El fiscal solicita penas de hasta 13 años de prisión para los ex consejeros del Banco de los Pirineos
El ministerio fiscal solicita penas de hasta 13 años de prisión para seis de los 799 ex consejeros del Banco de los Pirineos, procesados por los supuestos delitos, continuados de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, según medios próximos a la Audiencia Nacional, en Madrid. Para los restantes, la pena solicitada es de siete años. Los procesados plantearon el pasado 4 de julio ante la Sala Segunda de la Audiencia Nacional un incidente para aclarar qué tribunal es el competente para juzgarlos, petición que ha aplazado temporalmente el juicio oral que se celebrará en breve contra los ex consejeros de la entidad, declarada en quiebra.
La mayor parte de los abogados defensores de los ex consejeros procesados, planteó en el incidente de competencias, celebrado el pasado día 4 de julio, que el tribunal competente para juzgarlos era la Audiencia Provincial de Gerona, ya que la sede central de la entidad bancaria se encontraba en esa ciudad. Propusieron que si no se aceptaba esta sugerencia se suspendiera el procedimiento penal, seguido hasta ahora en la Audiencia Nacional, y se uniera a la pieza de responsabilidades penales que se está tramitando junto con la quiebra en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Barcelona. Otro de los defensores sostuvo que el tribunal idóneo era la Audiencia Nacional, pero añadió que el procedimiento debía quedar temporalmente paralizado, mientras no se resolviera definitivamente la quiebra de la entidad bancaria.Por otra parte, uno de los abogados querellantes aseguró que la vista oral debía efectuarse en Zaragoza, donde reside la mayor parte de los afectados. El ministerio fiscal, sin embargo, sostuvo la tesis de que debía mantenerse la competencia de la Audiencia Nacional. El fiscal pidió también en aquel acto oral la prisión de los encausados, a causa de la gravedad de las penas reclamadas en el escrito de calificación provisional.
Más de 6.000 acreedores
Según afirma el fiscal en su escrito de calificación provisional, que ha podido ser consultado en la Audiencia Nacional, las primeras irregularidades de la entidad fueron descubiertas por los servicios de inspección del Banco de España en los controles rutinarios efectuados durante los años 1977, 1978 y 1979. Los inspectores descubrieron una elevada concentración de riesgos financieros en actividades inmobiliarias y comerciales de empresas vinculadas al Banco de los Pirineos -un total de 41 sociedades agrupadas en cinco holdings- y cuyos consejos de administración coincidían, en su mayoría, con los de la entidad bancaria. Descubrieron, asimismo, que se habían obtenido de otros bancos numerosos créditos en favor de estas empresas vinculadas y que muchas de estas operaciones no estaban reflejadas en los libros de contabilidad.
El gobernador del Banco de España advirtió seriamente a la entidad sobre los riesgos de su política financiera y conminó reiteradamente a sus directivos para que modificaran su comportamiento. A pesar de que el Consejo de Administración del Banco de los Pirineos adoptó numerosos acuerdos para modificar su política financiera, éstos no se cumplieron, lo que provocó el deterioro paulatino de la entidad y lo que el ministerio fiscal califica como un vaciado económico, que obligó a presentar suspensión de pagos y posteriormente quiebra voluntaria, con un pasivo de más de 2.000 millones de pesetas.
En el proyecto de convenio de liquidación del Banco de los Pirineos, elaborado por la junta de accionistas en 1983, se reconoció un pasivo de más de 8.000 millones de pesetas, con un total de 6.502 acreedores. La mayor parte de los acreedores ha sido ya indemnizada con los activos de la entidad, según se ha asegurado en medios allegados a la defensa de los inculpados. En los citados medios se insiste en que en los próximos meses se continuará indemnizando a los afectados.
176 años de prisión
El ministerio fiscal dice en su escrito de conclusiones provisionales que los querellados son responsables de los delitos continuados de falsedad mercantil y, apropiación indebida. Para seis de los acusados se solicitan 121 años de prisión -nueve por la apropiación y cuatro por la falsedad-, mientras que para los restantes se reclaman siete años de cárcel: seis por la apropiación y uno por la falsedad. En total, 176 años de prisión.
El fiscal asegura que los ex consejeros son responsables directos de la situación de bancarrota y añade que provocaron esta situación al cometer una serie de importantes irregularidades que se ocultaron al modificar los libros de contabilidad. Entre estas irregularidades destaca la de haber formalizado 1.896 avales bancarios en favor de las empresas vinculadas, sin que se reflejara en los libros oficiales. Según el fiscal, se ocultó también una operación del Banco de los Pirineos efectuada en enero de 1981, al comprar participaciones del grupo Uniholding, con un desembolso de más de 45 millones de pesetas. Uniholding estaba presidido por el propio presidente del banco, Higini Torras, y uno de sus directivos era el consejero de la entidad Ignasi de Ribot.
Por otra parte, se ocultó tanibién el pago de los extratipos concedidos a determinadas cuentas corrientes y de ahorro y a impositares a plazo fijo. Estas operaciones, que según afirma el fiscal estaban ocultas en una caja B, supusieron en 1980 un desplazamiento patrimonial de 70.600.000 pesetas.
El documento del ministerio fiscal hace especial hincapié en el capítulo que se refiere a la concesión irregular de créditos a empresas vinculadas, "con evidente ánimo de favorecimiento y sin consideración a la auténtica situación patrimonial", superando el porcentaje de concentración de riesgos establecido por las normas bancarias y sin notificarlo a la Central de Información de Riesgos, tal y como establece la ley de Ordenación Bancaria. En este apartado, y a modo de ejemplo, el fiscal destaca el hecho de que en 1981 el banco concedió al grupo Fomine y al Grupo Industrial Pirineos el 75% de los créditos totales de la entidad. Recalca que en 1981 se hizo un préstamo al Grupo Industrial Pirineos de 1.095 millones de pesetas, 683 de los cuales no se contabilizaron.
El fiscal señala también que en diferentes fechas los directivos de la entidad extendieron al menos 10 certificaciones asegurando que los libros y balances de la entidad reflejaban la contabilidad real del banco.
