Sobre el aborto

Un año después de la suspensión en Bilbao del juicio contra once mujeres acusadas de prácticas abortivas, la Prensa vuelve a recoger la noticia de la detención, por agentes de la policía, de personas que en calidad de sanitarios o de pacientes se encontraban en las dependencia del centro de planificación Los Naranjos, en Sevilla.Este hecho, que condenamos como mujeres, nos mueve a hacer las siguientes consideraciones:

Durante más de cuarenta años, la legislación franquista, en aras de una supuesta protección a la familia, «premió» a las familias numerosas sin tener en cuenta las condiciones sanitarias, económicas y educativas en que los hijos se podían desenvolver y se tipificó como delito cualquier conducta contraria a la confesionalidad católica estatal. Coherentemente con este principio cuantitativo e ideológico penalizó toda iniciativa tendente a una planificación responsable del número de hijos que cada familia decidía que podía acoger en su seno. De ello es ejemplo claro nuestra legislación anterior que consideraba como delito incluso la información sobre métodos anticonceptivos.

La apertura del período democrático puso en revisión, al menos en las campañas electorales, incluso del partido actualmente en el Gobierno, los principios de «protección» a la familia mantenidos por el régimen anterior posibilitando el control de la natalidad mediante la despenalización de la difusión y venta de anticonceptivos, lo que dio lugar a que la propia UCD, con grandes alardes informativos, pusiera en conocimiento de la opinión pública la apertura de sus propios centros de planificación familiar, que nunca llegaron a ser eficaces, como así lo denunciaron las personas que prestaban servicios en ellos, por carecer de los medios imprescindibles para su buen funcionamiento, por lo que actualmente se encuentran cerrados.

Los grupos feministas, conscientes de la necesidad de hacer llegar a las mujeres una información sexual correcta, incluso en épocas en que la difusión de este tema, considerado tabú, constituía un delito tipificado en el Código Penal, con riesgo personal y sin ánimo de lucro comenzaron a abrir locales en barrios populares, en los que con la asistencia de personal médico, informaban y trataban a toda mujer que requiriese sus servicios, que se prestaban de forma gratuita.

Posteriormente, algunos partidos de izquierda comenzaron a poner en funcionamiento nuevos centros de similares características a los anteriores, todo ello supliendo a la iniciativa gubernamental, que, a nuestro juicio, era la obligada, a través del Ministerio de Sanidad, a prestar los servicios que tan ampulosamente habían anunciado.

Dificultades con sello oficial

Paradójicamente, el Gobierno, lejos de mantener una política de apoyo a estos centros, sistemáticamente dificulta el funcionamiento de los mismos en todo el Estado español mediante la práctica de registros policiales y detenciones masivas, requisando sus ficheros sanitarios con el fin de indagar, a través de interrogatorios exhaustivos efectuados a personas que han acudido a los centros, si en los mismos se realizan prácticas abortivas. Dándose la circunstancia de que el celo policial en la investigación de estos casos lleve a aplicar extensivamente de forma anticonstitucional los medios previstos en la tan discutida ley Antiterrorista, por cuanto ni siquiera se informa a los detenidos de la posibilidad de ser asistidos en sus declaraciones por letrado, negando dicha asistencia a las personas que quieren hacer uso de ella.

Esta postura extrema, de punición del aborto, se encuentra en una denigrante contradicción con la falta de protección a la persona ya nacida, por cuanto el proyecto de reforma del Código Civil destinado a suprimir las discriminaciones legales existentes entre hijos legítimos y los llamados ilegítimos se encuentra pendiente en las Cortes desde hace más de un año, incumpliendo el precepto constitucional que afirma que nadie será discriminado por razón de nacimiento y dando lugar a situaciones conflictivas graves, como el que los hijos habidos fuera del matrimonio entre personas separadas no puedan ser reconocidos por sus padres ni llevar sus apellidos.

Parece, pues, evidente que formamos parte de una sociedad hipócrita que condena histriónicamente todo supuesto atentado contra una esperanza de vida, a la vez que rechaza a la madre soltera, a los llamados hijos ilegítimos, inhibiéndose de problemas tan graves como la carencia de equipamiento sanitario, escolar y de guarderías en los barrios populares y que, en resumen, niega a la mujer el derecho a decidir libremente su maternidad.

Por todo ello denunciamos las agresiones cometidas contra centros de información sexual y reivindicamos la legalización del aborto por entender que se trata de un derecho de la mujer a la libre disponibilidad de su sexualidad y de su propio cuerpo, derecho que viene siendo negado sistemáticamente por los poderes públicos con la intensidad propia con la que habitualmente se reprime a las mujeres y a aquellos que las apoyan en el área de sus derechos.

En suma: queremos llamar la atención de la opinión pública en relación con las numerosas mujeres que se encuentran actualmente denunciadas, procesadas o condenadas por aborto y que no gratuitamente pertenecen a las clases sociales más desprotegidas, y exigimos la suspensión de cualquier juicio pendiente por ejercer, de una forma directa o indirecta, el derecho al aborto.