La nueva Constitución portuguesa mantiene el socialismo como meta del sistema político
La nueva Constitución portuguesa, promulgada el viernes por el presidente Antonio Ramalho Eanes, es más liberal que la anterior, pero sigue considerando como meta del sistema político luso la construcción del socialismo y de una sociedad sin clases.
Los socialistas, que negociaron con la actual mayoría de centro-derecha el acuerdo que permitió alcanzar el quórum de los dos tercios de los diputados, imprescindible para modificar la Constitución de 1976, son los únicos en considerar "francamente bueno" el nuevo orden constitucional.Los dos grandes partidos de Alianza Democrática, el socialdemócrata y el democristiano, insisten en el hecho de que la nueva Constitución no es la deseada, "sino lo mejor que se podía alcanzar, dada la actual composición política del Parlamento".
Para los democristianos, los constituyentes se han quedado bastante lejos de la liberalización del sistema económico, por culpa de los socialistas, que insisten en defender un tipo de economía mixta y en proteger el sector empresarial del Estado. En teoría, las nacionalizaciones efectuadas durante el período revolucionario, que afectan a más de la mitad del aparato productivo, permanecen inmutables, pero el Gobierno está decidido a interpretar la nueva Constitución en el sentido que pueda ser más favorable a la iniciativa privada.
La organización del poder político no es sensiblemente alterada por las nuevas disposiciones constitucionales. El Gobierno continúa siendo responsable ante el presidente de la República y del Parlamento, y el jefe del Estado, elegido por sufragio universal directo conserva el poder de disolver el Parlamento y de cesar al Gobierno, aunque esta última decisión deba ser justificada por una situación de crisis que "comprometa el funcionamiento de las instituciones".
Pero, sin duda, la gran innovación es la desaparición de los militares de la escena política y la estrecha supeditación de la institución castrense al poder político civil.
El Consejo de la Revolución desaparece, y con él el único órgano de poder que no emana del sufragio universal, para dejar lugar a dos nuevos órganos civiles: el Consejo de Estado, órgano consultivo que asistirá el presidente de la República en todas las grandes decisiones del ejercicio de su mandato, y el Tribunal Constitucional, cuyos miembros serán elegidos por los diputados, por mayoría de los dos tercios.
El presidente de la República deja de escoger los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que pasan a depender directamente del Gobierno, a través del ministro de Defensa, pero es él quien sigue nombrando los más altos mandos de la jerarquía militar, a propuesta del Gobierno.
