El fiscal pide tres años para cuatro miembros de Els JogIars

Barcelona - 07 mar 1978 - 00:00CET

Pasadas las diez y media de la noche finalizó el consejo de guerra ordinario que juzgó a los cuatro miembros detenidos del grupo teatral Els Joglars. El fiscal ratificó su petición de una pena de tres años para cada uno de ellos, por el presunto delito de injurias al Ejército, contenidas en la obra teatral La Torna, mientras los defensores soficitaban la libre absolución. Inmediatamente después del juicio, que se habla iniciado a las nueve y veinte de la mañana, los cuatro acusados aceptaron tomar algún alimento en el mismo recinto del cuartel, finalizando así la huelga de hambre que mantenían desde hacía varios días. El veredicto será conocido a primeras horas de hoy.Contrariamente a lo acaecido en los consejos de guerra de significación política celebrados en Barcelona en los últimos años, los cuatro procesados fueron conducidos por una pareja de la Guardia Civil, mientras que otros dos miembros del mismo Instituto se encontraban dentro de la sala. Mientras, en el interior del cuartel donde se celebró el consejo de guerra, no estaba presente ningún miembro de la Policía Armada.

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Como ya se informó ayer, no se juzgaba a Albert Boadella ni a Ferrán Rañé, dírector de Els Joglars, y actor del grupo, respectivamente, que se encuentran huidos, con quienes se seguirá otro procedimiento penal militar. Boadella huyó cuando permanecía custodiado en el Hospital Clínico por dos miembros de la Policía Armada.

Tanto por la mañana como por la tarde, cerca del cuartel donde se celebró el juicio -situado en las proximidades de la Ciudad Universitaria-, tuvieron efecto incidentes de importancia. Varios centenares de estudiantes se manifestaron en favor de la libertad de expresión y en solidaridad con los procesados. La policía intervino con rigor y utilizó gases lacrimógenos y balas de goma. Desde el cuartel donde se celebraba el consejo se escuchaban perfectamente los ruidos de los disparos.

El consejo se inició con la lectura del apuntamiento. El presidente del consejo, coronel Luis Morano, admitió la lectura de casi la totalidad de los folios solicitados por las partes. Ello permitió apreciar cuál era el camino que deseaba seguir la acusación y cuál era el de la defensa.

La acusación militar deseaba establecer una conexión entre los programas, de mano repartidos en algunas representaciones y la obra en sí, cuyo libreto estaba formalmente visado por la censura, la cual también había visionado el espectaculo en sus mismos inicios. El libreto no se refería directamente al caso de Heinz Chez, pero, en cambio, el programa de mano aludía directamente a aquel caso.

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Tres años de petición contra cuatro Els Joglars

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El fiscal quería destacar también que algunas prendas de los actores podían ser consideradas de uso militar, y que el programa de mano implicaba la caducidad del permiso del Ministerio de Cultura.

Por su parte, las defensas querían negar todo ánimo de injuriar y toda vinculación directa entre la obra La torna y la ejecución del apátrida Heinz Chez, ajusticiado el 3 de marzo de 1974, acusado del asesinato de un guardia civil.

Interrogatorio a los acusados

Por la tarde tuvo efecto el interrogatorio de los acusados. Se inició con el de Miriam de Maeztu, quien reconoció, al igual que los restantes acusados, ser coautora del programa y de la obra, afirmando que Chez «es la musa del espectáculo, pero éste es autónomo y ajeno al caso de Chez». Con relación a la posible injusticia de aquel caso penal manifestó que «considero que siempre que se agarrota a alguien hay una injusticia, porque estoy contra la pena de muerte».

El siguiente acusado, Gabriel Renom, también se reconoció coautor del texto, de la obra y del programa de mano. Manifestó recordar que el programa había sido entregado al censor en el mismo día del visionado de la obra.

El acusado Andreu Solsona manifestó que en un momento de la obra se cita la ejecución de una segunda persona, cuyo nombre es Puig Abril. Precisó que la inspiración procedía del caso Chez, pero que no se trataba de una reproducción real, sino simplemente de una fuente de inspiración.

El cuarto acusado, Arnau Vilardebo, protagonizó la exhibición de la indumentaria de la obra. En ella no aparecían insignias ni distintivos de carácter militar. El presidente no permitió al actor que se explicara sobre las razones de la huelga de hambre que llevaban a cabo.

