Glosa al presidente
Presidente de UNE, federada en Alianza Popular
El discurso del presidente del Gobierno, que constituye su presentación electoral, merece algo más que una cortés felicitación; exige un sincero análisis. No pretendo agotar tan extenso documento, sino sólo glosar algún punto esencial:
1. «Concurro -ha dicho- a las elecciones sin privilegio alguno de organización.» Pero participar en las elecciones desde la Presidencia del Gobierno es, sin duda alguna, hacerlo desde la posición político-administrativa más privilegiada que cabe concebir. Ese ha sido siempre el ideal de los candidatos de todos los países, y muy singularmente de los de España, en donde los resultados electorales casi siempre han coincidido con el color gubernamental. El presidente ha comenzado disponiendo de 35 minutos de la televisión para rehacer su imagen ante los electores. Luego las imágenes se han vuelto a transmitir con reiteración. ¿Se ofrecerá idéntica oportunidad a todos los candidatos de las próximas elecciones? ¿Habrá uno solo entre ellos al que los medios informativos oficiales hayan dedicado la centésima parte del espacio que han consagrado al presidente en las últimas semanas? Puede afirmarse con certeza que la privilegiada situación del presidente en el plano informativo le coloca a enormes distancias de sus demás competidores. El presidente dispone de las emisoras nacionales, de la televisión, de la que fue Prensa del Movimiento, y él es quien ha designado o mantenido en su puesto al aparato dirigente de la Administración nacional y comarcal. ¿Qué candidato se encuentra en una posición comparable? En las actuales circunstancias excepcionales, un presidente del Gobierno tiene recursos tan extraordinariamente superiores a las de los demás hombres públicos que en realidad se mueve en otra dimensión. Si el presidente desea no contar con más privilegios que aquellos importantísimos de que ya ha dispuesto ampliamente, sólo tiene un camino: presentar su dimisión al Rey.
2. Como básico argumento para justificar la legalización del PCE, el presidente ha expresado su deseo de «que no haya ni una sola nota discordante entre la realidad social y la realidad legal del país». Pero si esto fuese así, ¿por qué no se ha legalizado a todos los partidos?, ¿por qué no se legalizan realidades sociales como la morfinomanía, el aborto, el hurto, el homosexualismo, el separatismo, el anarquismo, etcétera? Si toda realidad social debiera ser legalizada, no existiría el Derecho, y menos todavía el penal. En la vida de las sociedades siempre existe una distancia entre el deber legal y la realidad efectiva. Las normas no se promulgan para reconocer por escrito lo que hacen los hombres, sino para todo lo contrario, para encauzar los comportamientos y evitar su desviación. La tesis en la que se pretende apoyar la legalización del PCE entrañaría la liquidación del orden moral y jurídico y, consecuentemente, la desaparición del Estado. El argumento ya había sido manejado en algunos mítines, pero sorprende que pueda ser suscrito a nivel de la soberanía.
La mutación del PC
3. Ha dicho el presidente que «en el verano de 1976... todos entendimos que el Partido Comunista, tal y como se presentaba en aquellas fechas, quedaba... excluido de la legalidad. Pero... ¿quién puede negar que fuerzas políticas que entonces estaban marginadas hoy optan por participar en la normalidad?». Desde la aparición del comunismo, en 1848, este tipo de movimientos ha actuado con una fidelidad casi monolítica al pensamiento marxista y al de sus epígonos, Engels y Lenin. ¿Quién puede suponer que en los meses transcurridos desde el último verano el PCE haya sufrido esa mutación que no ha sido capaz de hacer ningún partido comunista del mundo? Al contrario, el PC es el que presenta una imagen más inamovible de cuantas formaciones comparecen en la vida pública española; su presidente y su secretario general son los mismos de hace cuarenta años, y no han renunciado ni a nada de su pasado, ni a ninguno de sus escritos. Si alguien permanece férreamente fiel a sí mismo es el PCE. ¿En. dónde están esas transformaciones fundamentales? El PCE no se ha movido, quien se ha desplazado es el presidente.
4. También se ha dicho que la legalización del PC se ha hecho por «patriotismo, porque el servicio que en estos momentos nos exige España es aclarar las reglas del juego y numerar a los participantes». Pero no a todos, sino sólo a aquellos cuyo historial demuestre que han respetado las reglas. La función arbitral consiste precisamente en permitir la entrada al campo de ciertos jugadores, y no de todo espontáneo que quiera saltar a la cancha. No veo relación de igualdad entre el patriotismo y la legalización del PCE. Durante decenas de años, millones de españoles han pensado, con razón, lo contrario.
