¿Evitarán las convenciones los secuestros oficializados de niños?
El día 20 de mayo de este año, la mayoría de los ministros de Justicia de los países miembros del Consejo de Europa firmaron en Luxemburgo una convención sobre «reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de niños y restablecimiento de la custodia de niños». En el documento, que consta de treinta artículos, se establecen las bases de cooperación para evitar «traslados ilegales de niños a través de fronteras internacionales». Por otra parte, y también en el mes de mayo de este año, la Conferencia de Derecho Internacional Priva do de La Haya trató sobre «aspectos civiles de los secuestros internacionales de niños», presentándose un anteproyecto de convención adoptado por la Comisión Especial. El tema está siendo analizado y debatido, en la actualidad, en las sesiones que la misma conferencia celebra del 6 al 25 de este mes de octubre.Lo más probable es que, en este punto, muchos lectores se pregunten: ¿Es que están secuestrando niños en Europa? ¿Qué niños? ¿Por qué y para qué? Preguntas que se habrían evitado si estos secuestros hubieran tenido una difusión tan amplia y detallada como la tuvieron los de Aldo Moro, Schleyer, Rupérez, Oriol y Villaescusa, Ybarra, Brenda Domecq y el de la bisnieta del «rey del petróleo», entre otros.
Pero como los secuestros motivo de este artículo se han venido ocultando a la opinión pública de vanos países, entre ellos España, es comprensible que muy pocas personas sepan lo que está pasando.
Efectivamente, se están secuestrando niños -y muchos- en las democracias europeas: hijos de madres solteras económicamente débiles, hijos de emigrantes o de trabajadores en general, de diversas nacionalidades, que, por diversas causas, son un blanco fácil de las bajas pasiones y turbios intereses económicos y políticos de algunos individuos que actúan impunemente desde el poder.
En estos secuestros, los autores nunca exigen rescate para liberar a las víctimas, ni en dinero ni como condiciones políticas. El rescate es sustituido por un precio acordado previamente entre los secuestradores y terceras personas, a las que los niños son entregados: matrimonios sin hijos o con hijos, cónyuges en proceso de separación o cualquier otra persona que pague los servicios de la mafia. Los procedimientos empleados son siempre violentos, aunque con formas «sofisticadas», lo que, junto con la ausencia de rescate, hace que a primera vista muchas veces no parezcan secuestros. Pero, además de estas características, tienen otra que hace de ellos auténticas monstruosidades: el delito se encubre con apariencias legales, se oficializa y se acaba convirtiendo en secuestro y fraude de Estado.
Además de las tragedias que estos hechos producen a nivel individual, sus consecuencias jurídicas -y, por tanto, sociales- son gravísimas, razón por la que muchos profesionales del Derecho han empezado a preocuparse seriamente. De esta preocupación han surgido la Convención Europea antes mencionada y el anteproyecto de convención de la Conferencia de La Haya.
Alternativas de los juristas
Es completamente lógico que estos secuestros preocupen a los juristas porque, ¿cómo van a ejercer dignamente su profesión si lo que han aprendido que son delitos -secuestro y fraude- resulta que se realizan y mantienen indefinidamente en nombre de la ley? ¿Con qué moral pueden invocar la justicia, los principios del Derecho y el respeto a la ley cuando saben que injusticias, disparates y delitos son oficializados? ¿Pueden hablar de garantías jurídicas y de estados de Derecho existiendo una indefensión propia de los estados de fuerza? Indudablemente, ante esa realidad, los juristas sólo tienen tres alternativas: o luchan por los principios que preconizan, dignificando su profesión y dignificándose a sí mismos, o se callan y envilecen, o queman el título y la toga y se dedican a otra cosa.
