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La privatización de la Prensa pública /2

La Administración cobra a los trabajadores de 'Sur' el precio más caro de toda la cadena

El Estado ha vendido a los trabajadores un sólo diario de la cadena pública, Sur de Málaga, y lo ha hecho al precio más caro de toda la prensa estatal: 526,8 millones de pesetas, y 97 más si quieren también el edificio, lo cual arroja un total de 623,8 millones de pesetas. Los 88 miembros de la sociedad anónima laboral de Sur sostienen una dura batalla para reunir el dinero, en medio de la incomprensión de ciertos medios políticos y periodísticos, cuyo dictamen sobre este asunto es que se trata de una maniobra socialista para adueñarse del periódico.Según el decreto de 25 de mayo de 1983, las sociedades anónimas laborales que se constituyeran en diarios del Estado habían de suscribir, como mínimo, el 35% del capital social, lo que les daba derecho a disponer del 50% de los puestos en el Consejo de Dirección; pero el citado decreto contenía también la obligatoriedad de disponer de un capital social inicial "al menos igual al valor peritado para la subasta de cada medio". En el caso de Sur, esa suma ascendía a 526,8 millones.

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Para suscribir esa cantidad, el Fondo Nacional de Protección al Trabajo otorgó una ayuda de 800.000 pesetas por trabajador, la misma que se concede para cualquier otro tipo de cooperativas. Con ello obtuvieron 70,4 millones de pesetas. Después recurrieron a una suscripción pública de acciones: en 10 días vendieron 105 millones de pesetas a más de 800 personas. Otras gestiones, realizadas con las Cajas de Ahorros Provincial, de Antequera y de Ronda, proporcionaron a los trabajadores préstamos personales por valor de 1,4 millones de pesetas cada uno, lo que sumó 123,2 millones.

Importante endeudamiento

Y aún faltaban más de 200 millones hasta llegar al total. Entonces diez de los promotores decidieron jugárselo todo a la suscripción de las acciones restantes, utilizando para ello la ley de sociedades anónimas, que permite desembolsar sólo el 25% del capital. Esa cantidad suponía 64 millones, que los diez lograron con un crédito bancario. De este modo consiguieron el periódico.Pero la suscripción de ese 25% no evitaba buscar la forma de pagar el resto (161 millones más). Los promotores acudieron entonces a un aval del Banco de Crédito Industrial (BCI), provistos de un contra-aval del Patronato de Desarrollo Industrial de Málaga (Padima), entidad dependiente de la Diputación provincial. Ésta última concedió el apoyo por acuerdo unánime de los tres grupos políticos en ella representados: Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España y Grupo Popular, después de que el director del diario, Joaquín Marín, condicionara la continuidad de la operación al apoyo de los tres partidos. El aval vence dentro de pocas semanas.

Y todavía les falta el dinero para pagar el edificio (97 millones de pesetas), que había sido valorado aparte, debido que no estaba escriturado entre los bienes del organismo Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE).

Los resultados económicos del diario malagueño han sido muy buenos hasta la fecha; pero el nivel de endeudamiento de los trabajadores-empresarios es muy importante.

La falta de entendimiento del PSOE con los representantes de la plantilla de la cadena estatal, y sobre todo la férrea política del Comité Intercentros de los MCSE, en defensa a ultranza de la prensa pública, han abortado todos los demás intentos de constituir sociedades anónimas laborales, que habrían tenido derecho preferente a la adjudicación de los periódicos. La fórmula fue impulsada por el principal ejecutor de la operación liquidadora, Mario Trinidad, pero finalmente ocurrió lo que Antolín de Santiago, director gerente de MCSE, había pronosticado que sucedería: la mayor parte de los trabajadores no han querido embarcarse en estas aventuras, cuando la ley les garantiza un puesto en la Administración.

Particularmente curioso es el caso de La Hora Leonesa, uno de los diarios con mejores instalaciones y tecnología de toda la cadena, en que el proyecto de sociedad anónima laboral fracasó por enfrentamientos sindicales. El periódico pasó así a manos de los propietarios del diario de la competencia, de línea más conservadora. Alguno de sus ex periodistas augura a la izquierda local "el regreso a la octavilla", como probable medio de expresión, de aquí en adelante.

En la dirección federal del PSOE existen actitudes críticas hacia el resultado obtenido. Uno de sus miembros, Pedro Bofill, declara que "no se han creado mecanismos financieros para que los trabajadores pudieran hacerse con esos medios, que además eran plurales por la composición de las plantillas, y que hubieran asegurado la permanencia de periódicos que cumplen una función importante a niveles provinciales".

Mario Trinidad, subsecretario de Cultura y principal ejecutor de la operación liquidadora, reconoce que "ha sido una lástima" que no hayan podido formarse más sociedades anónimas laborales.

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