Ante la próxima subida del precio del petróleo
Dentro de unos días, el próximo miércoles, los ministros de los países exportadores de petróleo se reunirán en Qatar para decidir un nuevo precio del petróleo. Salvo que las presiones norteamericanas de última hora para aplazar la conferencia tengan éxito, el día 15 se conocerá cuál es la subida en el precio del «oro negro».
Sobre su cuantía, los propios países de la OPEP han disputado tenazmente. Los más beligerantes, que suelen ser los más necesitados, proponen aumentos que van del quince al 40%: los más moderados, que coinciden con los más proamericanos, se limitan a preconizar incrementos entre el 7 y el 10%. Pero, según todos ellos, desde la última subida del precio de crudo, el incremento del coste de los productos que importan ha sido del 25%, residiendo su principal causa en la incapacidad de los países industrializados para dominar la inflación. Estos últimos replican, a su vez, con cifras según las cuales sus precios de exportación han aumentado solamente entre un tres y un 7%.
Como agua pasada no mueve molino, EEUU ha lanzado una campaña destinada a convencer al resto del mundo de las catastróficas consecuencias que podría tener un alza injustificada del precio del petróleo. Según estudios probablemente solventes, una subida superior al 10% podría originar un estancamiento en la economía mundial, incrementar el paro, y elevar el nivel medio de precios de los países de la OCDE alrededor de un 1.5% adicional.
Deseosos de ganarse aliados, los diplomáticos occidentales han estado sugiriendo que las principales victimas serían los países en vías de desarrollo, muchos de los cuales resultarían materialmente incapaces de financiar sus importaciones de petróleo. Aun cuando este argumento haya encontrado un eco inesperado en la voz de Fidel Castro y es muy real, aparece teñido por un cierto matiz de hipocresía. El desinterés que las grandes potencias económicas han mostrado en la conferencia de París sobre materias primas no es un aval de su preocupación por la suerte de los débiles, como tampoco lo es los saneados beneficios que obtendrán las compañías petrolíferas. A ello se añade la ausencia casi total de medidas destinadas a ahorrar energía reforzando la sospecha de algunos países productores, para quienes el Occidente industrializado sólo desea mantener el precio del petróleo al nivel despilfarradoramente bajo que rigió entre 1950 y 1973.
Efectos sobre España
En todo caso, y para su desgracia, España tendrá que aceptar las decisiones que se tomen. A título de ejemplo, una subida del 10% además de incidir negativamente en los precios interiores, empeorará las importaciones de 1977 en unos cuatrocientos millones de dólares agravando de esta forma un déficit que ronda ya niveles críticos. Para mayor desventura, la vulnerabilidad de esa posición se ha agravado por una política energética equivocada, como consecuencia de la cual España ha sido el único país industrializado que vio aumentar su demanda de energía entre l973 y 1975.
La causa de este contrasentido es fácilmente identificable. El precio de la energía industrial en este país es un 25% más bajo que en Europa. Para ello el Estado ha dedicado a subvencionar los combustibles industriales en 1976 unos 32.000 millones de pesetas. Las consecuencias de tal política son evidentes. Se favorece el crecimiento excesivo de la demanda, se obstaculiza la sustitución por formas de energía más económicas, al tiempo que se fomenta el uso de ciclos de consumo con elevado porcentaje de desperdicio de energía primaria utilizada.
En resumen, la inevitable subida del precio del petróleo repercutirá desfavorablemente en la economía española. El Gobierno tiene la responsabilidad de entenderlo así y la obligación de poner en práctica un plan serio que, empezando el próximo año, comprenda tres puntos fundamentales: a) implantación de una política de precios realista, con desaparición de subvenciones: b) aceleración de las prospecciones petrolíferas iniciadas: y c) reorganización de la confusa estructura de la industria petrolera española con revisión a fondo del sistema de adquisición de crudos.
