bajo cuerda prometiendo a estos objetores una mili más fácil a cambio de renunciar a su derecho de objetar. Ante su negativa a este amaño han sido sometidos a numerosas presiones, que han dado lugar a denuncias ante los organismos de defensa de los derechos humanos por malos tratos en calabozos y prisiones militares.
Lista maldita
Por su parte, el organismo destinado en teoría para el amparo del objetor, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (CNOC), ha venido actuando como un verdadero filtro político al servicio de los intereses del Gobierno y de los militares. De ahí el retrasar al máximo la resolución de objeciones sobrevenidas o emitir resoluciones tan incongruentes como "abstenerse de resolver el reconocimiento como objetor" de los; casos más conflictivos, o "declarar la inadmisión de la petición por extemporánea, sin entrar a resolver sobre la existencia del derecho", etcétera.
La lista, maldita por silenciada, de las víctimas de esta triste historia de represiones se amplía continuamente. Antes, José María Odriozola, Jesús Lauzerika, Vicente de la Calle, Antonio Bonilla, M. Ángel Badiola.... y ahora mismo Francesc Alexandri Muchart y Miquel Rodríguez Méndez. Un breve relato de su situación resultará revelador de las condiciones en que se halla el derecho a la objeción de conciencia en este país.
Francesc Alexandri, tras unas peripecias médicas en las que se le cita para sucesivos reconocimientos por un defecto visual, confiado en que su incorporación a filas estaba aplazada, se encuentra con que dictan auto de procesamiento contra él y lo detienen el 28 de marzo de 1986. Cuando trata de declararse objetor, el CNOC considera que se trata de objeción sobrevenida y se lava las manos. Así, un objetor que nunca se incorporó a filas está acusado de deserción y sin posibilidad alguna de ejercer sus derechos como persona. Su pena puede ser de dos a seis años de prisión.
Miquel Rodríguez está en una situación aún más desesperada. Miquel aplazó su idea de declararse objetor por la absoluta falta de información que rodea este tema -en este país es casi total por el aislamiento informativo del MOC y gracias a la desidia cómplice de los organismos oficiales-, y en un rebaje, tras dos rrieses de mili, decide no volver al cuartel. Se entrega, sin embargo a la Guardia Civil, la cual, ante su idea firme de declararse objetor, no quiere saber nada de él. Como Miquel no tenía dinero suficiente para ir al cuartel, se entrega en el Gobierno Militar y deallí es llevado a Lorca, donde se declara de nuevo objetor. Actualmente se encuentra en el castillo militar de Cartagena, donde es objeto de un trato inhumano, por lo que está en trámite una denuncia. El CNOC dice que su instancia está fuera de plazo. Puede sufrir también una condena de hasta seis años de prisión.
Es alentador que este país se manifieste en conitra de regímenes de otras naciones, como Suráfrica, donde se violan libertades básicas y se encarcela a quienes se niegan a colaborar con el apartheid. O que se estremezca arite la demencial carrera de armamentos. Ojalá se conmueva también cuando sepa que aquí se encarcela a quienes se niegan a formar parte del equilibrio del terror creado por las grandes potencias y secundado por sus satélites. Y ojalá llegue a saber también que la objeción de conciencia es una forma de desarme personal que concuerda con una postura política de desarme unilateral, ya que históricamente se ha demostrado que las negociaciones por el desarme multilateral o global esconden un proceso real de rearme cuantitativo y cualitativo.
Política militarista
Y todo gracias a la LOC. Una ley que no necesitan ni piden los objetores del España a través de su única organización, el MOC. Y no la piden porque la objeción, además de un derecho, es sobre todo un medio de transformar la sociedad.
Y es por esto por lo que estos Estados, por muy demócratas que se declaren, reprimen la objeción de conciencia incluso con la cárcel. Al hacerlo no se puede ocultar que están cayendo en una manifestación de terrorismo de Estado porque están violando un derecho y queriendo frenar la legítima desobediencia ante la in usticia. De esta contradicción por parte del Estado, que se ofrece como defensor de las libertades y al mismo tiempo contribuye a su violación, la convivencia sale cada vez más irreparablemente deteriorada.
