El Grupo Popular acusa al Gobierno de haber expropiado Rumasa "a ciegas"

El Grupo Parlamentario Pepular presentará un voto particular a las conclusiones de la Comisión especial de la investigación de la evolución y situación de Rumasa desde su constitución hasta la fecha de expropiación por el Gobierno el 23 de febrero de 1983. Este grupo considera que la ponencia del Congreso no ha hecho sino "dar por buenos los datos de la auditoría efectuada por la firma Arthur Andersen, sin haber realizado comprobación alguna". El Gobierno expropió "a ciegas", dice el Grupo Popular, para el que las declaraciones "arrogantes, prepotentes e imprudentes" del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, fueron el desencadenante de la crisis de Rumasa, al producir un alto grado de alarma en los medios financieros. El Grupo Popular critica "el oscuro proceso de reprivatización" y pide la intervención del Tribunal de Cuentas.El próximo miércoles las conclusiones de la ponencia investigadora del grupo Rumasa serán expuestas en el Pleno del Congreso, junto al voto particular del Grupo Popular y previsiblemente otro del grupo centrista. Este grupo, a través de 16 apartados, critica el propio trabajo de la comisión y considera negativa la expropiación. "El ministro Boyer desconocía la realidad de Rumasa el día de la expropiación, como lo demuestra la mera comparación entre lo dicho por él en el Congreso y la realidad encontrada posteriormente; se expropió a ciegas", dicen los populares.

Como consecuencia de las declaraciones de Boyer, según el Grupo Popular, el Gobierno expropió "rozando la Constitución y desoyendo los informes del Banco de España".

Una operación 'ruinosa'

Con la perspectiva de dos años desde la expropiación, deducen que la misma ha sido "ruinosa" para los españoles y se inclinan porque el Gobierno hubiera intervenido, por ser ésta una medida no definitiva, como es a expropiación, sin recurrir al procedimiento de nacionalizar pérdidas. "La intervención hubiera hecho más transparente la gestión que el Gobierno socialista ha desarrollado en esta costosísima expropiación y en la amistosa reprivatización posterior del grupo, operaciones que ya suponen al menos 800.000 millones de pérdidas".

"I_as conclusiones se ocupan más de avalar el decreto ley del Gobierno y en buscar responsabilidades públicas por la evolución de Rumasa, tarea más propia de los órganos de la Administración de Justicia, que en llevar a cabo la investigación que se les encomendó", dice el Grupo Popular en otro de sus apartados.

La evolución de las pérdidas de Rumasa desde su expropiación merecen la siguiente valoración a la oposición conservadora: "Esta evolución y el oscuro proceso de reprivatización de sus empresas seguidas por el Gobierno, aparte de indicarnos la necesaria intervención del Tribunal de Cuentas, nos lleva a pedir la continuación de las actuaciones de esta Comisión de investigación a fin de que dictamine sobre la actuación pública de las empresas expropiadas", concluye el Grupo Popular.