La decisión que algunos juristas han tomado, orientada a defender los principios del Derecho, y con ellos la justicia, es digna de respeto y elogio. Sin embargo, cuando se conoce el problema a fondo, cabe preguntarse si se estará planteando la lucha de forma realista y eficaz o, por el contrario, al no dirigirse la atención hacia la raíz del problema, no se estará corriendo el peligro de quedarse -una vez más- en las meras formas. En efecto, únicamente si se va a la raíz del problema se obtendrán los resultados que tanto los profesionales del Derecho como las víctimas y la sociedad en general estamos necesitando urgentemente: investigar seriamente los casos concretos, descubrir las causas y a los responsables ha de ser el punto de partida para que las convenciones tengan una efectividad práctica. Siguiendo vigentes las causas e impunes los responsables, lo que fácilmente puede ocurrir es que en el futuro sus procedimientos se adapten a las posibilidades que les permitan las convenciones, ya que algunos de estos responsables son los que deciden «legalmente» sobre los casos concretos que se presentan.
Si se hubieran respetado los principios del Derecho, internacionalmente reconocidos, así como las leyes de cada país, nunca se habrían producido estos secuestros y aberraciones jurídicas. Ni incluso en casos en los que dos países tienen leyes diferentes, (ya que los procedimientos irregulares constituyen delito en ambos países.
Algunos lectores españoles recordarán nombres como Elena Serra, Alejandro Fuentes, Eva Margarita Talamás, Inmaculada Rodríguez, Judith Martínez, Natalia y Laura González, entre otros, relacionados con noticias confusas y desconcertantes en las que la palabra secuestro aparecía entrecomillada. La confusión, el desconcierto y el entrecomillado se debían a la censura. Los citados nombres corresponden sólo a algunos de los muchos secuestros oficializados de niños que están preocupando a los juristas a nivel internacional. En uno de estos casos, una persona ha sido sentenciada a ser, por el mismo tribunal, la misma sala y simultáneamente: loco y cuerdo; con matrimonio nulo y divorciado; reconocido y a la vez negado el derecho a la patria potestad y custodia. Además, y por orden judicial, esa misma persona tiene que pagar mensualmente una elevada cantidad de dinero a uno de los autores del secuestro de su hijo. Este y otros muchos casos, entre los que se encuentran los citados, horrorizarían al mismísimo Kafka.
De los veintiún ministros de Justicia que podían haber firmado la Convención de Luxemburgo, firmaron todos excepto Dinamarca, Islandia, Malta, Noruega, Suecia y Turquía. No es extraño que los países escandinavos se abstuvieran en bloque (Dinamarca, Suecia y Noruega), ya que precisamente en esos países, y especialmente en Noruega, hay muchos niños secuestrados por procedimientos muy similares a los que utilizaba la organización nazi SS Lebensborn.
Estas situaciones existen, y las personas que las han denunciado no sólo no han sido atendidas y sus denuncias silenciadas, sino que, además, en muchas ocasiones, han sido objeto de represión.
Evidentemente, para que estas convenciones -como cualquier otra- sean eficaces, es preciso que la opinión pública cobre conciencia de investigar los casos concretos, descubriendo a los responsables y solucionando tan monstruosas situaciones.
Nunca ha sido necesario recordar a las autoridades y Gobiernos sus deberes cuando las víctimas de secuestros son personas importantes en los ámbitos económico y político o en secuestros en los que no están involucrados individuos poderosos. Pero ante estos secuestros de niños, esas mismas autoridades y Gobiernos están manteniendo un silencio que resulta preocupante, porque hace pensar que algo muy extraño está sucediendo y que, contrariamente a lo que se asegura, no todos somos iguales ante la ley. Por eso es necesario y urgente que los profesionales del derecho, las organizaciones pro derechos humanos, los partidos políticos, las centrales sindicales, asociaciones de vecinos y la opinión pública en general, demanden una investigación y esclarecimiento de estos secuestros.
¿Por qué entonces se rodea a estos secuestros de un hermético silencio y de un grueso muro de goma, tan contrarios al espíritu y la práctica de la justicia? Es necesario que algún grupo profesional, social o político tome la iniciativa y demande una investigación de estos secuestros de niños.
Bernardo Fuentes es padre del pequeño Alejandro Fuentes, sacado de España y trasladado en 1975 por su madre, súbdita noruega, a este último país, cuando el niño se encontraba bajo la protección de los tribunales españoles.
