La profesionalización, una solución para archiveros y bibliotecarios
Frente a un tratamiento oscurantista de la cultura en general; de nada sirve pedir un aumento de archivos y bibliotecas, ni quejarse del funcionamiento de las actuales, si no se crea el suficiente personal especializado para atenderlas y llevar a cabo el cambio que en este sentido es necesario en pro de una auténtica difusión del hecho cultural a través de los entes mencionados.En la actualidad hay en el país, según Carlota Bustelo, en su informe a las Cortes del 22-12-77, quinientos bibliotecarios profesionales, cifra en la que se engloba personal contratado, y funcionarios auxiliares y facultativos del Cuerpo de Bibliotecas; según la diputada socialista habría que llegar a la cifra de 14.000 funcionarios para cubrir las necesidades existentes a escala estatal (más de 7.000 bibliotecas).
El número de archiveros está compuesto por 129 funcionarios facultativos, de los que 41 desempeñan plazas mixtas (archivo y biblioteca de su localidad ... ) que sumados a los 57 contratados existentes y a los funcionarios auxiliares no sobrepasan la cifra de cuatrocientos en todo el país. Esta exigua plantilla de profesionales, al servicio de uno de los patrimonios documentales más ricos de Europa, contrasta con los grandes medios personales dedicados a esta tarea cultural en países occidentales, por ejemplo, en Francia o en Dinamarca. (En el Archivo General de la Administración había en 1974 un total de 70.136 legajos, 9.591 libros, y un número elevado de mapas, discos, dibujos, etcétera, a título de ejemplo.)
No es solución tratar de resolverlo con la colocación de una buena parte de los funcionarios de la extinguida Secretaría General del Movimiento en las bibliotecas privadas y archivos españoles.
El hecho de que entren a desempeñar unas tareas para las que hasta ahora se ha requerido una formación humanística y unos conocimientos específicos de la profesión, frustrará la esperanza de un aumento de plantilla para muchos de los licenciados en paro y contratados en situación inestable, y lo que es peor, la cultura quedará al servicio de una ideología que durante años impidió todo tipo de manifestación cultural progresista.
Las bibliotecas populares, son escasas (Madrid posee dieciséis para cuatro millones de habitantes) y elitistas, ya que los lectores habituales proceden del sector universitario, siendo muy escasa la función social que actualmente desarrollan. Por ejemplo, en barrios como Tetuán, con un índice demográfico muy alto, hay una sola biblioteca, situada en Cuatro Caminos, cuyo acceso y fondos están adecuados a las necesidades del sector universitario, y no del sector popular en general. Del tema de la participación popular más vale no hablar, porque ésta no existe. El barrio, ni a través de sus organizaciones (asociaciones de vecinos, clubs juveniles, amas de casa), ni de manera individual, posee ningún control sobre sus bibliotecas: no participa en la selección de libros, ni en los horarios necesarios para el posible uso de las bibliotecas por parte de los vecinos. En los presupuestos dedicados este año para las Direcciones del Libro y Bibliotecas y del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos resulta que para la adquisición de libros para las bibliotecas públicas de nueva creación hay treinta millones de pesetas, menos de una peseta por habitante y año.
En cuanto a los archivos, habría que empezar por decir que mientras no se consiga concienciar al pueblo en general de su importancia e incalculable valor para conocer nuestra historia, no saldrán nunca del aletargamiento en el que se encuentran. Los archivos son una de las principales fuentes de información para un país, y en la actualidad seguimos desconociendo gran parte de nuestro patrimonio documental. Es importante que la in formación se difunda, para lo cual se debería inventariar la totalidad de los fondos existentes, contando, en primer lugar, con las técnicas renovadoras actuales, como los sistemas mecanizados de tratamiento de la información, capaces de desarrollar extraordinariamente la difusión del contenido de la documentación; y por otro lado, teniendo en cuenta la importante renovación sociológica, que hace que haya un mayor número de gente con interés por la información que puedan dar los archivos, orientando sus investigaciones hacia nuevos campos (estudios económicos, jurídica y política, ya que gran parte
La tendencia hoy en día en todos los países democráticos es conseguir la máxima liberalización en el acceso a los archivos y que todos sus fondos puedan ser consultados, pero esto choca generalmente con importantes dificultades de índole administrativa, e incluso jurídica y política, ya que gran parte de la documentación está directamente unida al funcionamiento de los órganos, administrativos o de las entidades públicas y privadas, que no permiten fácilmente el acceso público a [os mismos. Lo que no parece lógico es que la aplicación de un criterio estricto para algunos documentos secretos obligue a que los demás sean inconsultables. Si los documentos públicos son un patrimonio del pueblo, el acceso a los mismos es un derecho democrático.
Tema recientemente polémico ha sido el expurgo de los documentos (Archivos de la Dirección General de Seguridad, Guardia Civil, etcétera). Este debe hacerse con la mayor objetividad posible. En este sentido, creemos que todo lo que contenga una información cualquiera, que no pueda ser obtenida con igual o mayor fiabilidad por otros med¡os, debe considerarse históricamente válida y por tanto indestructible.
Ante esta compleja situación las primeras medidas que proponemos, serían:
1. Que la Constitución recoja y regule el patrimonio documental.2. Urgente promulgación de una ley de Archivo, necesaria para llenar el vacío que nuestro ordenamiento jurídico presenta, sobre todo en relación al acceso y al expurgo de la documentación. 3. Puesta en práctica de una política cultural coherente con participación en su gestión de las organizaciones populares y partidos políticos. 4. Institucionalización de las profesiones de archivero y bibliotecario, para acabar con el subempleo, la subcontratación y el intrusismo, que viene dándose en este como en muchos otros sectores de la Administración.
Por otra parte en el Estado hay tres escuelas para la formación de archiveros y bibliotecarios, cuyo título no se reconoce, pese a la necesidad que de estos profesionales tiene el país. Son estas, las de Barcelona y la de Documentalistas de Madrid.
En la actualidad han salido de estas escuelas más de 1.500 profesionales, de los que una gran mayoría se encuentra en paro. No logramos entender el papel determinante de estos centros, a no ser que la Administración esté creando Escuelas de Parados, o que esté buscando mano de obra especializada a precios irrisorios o con contratos que deberían de ser ¡legales.
Ante esto, pedimos el inmediato reconocimiento de las escuelas existentes y la creación de otras nuevas donde sea necesario, como única vía de reconocimiento profesional de archiveros y bibliotecarios.
(*) Colectivo formado por alumnos de la Escuela de Documentalistas y contratados de la Administración de ambas ramas. Firman Herminia Arrazola, María José Moura, María Teresa Díez de los Ríos, Ana Duplá, Marisa Mediavilla, y veinte firmas más.
