Directivos de la mina de San Fins, retenidos por trabajadores encerrados
Once trabajadores de la mina de San Fins, en las proximidades de Noya (La Coruña), mantienen retenidos al facultativo director de la explotación y a un ayudante, en el fondo de un pozo de 180 metros de profundidad, desde las diez horas del lunes. Tratan de presionar con ello al empresario Gabriel Pérez, que reiteradamente se ha negado a negociar aumentos salariales y determinadas condiciones de seguridad e higiene.Este complejo minero (estaño y wolframio) es conocido por sus duras condiciones laborales. En los últimos meses, los mineros trataron de negociar un convenio que les reconociera determinadas mejoras, ya que cobran el sueldo mínimo de 640 pesetas diarias, sin categorías ni diferencias en las condiciones de trabajo. La mina presenta, además, deficiencias de seguridad e higiene, como son la carencia de duchas y lavabos adecuados y de escalera de seguridad en el único pozo que permanece abierto al exterior.
La empresa no facilita ropas ni calzado adecuados, y ha sido investigada varias veces por presunto tráfico ilegal de mano de obra practicado con trabajadores clandestinos traídos de Portugal y con menores de edad. EL PAÍS obtuvo el testimonio de una joven que durante meses cobró 9.000 pesetas mensuales hasta hace pocas semanas, en que alcanzó la mayoría de edad.
Durante el mes de julio, los obreros hicieron tres huelgas, la última de quince días de duración, sin conseguir que el patrón se sentase a la mesa de negociación. Solicitan, entre otras cosas, que sus actuales salarios, de 19.200 pesetas, pasen a ser de 35.000 para los trabajadores del exterior de la mina y de 45.000 para los del interior. Argumentan que la explotación de la mina es mucho más que rentable y calculan beneficios anuales superiores a los cien millones de pesetas.
«Cansados de pasar hambre y de aguantar que el patrón se burlara de nosotros», declaró a EL PAÍS el barrenista Manuel Bugallo, «tuvimos que recurrir a estas medidas de presión, que no deseábamos, pero que son necesarias para que se nos haga caso». Celestino González, el director de lámina, que permanece encerrado en el pozo Novo, es considerado por todos los trabajadores como uno de los responsables de las condiciones laborales de la explotación. Entre los 55 obreros de la mina hay varias mujeres y nueve portugueses.
Por orden del gobernador civil de La Coruña, Pedro Gómez Aguerre, la Guardia Civil prohibió todo suministro de alimentos a los encerrados desde las dieciséis horas del lunes hasta las 17.30 de ayer. Portavoces de CCOO, la central que tiene la mayoría de afiliación en la mina, calificaron esta medida como de «clara arbitrariedad y peligroso acto de falta de consideración humana para los afectados», entre los que hay incluso un obrero sometido a tratamiento médico. La Guardia Civil tampoco permitió el acceso de los asesores de esta central al punto donde permanecen concentrados los restantes trabajadores y sus familiares.
El caso reviste idénticas características al registrado hace, algunos meses en la mina asturiana de Figaredo, en las cercanías de Mieres. A última hora de la tarde de ayer renacieron algunas esperanzas de solución, al existir la promesa formal de la empresa de comenzar la negociación si previamente los trabajadores abandonan el encierro.
El mecánico encargado del único ascensor que da acceso a las galerías sufrió, delante del reportero de EL PAÍS, una ataque de epilepsia que duró más de diez minutos. «Imagínese», comentaron sus compañeros, «si una cosa así ocurre cuando está operando a solas el ascensor, como sucede diariamente». El único representante de la empresa que estuvo presente a lo largo del día de ayer (un auxiliar, carente de capacidad de decisión) contestó acerca de este incidente que «nadie de la casa conocía hasta ahora que este obrero sufriera tal enfermedad».