En la prueba testifical fue citado en primer lugar el crítico teatral Joan de, Segarra, quien afirmó, con relación a una escena de la obra, que «cualquier parecido con un consejo de guerra es ridículo y gratuito», En términos parecidos se manifestó el también testigo y crítico teatral Salvador Corberó.

Informe del fiscal

El fiscal, en su informe, citó con detalle el contenido del programa de mano, al que atribuyó una gran importancia. En él se afirmaba que la ejecución de Heinz, Chez «se efectuó con una finalidad política, constituyendo la "torna" de la ejecución de Puig Antich, a fin de desorientar a la opinión pública predispuesta a confundir fácilmente en aquel momento los términos de activista político y de delincuente común». El programa también afirmaba que «el espectáculo se ha creado como una versión libre sobre el tema, con dos finalidades completas: una como un homenaje al comediante de calle que fue Heinz Chez y la otra para salvar del olvido una de entre tantas injusticias cometidas en nombre de lo que se llama Justicia y que confía que el polvo de los años entierre las cosas». El fiscal atribuyó una extrema importancia a estas frases.

Afirmó que «si decimos que un tribunal se deja llevar por razones políticas lo tachamos de arbitrario». Recordó la ley de Jurisdicciones de 1906, así como el proceso y la condena, en consejo de guerra, en 1975, del periodista Huertas Clavería. Elevó a definitivas sus conclusiones solicitando la pena antes mencionada.

Los defensores afirmaron que la opinión pública ha llamado a este proceso «proceso a la libertad de expresión». Manifestaron que la obra contaba con los permisos pertinentes, y que en todo caso las acciones tenían que haberse dirigido contra quien concedió estos permisos.

Afirmaron que en caso de que se considerara, no obstante, delito, procedía la eximente completa de que los acusados habían obrado en «ejercicio de un derecho» tipificado en las leyes castrenses.

Afirmaron también que la representación de la obra y el reparto del programa se llevaron a cabo a partir del 7 de septiembre, y que, por tanto, ello cae de lleno en el decreto-ley sobre amnistía, que contempla los hechos anteriores al 6 de octubre. Sobre este particular el fiscal difería de ese criterio al considerar delito las representaciones posteriores a esta última fecha y no las anteriores.

El letrado Marc Palmés -en su día defensor de Juan Paredes Manot, Txiki, fusilado en Barcelona- afirmó, que, como consecuencia de los pactos de la Moncloa, está en marcha una re forma del Código de Justicia Militar, y considera, por tanto, que debía esperarse a la promulgación de esta reforma. Afirmó tex tualmente que «se consigue que las Fuerzas Armadas más que inspirar respeto inspiren temor». Añadió que éstas no tiene que imponerse por una fuerza o un poder, sino por la razón. Resaltó el hecho de que la causa se hubiera iniciado por un decreto de la auditoría de guerra, y afirmó que «es el denunciante el que tiene que aconsejar a la autoridad militar lo que tiene que hacer», aludiendo a la función de la mencionada auditoría. Se refirió a la de negación de pruebas y a la presentación de dos escritos de queja pendientes de resolución.

El letrado Loperena afirmó que «nadie pude ser juez y parte» y que «sois militares y me temo que os sintáis ofendidos». Manifestó que «son precisamente las Fuerzas Armadas las que deben mantener los derechos del hombre», y que «la amnistía es una gracia concedida por el Rey, que tenéis que aplicar aun en el caso de que consideraseis que hubiesen cometido un delito».

Nuevas intervenciones

El fiscal utilizó su derecho de réplica. Citó a Jiménez de Asúa, al que calificó de maestro de penalistas. Afirmó que «cuando los pactos de la Moncloa se concreten en actos legislativos, este ministerio fiscal será el primero en acatarlos. De momento, pura entelequia».

En su dúplica, el letrado Marc Palmés afirmó que «esperemos que se llegue a la unidad de jusrisdicciones, que es lo que desean todas las fuerzas democráticas del país».

El presidente del tribunal se interesó repetidamente por el estado de los acusados, y manifestó que le advirtieran si deseaban salir de la sala caso de encontrarse indispuestos. El coronel Morano, a juicio de varios observadores del proceso, puso especial énfasis en respetar muy estrictamente la igualdad de las partes, las cuales pudieron utilizar ampliamente sus derechos.