El Consejo de Europa analiza la vinculación entre economía y democracia en Latinoamérica
ENVIADO ESPECIALLa interdependencia entre el desarrollo económico y la democracia política fue el tema tratado ayer en el coloquio patrocinado por el Consejo de Europa que se celebra en Estrasburgo, sobre la democratización en América Latina. Con ciertas discrepancias formales, los análisis más destacados corrieron a cargo del vicepresidente nicaragüense, Sergio Ramírez, para quien "no es posible un cambio socioeconómico sin democracia ni la democracia sin cambio", y del ex ministro español de Asuntos Exteriores y actual representante en la ONU, Fernando Morán, quien señaló que no existe una sincronía entre el momento del cambio democrático que vive Latinoamérica y la grave situación económica y social por la que atraviesa la región.
Sergio Ramírez precisó que "la desconexión entre cambio económico y cambio democrático es lo que ha provocado en los pueblos sentimientos de frustración que, como en el caso de Nicaragua, llegan a transformarse en sentimientos de rebeldía y en una voluntad de revolución".
Según el vicepresidente nicaragüense, la revolución sandinista se guió por la idea de que "el cambio democrático debe basarse en la transformación de la realidad social y económica pero que, a la vez, un nuevo orden económico no podía sustentarse sin que la revolución fuera capaz de generar formas reales de participación democrática".
Por su parte, Fernando Morán declaró que las restauraciones democráticas en Latinoamérica se han producido en una coyuntura económica claramente desfavorable. Si bien precisó que no hay autonomía entre cambio político y transformación económica, Morán formuló como recomendación para la consolidación de las democracias en América Latina que los políticos consideren este fin, es decir, la democracia, como "más urgente que la realización inmediata y total de sus objetivos de reforma" económica.
El embajador español ante las Naciones Unidas agregó que es igualmente imprescindible que las fuerzas armadas latinoamericanas se nacionalicen en un doble sentido: "Frente al exterior, acabando con la conexión global de la doctrina del Estado de seguridad nacional, y en el interior, dejando de ser la guardia pretoriana del caudillo tradicional en su versión constitucional".
En un debate fundamentalmente técnico se estudió la violación sistemática de los derechos humanos por las dictaduras militares. El fiscal general de Argentina, Julio César Strassera, describió los soportes jurídicos en los que se basó el proceso contra las juntas militares y propuso la firma de una convención internacional sobre la desaparición de personas.
