El marco institucional
En cualquier caso, la Administración deberá hacer explícita la alternativa que decida adoptar así como el cálculo económico y su periódica puntualización, ya que en los próximos años, va a ser clave para la evolución económica global, y para la de algunas actividades en especial. Al mismo tiempo y de acuerdo con la alternativa que se acepte, deberá decidirse los instrumentos más eficaces, para llevarla a la práctica.En este sentido deberá analizarse el actual marco institucional del sector. Ciñéndonos exclusivamente a la parcela que dentro de dicho marco ocupa la Administración caben plantearse dos planos de problemas distintos: 1) En el normativo, si la pluralidad existente de centros de decisión permite una actuación flexible y eficaz, y 2) A nivel industrial, si la configuración actual de las Empresas Públicas, cuya actividad se desarrolla en el sector energético es la más adecuada, para la política a seguir en este sector.
La primera cuestión ha sido comentada en varias ocasiones por la prensa y revistas especializadas. La gravedad con que ahora se plantean los problemas hace más acuciante su resolución. Que una actividad tan importante como la energética dependa de varios ministerios, además de organismos autónomos y empresas públicas, supone para la economía un riesgo importante de incoherencia por falta de coordinación. Lo que parece más adecuado es la existencia de un único centro de decisión, que probablemente debería ser independiente de los ministerios actualmente implicados con objeto de abarcar todos los aspectos que las actividades energéticas presentan.
En otro plano, relacionado con la intervención directa del sector público, se situa la cuestión sobre el actual marco institucional de las empresas públicas. Su eficacia puede verse limitada por la falta actual de objetivos claros y definidos, aparte de que las distintas características de las mismas hace difícil establecer una acción coordinada entre ellas.
Esta diversidad de empresas públicas, en número y características, resulta evidente en algunas actividades como la del petróleo: existen varias empresas públicas en la explotación y producción dependientes del INI -quien a su vez participa directamente en algunos sondeos-; hay una empresa en el refino dependiente también del INI, además de la participación a través del Patrimonio del Estado y CAMPSA en otras sociedades refinadoras. Finalmente, CAMPSA se ocupa de la distribución, cuyas características son completamente distintas de las anteriores empresas; aún siendo privada está sometida a unas reglas de control específicas por el Estado. Con respecto a CAMPSA, el planteamiento de la política del sector público debería tener en cuenta la especial situación futura del monopolio interior del petróleo en las negociaciones con la Comunidad Europea.
En estas condiciones resulta difícil esperar que el Gobierno pueda utilizar su presencia en la industria del petróleo con una cierta eficacia y sin embargo, lo que cabe proponer no es tanto una serie de cambios en este «maremagnum» de empresas como que haga explícitos sus objetivos para de acuerdo con los mismos poder determinar la educación de la estructura institucional establecida.
Algo similar cabría decir respecto a la situación de las empresas eléctricas o a las de gas; en este último caso, a pesar de la existencia de la E. N. del Gas, se han establecido una serie de empresas distribuidoras a escala provincial con una participación pública distinta en cada una de ellas. Esto obedecerá a unos criterios de política en este sector que no se han hecho explícitos, por lo que no puede analizarse su mayor o menor corrección. Dado que en un sistema de mercado la participación directa del sector público o en las actividades productivas no es un fin en sí misma, hay que suponer a dicha participación una mejora en las estructuras o en los resultados de dichas actividades.
En resumen, es necesario que junto a la alternativa energética que se adopte, se consideren las variables sobre las que se van a incluir y los instrumentos que van a utilizarse para llevar a la práctica, dicha alternativa. Un paso adelante sería cuantificar los objetivos a cumplir por las empresas públicas, ya que de esta forma podría establecerse un cierto control objetivo sobre las mismas. Lógicamente dicha cuantificación no es fácil de establecer, y en algún caso, necesitaría una negociación laboriosa con todas las demás fuerzas que participan en el sector energético. Sin embargo, saber a qué atenerse sobre aspectos tan importantes como los aquí tratados, reportaría ventajas evidentes para alcanzar una racionalidad económica.
