Nuevos enfoques para un viejo asunto
El informe de la comisión especial de la Cámara de los Comunes, la decisión del Gobierno español de pedir al Parlamento la autorización para la adhesión al Tratado de Washington, las especulaciones del Sunday Times sobre la eventual utilización conjunta de la base militar del Peñón y recientes declaraciones de Pérez-Llorca y lord Carrington han puesto de nuevo de actualidad el viejo asunto de Gibraltar.Pero la actualización del tema no significa el avance o progreso en la solución del mismo, porque en esencia la situación sigue estancada desde el Acuerdo de Lisboa (abril de 1980); bueno es recordar, por tanto, los antecedentes de la declaración hispano-británica firmada en la capital lusa por Marcelino Oreja y lord Carrington, en la que por vez primera el Reino Unido aceptaba el principio negociador para la descolonización de Gibraltar.
Con el advenimiento de la democracia y la aprobación de la Constitución en 1978 desaparecía unos de los obstáculos para la solución del contencioso gibraltareño. Con una dictadura opresiva en España era imposible plantearse, siquiera, la posibilidad de un proceso de integración de Gibraltar democrático. Pero, sin embargo, subsiste otro obstáculo importante: el gran desequilibrio económico entre el Peñón y el Campo de Gibraltar, a favor del primero, y que la incomunicación de doce años no ha hecho sino acentuar. Más adelante volveremos sobre este punto.
Las razones jurídicas e históricas han sido los principales avales de la posición española, que ahora, por vez primera, ha reconocido la Cámara de los Comunes británica. Ya en los años sesenta las Naciones Unidas dieron la razón a España al aprobar en sus resoluciones la naturaleza colonial de Gibraltar, al invitar al Reino Unido y a España a iniciar negociaciones, y, sobre todo, al afirmar que el marco jurídico de estas negociaciones está en la resolución 1.514, y concretamente en su punto 6, que establece el respeto al principio de la unidad nacional y de la integridad territorial de todos los Estados. Las mismas resoluciones recomiendan que los intereses de la población sean salvaguardados al término de la situación colonial.
Pero, como ya decía Antonio Menchaca en 1965 (Cuadernos para el Diálogo), recordado por él mismo en EL PAIS (1 de mayo de 1980), las ideas jurídicas e históricas, siendo básicas, no son suficientes y a veces el empecinamiento en imponerlas puede resultar contraproducente si no se contempla el factor humano, es decir, los sentimientos e intereses de la población gibraltareña. A lo que yo añadiría: con el mismo respeto, al menos, para la población campo-gibraltareña. Aquellas afirmaciones de Menchaca fueron proféticas, pues el largo asedio a Gibraltar ha constituido un rotundo fracaso, uno más que la democracia hereda del franquismo.
Proposición reivindicativa
Todas estas consideraciones (históricas, jurídicas, poblacionales) llevaron al grupo parlamentario socialista a presentar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, que tuve la satisfacción de defender el 27 de marzo de 1980, y que sirvió de desencadenante del Acuerdo de Lisboa de abril de 1980.
La proposición, aprobada por la casi unanimidad de la Cámara, contenía cinco puntos en los que se reafirmaba la reivindicación de Gribraltar, incitaba a los Gobiernos de Londres y Madrid a iniciar negociaciones, invitaba al Gobierno español a restablecer las comunicaciones con Gibraltar, "siempre que el avance de las negociaciones establecidas en el párrafo anterior de esta proposición lo permitan". Instaba a la Junta de Andalucía y al Gobierno a tomar iniciativas que facilitaran el acercamiento entre la población del Peñón y la campo-gibraltareña, y comprometía al Gobierno a establecer "un plan coherente para la reactivación de la comarca, en especial en comunicaciones, infraestructura, industria y otras iniciativas creadoras de puestos de trabajo".
Un mes después, como hemos dicho, se producía el acuerdo Oreja-lord Carrington, que establecía un aparente equilibrio entre la posición española (exigencia negociadora) y la inglesa (exigencia de apertura de la verja), pero que, sin embargo, al no asegurarse por parte española una agenda de puntos concretos a negociar y un calendario preciso a seguir, queda en condiciones de debilidad frente a la parte contraria, cuyo objetivo (restablecer las comunicaciones) es de corto plazo, mientras que el objetivo español (recuperar Gibraltar) es de cumplimiento a largo
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plazo. Esta situación fue ya vislumbrada por Antonio Sánchez Gijón poco después (Abc, 15 de mayo de 1980).