5. «Mal podríamos mirara nuestro futuro de concordia si dejásemos que hubiese una acción política socavando los cimientos en lugar de, sacarla con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones, a la luz del día.» Y añadió: « ¿No es cierto que ha llegado la hora de eliminar la clandestinidad como procedimiento habitual de acción política?» De las sombras no salen nada más que los que quieren, y los partidos comunistas, siguiendo la consigna de Marx, han simultaneado siempre la publicidad con el «trabajo bajo tierra como el topo». ¿Quién puede suponer que el comunismo, tanto en su dimensión mundial como nacional, va a jugar a cara descubierta porque se le legalice? En todas las latitudes, el comunismo socava cimientos cuando no puede demoler paredes. En los países libres en donde el comunismo está legalizado, ¿en qué se ocupan principalmente los servicios de inteligencia sino en tratar de averiguar lo que el comunismo lleva a cabo en la más estricta y voluntaria de las clandestinidades?
Estatutos legales
6. El presidente, en su gran defensa del PCE, ha dicho: «El Partido Comunista presentó unos estatutos perfectamente legales, no contradichos en su conducta pública en los últimos meses.» Pues no faltaba más sino que hubiera presentado unos estatutos ilegales y hubiese reivindicado públicamente unos actos delictivos. Muchos ordenamientos jurídicos e incluso algunas constituciones eximen a los ciudadanos de declarar aquello que pueda perjudicarles. ¿Suponemos que el comunismo español es tan insensato que va a pedir su legalización confesando unos fines o unos hechos punibles? Juzgar a un movimiento con una biografía tan pública, tan dilatada y tan atroz como la del PCE, no por sus hechos comprobados, sino por sus formales declaraciones estatutarias sería de una ingenuidad arduamente superable.
7. El presidente, después de afirmar que nuestros comunistas «eliminan la acción violenta», se ha preguntado: «¿No es preferible contabilizar en las urnas lo que, en caso contrario, tendríamos que medir sobre la base de algaradas callejeras?»
Desgraciadamente, las urnas no han solido inducir a los movimientos marxistas a la renuncia de la violencia. Acabamos de padecerla el pasado día 1 de mayo a pesar de la legalización del PCE. Y horas antes de que hablara el presidente, el líder del PSP amenazaba con el anuncio de que si Alianza Popular ganara las elecciones, «volverá la lucha a la calle, a los talleres». Acordémonos de la revolución de octubre de 194. Si con la legalización de los movimientos marxistas hubiera desaparecido la violencia, hace muchos decenios que deberían haber sido disueltas las fuerzas del orden de medio mundo. Pero ha ocurrido exactamente lo contrario, en naciones en donde el PC estaba legalizado ha desaparecido la seguridad, e incluso florece la, guerrilla urbana. La realidad no sólo ha demostrado, sino que ha desmentido, que las calles se convierten en lugar de convivencia porque se legalice el comunismo. Ojalá el problema tuviese una solución tan simple.
8. «Sería paradójico -afirmó- que cuando hemos establecido relaciones diplomáticas plenas con los países del Este mantuviésemos al margen de la ley a aquellos comunistas del interior que aceptan una convivencia legal.» Hemos intercambiado embajadores con la República Democrática Alemana y con China, dos Estados marxistas, sin que por eso tuviéramos que reconocer al PCE, ni incurriéramos en paradoja jurídica ninguna. Al contrario, lo que sería ¡intolerable es que el reconocimiento por parte de potencias comunistas implicara una tácita intervención en asuntos internos como la de que tuviéramos que legalizar el marxismo. Sin pruebas no podría afirmar ni que esta brutal injerencia la ha pretendido la URSS, ni que ha sido aceptada por España. El principio de que unas relaciones diplomáticas normales nos obligarían a legitimar, cuantos movimientos políticos estén legalizados en el otro Estado nos habría conducido a reconocer, por ejemplo, la existencia de un partido independentista gibraltareño de cuya eventual legalidad en el Reino Unido nadie puede dudar. Absurdo.
Crisis socioeconómica
9. «Hemos pasado -declaró- los momentos difíciles de toda transíción.» Pienso, por el contrario, que nos encontramos todavía bastante lejos del punto culminante de la transición, al que probablemente llegaremos cuando las próximas Cortes procedan a la revisión de las leyes Fundamentales. Para eso faltan todavía muchos meses. La transición, que podía haberse concluido en el verano de 1976, se está prolongando, de momento, hasta el verano de 1978. A raíz de la muerte del almirante Carrero Blanco, la crisis socioeconómica hizo su aparición y no ha cesado de agudizarse desde entonces. Me terno que los momentos más difíciles no han pasado, aunque de todo corazón desearía equivocarme. Sólo un cambio de orien tación política podría evitar que continuásemos avanzando por el camino del deterioro económico, institucional y social.
En el discurso del presidente, tan abundante en razonamientos muy problemáticos, me identifico con una frase que, aunque no se articula bien en su contexto, me parece la fundamental: «Nos preocupa el futuro.»
