Las viudas de los fallecidos en el atentado al Scala piden que Interior las indemnice
Las viudas de los cuatro trabajadores fallecidos en el atentado contra la sala de fiestas Scala de Barcelona quieren que el Ministerio del Interior las indemnice por la muerte de sus maridos, ya que consideran que está probado judicialmente que Joaquín Gambín Hernández participó en el atentado mientras trabajaba como confidente de la policía, infiltrándose en el grupo libertario que cometió el hecho. Un abogado, que representa a las cuatro viudas, se ha personado con esta misión en la causa judicial que se instruye contra uno de los acusados del atentado.
La reciente reapertura judicial del caso Scala, motivada por el traslado a España de Emilio Jesús Fortes Gil, que fue detenido en Italia en febrero de 1982, ha sido aprovechada por las viudas de los cuatro trabajadores fallecidos para personarse en el sumario. Las cuatro viudas intentan conseguir que se dicte una sentencia condenatoria del joven libertario en la que se condene también al Ministerio del Interior, como responsable civil subsidiario, y corra a cargo de las indemnizaciones que les correspondan.
Vínculos demostrados
Las cuatro viudas han formulado esta petición en base a los vínculos que existen entre el Ministerio del Interior y el confidente policial Joaquín Gambín Hernández, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena por su participación en el atentado. Esta vinculación de Joaquín Gambín con el departamento ministerial se encuentra recogida en el capítulo de hechos probados de la sentencia que dictó contra él la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona en diciembre de 1983. Así mismo estos vínculos entre el confidente y el Ministerio del Interior están especificados en un documento oficial confidencial, que llevaba la contraseña de C-5, que fue remitido por el Fiscal General del Estado a la Audiencia Territorial de Barcelona en noviembre de 1983 con el objeto de que se uniera a la causa criminal.El celo de un funcionario de la Administración de Justicia advirtió el desliz de la Fiscalía General permitiendo que se diera publicidad a un documento altamente confidencial, en el que se desvelaban determinados aspectos internos del aparato de Seguridad del Estado, y remitió la mencionada prueba a Madrid. Al parecer una copia de este documento se encuentra en el expediente que sobre el caso Gambín instruye la Fiscalía General del Estado.
Indemnización no pagada
Las viudas de los cuatro trabajadores fallecidos no habían comparecido hasta ahora en ninguno de los otros dos procedimientos judiciales abiertos contra los implicados en el atentado. Aun así la sala que juzgó a los libertarios condenó a José Cuevas, Javier Cañadas y Arturo Palma a indemnizar con cinco millones de pesetas a cada una de las familias de los trabajadores. Esta indemnización jamás fue pagada por haberse declarado insolventes los condenados. Tampoco se pagó la indemnización de 288 millones de pesetas que fue asignada en favor de los propietarios del local.
Auto de procesamiento
A Emilio Jesús Fortes Gil, que se encuentra en la cárcel Modelo desde hace un mes, le fue comunicado ayer el auto de procesamiento, en el que se le acusa de haber participado en el lanzamiento de cócteles molotov contra el restaurante sala de fiestas. Ayer, después de que se cumplimentara este trámite, el Juzgado de Instrucción número dos tomó la declaración indagatoria al procesado.En esta declaración participaron los abogados personados en el sumario así como el fiscal Alejandro del Toro. Fortes reconoció haber participado en la manifestación que precedió al atentado, pero negó tener vinculo alguno con los otros condenados y con el lanzamiento de los artefactos. En las próximas horas su abogado defensor, Josep María Loperena, presentará un escrito solicitando su libertad provisional, por haber transcurrido los topes establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