Desde entonces no se han producido novedades dignas de mención hasta el 20 de agosto último, fecha en la que el Consejo de Ministros decide iniciar el rápido proceso de integración en la OTAN. Inmediatamente se habla de la relación Gibraltar-entrada en la OTAN, con dos lecturas distintas: la que hace el Gobierno (reiterada en las recientes declaraciones de Pérez-Llorca en Nueva York) al afirmar que al aliarse España y el Reino Unido en el marco de la OTAN se abren nuevas perspectivas de progreso en el contencioso gibraltareño, y la que hace el PSOE por boca de su secretario general, Felipe González (y, que fue objeto de un reciente artículo en estas páginas del diputado socialista José Miguel Bueno), señalando la paradójica contradicción que se produce al entrar en la OTAN con la aceptación tácita de Gibraltar como territorio británico, y el compromiso de defender al Gibraltar británico de un posible ataque de países terceros.
Política española errónea
Creo que si se produce la entrada de España en la OTAN, la dinámica interna de la Alianza consolidará las posiciones preestablecidas y, por tanto, en el estado actual con respecto a Gibraltar. Por eso lord Carrington afirmó enfáticamente que la entrada de España en la OTAN no modifica el contencioso gibraltareño, cuya solución -afirmaba- sólo puede contemplarse en el marco del Acuerdo de Lisboa. Lo que para los ingleses quiere decir: abran ustedes la verja y olvidemos lo demás.
El Gobierno español debe renunciar a esa política errónea, producto de no sé qué espejismos, de relacionar Gibraltar con la incorporación a la CEE o a la OTAN. Creo que a estas alturas los estrategas de Santa Cruz o de UCD ya están convencidos (otra cosa es que lo reconozcan) de que son problemas de raíz distinta, de naturaleza diferente, y que el progreso en uno de ellos no hace avanzar a los otros dos, y que a veces lo que ocurre es justamente lo contrario; estoy persuadido que el progreso en el incidente gibraltareño tiene que conseguirse a partir, mejorándolo y profundizándolo, del Acuerdo de Lisboa, garantizando un calendario negociador y una agenda de temas en los que se debe incluir:
1. Obtener para los españoles en Gibraltar los mismos derechos que cualquier ciudadano de la CEE.
2. Estatuto de utilización de la base naval.
3. Estatuto de utilización del aeropuerto civil del istmo de Gibraltar.
4. Medidas de acercamiento e integración del Peñón al Campo de Gibraltar, desarrollando el punto 5 de la proposición socialista, que establecía planes específicos de inversión y, desarrollo del Campo de Gibraltar, en especial de La Línea.
5. Iniciativas que permitan a largo plazo la solución del problema de la soberanía, estudiando fórmulas intermedias que permitan la definitiva recuperación de Gibraltar.
El punto 4 me parece esencial para el progreso de los demás y tiene una ventaja sobre los otros: no necesita de la colaboración británica; es exclusivamente el resultado de la voluntad del Gobierno español, que hasta ahora se ha mostrado bastante remiso a afrontar el plan de reactivación de la comarca campo-gibraltareña que permita equilibrar el desnivel económico entre el Peñón y su entorno. Porque lo cierto es que este desequilibrio no sólo hace inviable la integración sin que, además, puede volver a ocurrir, como antes del cierre, que Gibraltar, colonia británica, se convierta en metrópoli de su propio entorno, que queda así reducido a colonia de segundo grado. El plan de reactivación es además un objetivo de justicia porque los campo-gibraltareños, sobre todo La Línea, son víctimas del contencioso del Peñón, sin que hayan sido compensados por soportar las cargas de la política de bloqueo. En La Línea hay hoy más de 5.000 parados. Naturalmente que un plan de reactivación debe huir del triunfalismo y de la falta de sentido de la realidad con que se enfocó el plan de desarrollo del franquismo (decreto 2223,65), que declaró a la comarca zoila de preferente localización, y cuyo balance es globalmente negativo.
En resumen, el Gobierno debería:
a) Cumplimentar el punto 5 de la proposición socialista aprobada el 27 de marzo de 1980 en el Congreso de los Diputados.
b) Ampliar este punto a la educación, la vivienda y la cultura.
c) Potenciar el proyecto de la Universidad bilingüe de San Roque.
d) Creación en La Línea de un instituto hispano-británico.
e) Creación de becas especiales para los gibraltareños, a fin de facilitarles el acceso a los centros de estudios españoles.
f) Intercambio de servicios municipales entre la ciudad de Gibraltar y los de la mancomunidad del Campo de Gibraltar.
Los municipios de La Línea, San Roque, Algeciras y Tarifa, y los barrios Castellar y Jimena, es decir, más de 250.000 personas, esperan que el Gobierno se decida.
es presidente del PSOE de Andalucía Y portavoz de los socialistas en la Comisión de Exteriores del Congreso.
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