La descoordinación de la lucha contra el terrorismo quedó al descubierto con el asesinato del general Quintana Lacaci
El asesinato del teniente general Guillermo Quintana Lacaci ha puesto al descubierto la falta de coordinación, en general, de los servicios antiterroristas españoles, que, al menos en la práctica, carecen actualmente de una dirección única. El Consejo Superior de Información Policial, órgano que se creó a finales del pasado año con el fin de plantear la acción unificada de los diferentes servicios de información, no se reúne desde la fecha de su constitución, el pasado 8 de diciembre. La responsabilidad de una acción coordinada es competencia de actual director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera.
Actualmente, existen tres direcciones para la lucha antiterrorista. La primera depende directa mente de Rafael Vera, aunque la dirige el teniente coronel de la Guardia Civil Guillermo Ostos, su hombre de confianza en esta materia. Este militar, que con anterioridad fue ayudante del ex director general de la Guardia Civil, José Luis Aramburu, está al frente del Gabinete de Información y Operaciones Especiales, donde se diseñan operaciones, secretas contra ETA y se recopilan todos los datos sobre la organización, bien de fuentes propias o bien de la Guardia Civil y del Cuerpo Superior de Policía.Los otros dos servicios -no se cuenta el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), que en teoría no funciona como operativo- son la propia policía, a través de la Comisaría General de Información, que dirige el comisario Jesús Martínez, y el Estado Mayor de la Guardia civil, cuyo coronel-jefe es Andrés Casinello, ex miembro del extinguido Servicio Central de Documentación (SECED). Un cuarto servicio, que puso en marcha dentro del Ejército Antonio Rodríguez Toquero, ex jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, fue suprimido hace unos meses por el ministro de Defensa, Narcís Serra, cuando aún no estaba completamente perfilado.
Primeras discrepancias
Durante la pasada semana, mientras miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional recorrían varios barrios de la capital de España con las fotografías de los supuestos miembros de ETA del denominado comando Madrid, medios policiales experimentados en la información terrorista descartaban oficialmente que esas personas fueran los integrantes del comando que atentó contra el teniente general Quintana, lo que provocó las primeras discrepancias.Éstas, incluso, surgieron días antes del asesinato de Quintana, cuando el Ministerio del Interior difundió los nombres de Miguel Ángel Apalategui, José Ángel Urtiaga, Belén- González, Ignacio Aracama y José Luis Urrusolo como integrantes de un supuesto comando que intentaba realizar una acción en Madrid. El único elemento real que hacía pensar a algunos miembros de los servicios antiterroristas en estas personas era una información, según la cual habían abandonado su habitual lugar de residencia en Ciboure (Francia), aunque en ningún modo setenía certeza de que hubieran pasado la frontera. También del espionaje militar llegaron informaciones en este sentido.
Ninguna hipótesis
Fuentes de los servicios antiterroristas del Cuerpo Superior de Policía aconsejaron que no se difundieran las fotografías de las personas citadas, ya que no existían apenas indicios de que efectivamente estuvieran en Madrid, especialmente Miguel Ángel Apalategui, cuyas últimas referencias le situaban fuera del continente europeo. A pesar de estas aseveraciones, algunos mandos políticos del Ministerio insistíeron en difundir las fotografías.Cuando se cumplen ocho días del asesinato del teniente coronel Guillermo Quintana, ninguno de los servicios policiales, incluido el del propio teniente coronel Ostos, se atreven a facilitar, tan siquiera como hipótesis, el nombre de algunos de los supuestos asesinos.
Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, cuya Brigada Regional de Información se encargó desde el primer momento de seguir los rastros de los autores del atentado contra el teniente general Quintana, se mostraron también disconformes con la exhibición de las fotografías, ya que, a su juicio, la colaboración ciudadana se puede centrar en facilitar datos sobre personas que responden a las imágenes y no extenderse a otros posibles sospechosos.
Los problemas de competencia ya existentes entre los servicios antiterroristas de la Guardia Civil y del Cuerpo Superior de Policía se han visto incrementados en los últimos tiempos con el gabinete de operaciones especiales de Guillermo Ostos, lo que está provocando numerosas interferencias. Policías experimentados en la lucha antiterrorista no consideran a Ostos el hombre adecuado para realizar un trabajo de coordinación, ya que, a su Juicio, ha comenzado a conocer el fenómeno terrorista desde su actual cargo.
También indicaron que la mejor fórmula para crear una dirección única en la lucha antiterrorista es situar a su frente a una persona ajena a los dos cuerpos de seguridad y con conocimientos sobre el fenómeno terrorista. Este proyecto, muy similar al modelo que está vigente en Francia, fue propuesto en su día por el actual subsecretario de Interior, Carlos Sanjuán, pero fue boicoteado por Rafael Vera, que nombró a Ostos.
Rafael Vera tampoco es, a juicio de estos expertos, el hombre idóneo, ya que sus intervenciones directas y sus declaraciones a la Prensa han creado grandes problemas a los servicios antiterroristas. La policía culpa a Vera de dar la orden por la que se malogró la operación encaminada a detener a los secuestradores de Diego de Prado y Colón de Carvajal y del envío de policías españoles a Francia.
Tanto medios del Gobierno como de la policía han reprochado a Vera, a raíz del asesinato del teniente general Quintana, unas declaraciones que realizó días antes como balance de su gestión durante 1983. En ellas decía textualmente: "En este año recién cumplido no nos han matado a ningún general ni ha habido grandes atentados, si exceptuamos el del capitán Martín Barrios".
