La importancia del juicio de Buenos Aires
Desde el primer momento del juicio contra los integrantes de las tres primeras juntas de gobierno del llamado Proceso de Reorganización Nacional argentino, me llamó la atención el que apenas 100 o 200 personas hicieran cola diariamente para ocupar las 80 plazas destinadas al público en la sala de audiencias. Sin duda, este aparente desinterés tiene mucho que ver con el miedo a un posible golpe institucional denunciado el día anterior por el presidente Alfonsín. De hecho, algunos testigos fueron amenazados, y el tribunal acordó no dar publicidad a su identidad antes de su presentación a declarar.De todas maneras no creo que esta razonable prevención sea la única explicación de la escasa concurrencia cívica para acceder a la sala. Después de las primeras conversaciones con los amigos abogados, periodistas y políticos de Buenos Aires no me ha abandonado todavía la duda sobre si la opinión pública argentina, descreída y desconfiada porque la justicia nunca alcanzó en los últimos 50 años a quienes vestidos de uniforme dirigían y practicaban el terrorismo de Estado, se habrá percatado en toda su dimensión de lo que estaba ocurriendo un año, cuatro meses y 12 días después de la instauración del régimen democrático.
El decreto 158/53 que dictó el presidente Alfonsín permitió someter a juicio a los miembros de las tres primeras juntas militares y concedió también a las fuerzas armadas la posibilidad de autodepurarse por procedimientos legales, aunque el Consejo Supremo de Justicia Militar, al rechazar el enjuiciamiento de sus viejos compañeros, frustrara para mucho tiempo la última oportunidad de rehabilitar a la institución armada.
Pero si este juicio, como ya se ha dicho, no tiene antecedentes en toda América, se debe también a que desde la primera sesión se ha convertido en una impúdica exhibición de una parte de la sociedad argentina que aprendió a convivir con los militares. Especialmente de cierto género de políticos, peronistas y no peronistas, y de sindicalistas como Baldassini y Triaca, que en un testimonio lamentable afirmaron desconocer que nadie en la clase obrera -la más castigada en el septenato 1976-1982- fuera detenido, secuestrado, torturado o desaparecido por los cuerpos de seguridad.
A continuación, y en virtud del orden cronológico establecido por el tribunal, empezó la descripción estremecedora de las casi increíbles situaciones humanas explicadas con un relato tan conmovedor como sobrio, ante un silencio impresionante, por quienes tuvieron el valor de enfrentarse al terror organizado por los comandantes jefes y la fortuna de sobrevivir a las distintas alternativas de represión ilegítima.
Lo más paradójico es que en este desfile de casi 10 años de historia tenebrosa, la escenografía no haya perdido interés porque los nueve generales, al amparo del privilegio que les concede el Código de Justicia Militar, no se hayan sentado en el banquillo y prefieran seguir el juicio desde la prisión, sin asumir su responsabilidad y articulando una defensa más leguleya que gallarda, encomendada a ex jueces de la dictadura que apenas han hilvanado una pobre línea argumental, con errores elementales que más de una vez provocaron la carcajada del público.
De especial trascendencia, desde mi punto de vista, es que el tribunal haya aceptado y prestado la máxima atención a algunos testimonios eficacísimos de quienes, en nombre de la comunidad democrática internacional y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, investigaron los miles de denuncias que recibieron y requirieron a las distintas juntas militares para que cesaran en la brutalidad de su metodología. No se puede mirar hacia atrás, en sentido histórico, el reciente proceso argentino sin contemplar la actuación decisiva de la comunidad internacional y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos contra la dictadura militar, y, por eso, el fiscal y el tribunal de Buenos Aires han dado un paso sin precedentes al reconocer, como elemento de prueba, el contenido de sus experiencias y conclusiones.
Si el juicio acaba bien, el pueblo argentino va a comprobar su importancia porque, sin duda, puede cerrar un capítulo largo y doloroso de su tierra.
