Un pacto de Estado contra el paro/1
La firma del Acuerdo Económico y Social es positiva, según el autor, pues, en caso contrario, se habría planteado un grave problema para la economía española. No obstante, el autor plantea la necesidad de un pacto de Estado, a seis o más años, en el que intervengan todas las fuerzas (sociales, económicas, políticas y sindicales) para impulsar el grado de desarrollo de la economía española.
Al final de un largo camino, se ha firmado el Acuerdo Económico y Social (AES). Felicitémonos por ello, porque no llegar a un acuerdo hubiera supuesto un grave problema para la economía española. Es decir, para el trabajador liso y llano en última instancia. Pero la compleja negociación del acuerdo sobre empleo y salarios ha resucitado una necesidad sentida por cuantos han estudiado de finanera rigurosa la situación económica del país y de todos aquellos que, como el que suscribe, conocemos de modo específico las perspectivas de la industria española.La primera conclusión que se deriva del análisis de las variables económicas es que hace falta una decidida voluntad política para impulsar la economía hacia las cotas de desarrollo de las naciones más ricas. Las potencialidades del país y de la industria española son grandes, si las sabemos explotar y, sobre todo, si somos capaces de superar las diferencias partidistas y, con un sentido de Estado, llegamos, tras un diagnóstico realizado en común, á soluciones también comunes. Para mí, eso significa un gran pacto de todas las fuerzas sociales, económicas, políticas y sindicales, con una duración de por lo menos seis años, para empezar a crear de verdad empleo, regenerar el tejido empresarial español y poder abordar así una entrada en la CEE con alguna probabilidad de éxito.
Cambio de modelo
Nuestro análisis parte de les principios siguientes:
Estamos ante un cambio de modelo de vida a nivel mundial., como consecuencia del desarrollo tecnológico y de la crisis de la energía y de las materias primas. Este cambio se traduce en una menar necesidad de horas de trabajo para el mismo nivel de renta per cápita, lo que obligará en el futuro a una oferta de nuevos servicios y actividades de tecnologías de nueva ola y a una paulatina reducción de los tiempos de trabajo.
El caso español -en el que se unen un atraso histórico -en productividad y la necesidad de prepararse para la entrada en la CEE- supone un desafío par partida doble, con aportaciones y sacrificios financieros, económicos y sociales de cuantías tan elevadas, que solamente una comprensión total del problema por todas las fuerzas sociales, políticas, económicas y sindicales, traducida en una concertación del modelo de sociedad a escoger y de los caminos a recorrer, podría conducimos al puerto de destino, a tiempo y sin haber agotado todas las reservas que hoy aún tenemos.
Las nuevas tecnologías de todo tipo, y especialmente las ligadas a la información, a la informática, a la burótica, a la telemática, a la electrónica en general, están acelerando los procesos de transmisión de información y mejoran la productividad. Las mejoras tecnológicas tienen una repercusión importante porque disminuyen el tiempo de mano de obra necesario por unidad de producto, tanto de mano de obra directa como indirecta, como de empleados y de estructura, y tanto en la industria como en la agricultura, la pesca y los servicios.
En el mismo sentido negativo para el empleo han operado la crisis de la energía y las materias primas, al inducir a menores consumos, a hacer durar más los bienes y a recuperar más todo lo recuperable, hasta ahora desechado.
La disminución de los tiempos de mano de obra y de la demanda de bienes se ha traducido se seguirá traduciendo en el futuro en un menor número de personas trabajando para satisfacer las necesidades de la colectividad en los productos tradicionales, tanto industriales, como alimentarios, como de servicios, y, como consecuencia, un aumento del tiempo disponible de las personas.
La primera consecuencia de esta situación es un aumento vertiginoso del desempleo. En España hay actualmente unos 2,5 millones de parados, y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cerca de 32 millones. Y la cifra aumenta cada día, excepto en Norteamérica, donde la confianza empresarial está haciendo milagros. ¿Durará la euforia? Mi opinión personal es que no mucho tiempo.
Un elemento a considerar en el caso español es la baja tasa de productividad global del sistema, que no llega a los dos tercios de la de la CEE. Estamos ante una encrucijada histórica importante, que puede suponer, en los próximos años, un empobrecimiento mucho mayor de nuestro país y de sus ciudadanos si no lo hacemos bien. La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea tendrá efectos traumáticos sobre muchas empresas y sectores que no están preparados para competir en un mercado mucho más duro, cerrado y difícil. Algunas cifras macroeconómicas referidas a España son ilustrativas (véase el cuadro).
En un estudio realizado hace dos años por el gabinete de consulta Check, SA, llegábamos a la conclusión de que las inversiones del país habían cambiado cuantitativamente desde 1973, año de la crisis de la energía, pasando de ser inversiones de expansión o generadoras de empleo en los 15 años anteriores a 1974 a ser inversiones de productividad o eliminadores de empleo por automatización de los procesos industriales, agrarios o de servicios.
Por esto se explica que sin caer ni el producto interior bruto del país ni la inversión global (FBCF) cayera de tal forma el empleo a partir de 1973: se perdían de 1973 a 1979, en seis años, casi todos los empleos generados en los 15 años precedentes, es decir, casi un millón de puestos de trabajo; pues bien, de 1979 a hoy se ha perdido otro millón de empleos adicionales, en cuatro años, a pesar de que de 1979 a 1983 el índice de ganancia de salarios sobre productividad se ha reducido de acuerdo con el cuadro anterior de 134 a 127, es decir, la competitividad de nuestros productos ha mejorado algo desde 1979, aunque todavía está un 27% peor que en 1965.
Productividad y CEE
Dado que nuestra competitividad exterior es reducida, es necesario, pensando en nuestra entrada en la CEE, mejorar en los próximos años al menos en un 35% nuestra productividad global. Como en los próximos años nuestra competencia europea va a seguir mejorando su productividad al menos entre un 1% a un 3% anual, habría que planificar una mejora de la productividad para 1993 de, por lo menos, un 65% sobre el valor actual (equivalente a absorber el 35% de desfase más un 2% anual), lo que significa un incremento anual acumulativo del orden del 5%.
Ese aumento de la productividad tendría un reflejo inmediato en el nivel de empleo. Aunque el crecimiento del consumo per cápita se mantuviese en índices del 2% anual, y la población fuera de unos 42 millones de habitantes, en 1993, fabricando los productos tradicionales de hoy, sobrarían más de dos millones de personas, de los 11 millones que hoy tienen trabajo.
Es decir, no sólo no se crearían puestos de trabajo para colocar a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, sino que continuaría produciéndose una pérdida de puestos de trabajo.
Las consecuencias sociales y políticas que se derivarían de esta situación serían muy graves si no fuéramos capaces de encontrar una respuesta a este desafío.
Por otra parte, mantener los parados en el mismo número de hoy costaría al país inversiones anuales de expansión, es decir, generadoras de empleo, por encima de los niveles normales de estos años pasados superiores a los dos billones de pesetas de hoy. Enunciado el problema hablaremos a partir de ahora de cómo resolvelo.
José María de Escondrillas doctor ingeniero industrial, es presidente de Unión de Explosivos Río Tinto (ERT).
