Informar en Suráfrica, un 'delito' que puede costar 10 años de cárcel
Las restricciones sobre la Prensa extranjera anunciadas recientemente en Suráfrica levantaron una ola de protesta en todo el mundo, pero los más afectados son los periodistas locales. El corresponsal extranjero que contravenga las nuevas disposiciones relativas a la Prensa puede ser expulsado del país, pero el profesional surafricano juzgado culpable -que no puede ser expulsado- se expone a una multa de 1,2 millones de pesetas y hasta 10 años de cárcel. Todos los diarios surafricanos las han criticado y han pedido una investigación de la supuesta brutalidad policial.
Las restricciones, autorizadas dentro del estado de emergencia pero aún no aprobadas, afectan a periodistas, fotógrafos y, especialmente, equipos de televisión, que son señalados por el Gobierno como "catalizadores" de los disturbios raciales. Desde el próximo día 2 de diciembre sólo podrán cubrir los enfrentamientos callejeros aquellos periodistas extranjeros y locales especialmente acreditados por las autoridades.Las medidas afectan sobre todo a los 172 periodistas extranjeros acreditados por el Ministerio surafricano de Asuntos Exteriores e Información y a los 100 locales acreditados por la policía y poseedores de una tarjeta policial de Prensa.
Enrico Kemp, un periodista de color y colaborador de varias agencias internacionales en Ciudad del Cabo, se niega a pedir dicha tarjeta policial. Por otra parte, no cree que se la concedan. Muchos de sus colegas están de acuerdo: no quieren colaborar con el sistema represivo. Pero sin la autorización policial, un periodista surafricano se encuentra seria mente limitado. Cuando, el otro día, Kemp pidió a la policía por teléfono unas cifras sobre el número de detenidos en una manifestación, fue preguntado si tenía la tarjeta policial. Cuando contestó que no, se cortó la comunicación.
Limitar la información
Pippa Green, una periodista blanca de Ciudad del Cabo, fue detenida la semana pasada y acusada de tomar parte en una manifestación -a favor de la libertad de Prensa- en una zona excesivamente cerca del Parlamento, a unos 500 metros de distancia. "Las restricciones a la Prensa no son tanto para limitar a los equipos de televisión como para limitar la información en general", manifestó.Todos los editores de periódicos surafricanos, sean cuales fueren sus ideas políticas, consultan con frecuencia un libro titulado La guía jurídica del periodista surafricano, escrito por un abogado, Kelsey Stewart. Les ayuda a sobrevivir en la selva de legislación dedicada a los medios de, comunicación en el país. El editor surafricano que periodista que vea un conato de trabaja dentro de la ley en algo así como un hombre que, con los ojos tapados, anda por un campo de minas explosivas, para atrás", declaró una vez un editor.
Los editores de los periódicos de habla inglesa, tradicionalmente opuestos al Gobierno, han estado en la vanguardia de la cobertura de los disturbios raciales, a veces poniendo a prueba los límites de las leyes. La Prensa afrikaner, más conservadora, también informa de los disturbios, aunque de una manera más responsable, como prefiere el Gobierno. Pero todos los diarios han expresado críticas a las restricciones profesionales y han pedido una investigación de la supuesta brutalidad policial.
Existe cierta confusión sobre las nuevas restricciones a la Prensa. El viceministro de Información, Louis Nel, declaró varias veces durante la semana pasada que los periodistas "pueden informar libremente sobre disturbios7. En zonas negras o de otros grupos raciales no blancos donde no haya disturbios, no existen restricciones a los periodistas, incluso para los equipos de televisión.
En la práctica, sin embargo, el periodista vea como un conato de manifestación ha de salir de la zona, avisar a la policía y pedir permiso para cubrir la noticia acompañado de un agente. Son pocos los periodistas que se arriesgarían a estar en un barrio negro en compañía de un policía.
Bruce Hopwood, un vicepresidente regional de la Sociedad Surafricana de Periodistas (SASJ), e sindicato de los informadores, declaró que la asociación había rechazado un sistema de acreditacin porque significa que "las noticias de importancia vital sólo pueden ser cubiertas por periodista escogidos por la policía".
