La sociedad Fidecaya, en la moviola de Rumasa
Poco antes de su expropiación, Rumasa acordó con los liquidadores oficiales de Fidecaya el quedarse con los restos de esta entidad de ahorro particular. Previamente, el Gobierno de UCD había decidido disolver la sociedad, tras devolver los 15.000 millones de pesetas que la Financiera de Capitalización y Ahorro captó durante sus 30 años de vida entre casi medio millón de clientes. El grupo de Ruiz-Mateos se haría cargo de repartir 6.000 millones públicos y de los bienes y obligaciones de la empresa, a cambio de reintegrar al Estado, en 55 años, los 15.000 millones ya anticipados.Como Sofico y otros casos de delincuencia de cuello blanco, Fidecaya, nacida en 1952, empezó a hacer agua desde el momento en que la crisis quebró los negocios basados en la movilidad y las altas plusvalías, entre ellos el inmobiliario. Con poca estructura y bajos costes, miles de delegados a comisión recogían ahorros populares que eran invertidos principalmente en actividades inmobiliarias. Entregaban a cambio cédulas de depósito, remuneradas según el plazo.
En un mercado tan acotado entonces como el financiero, los privilegios de emisión tenían como contrapartida controles administrativos, tan fuertes como escasamente operantes. Tras ocho años en manos del grupo fundacional, Fidecaya estuvo otros ocho bajo la tutela de Julio Muñoz Ramonez, luego asíduo de los tribunales. En 1968, tres años después de una intervención de la Dirección General de Seguros que duró hasta 1971, llegó por primera vez Miguel Soriano Carrasco, quien lo dejó durante algunos ejercicios (hubo nuevas inspecciones en 1974 y 1977) y volvió en 1978, con la idea de hacer un gran grupo financiero-inmobiliario apoyado también en el Banco de Promoción de Negocios.
Al margen de las irregularidades de esta nueva presencia -en resumen, Fidecaya se compró a sí misma y fue vendida por Manuel Grau Vila, un hombre que en 1982 actuó en dos bancos como testaferro de Ruiz-Mateos- pasó a ser regida por el ex-inspector de seguros Juan Aldaz, quien antes había detectado incumplimiento de las garantías técnicas señaladas. Ocurría que los negocios inmobiliarios ya no daban de sí.
