La Fiscalía del ‘caso Oikos’ solo ve “conjeturas” en las sospechas de amaños de dos partidos de Primera

El caso Oikos, en el que se investiga desde junio de 2019 una trama de corrupción en el fútbol español para hacer apuestas presuntamente encabezada por los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda, sigue adelgazando en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 Huesca donde se instruye. La fiscal Victoria Arenere ha presentado un escrito en el que solicita que se archive la investigación que se mantenía abierta sobre el supuesto amaño de dos partidos de Primera, los que disputaron el 18 de mayo de aquel año, última jornada del campeonato, R.C.F. Valladolid y el Valencia C.F. (con un resultado final de 0-2) y Getafe C.F. y el Villarreal C.F. (que concluyó con empate a dos).

La representante del ministerio público considera que, después de casi cinco años, las pesquisas han arrojado únicamente “conjeturas, hipótesis y razonamientos convincentes pero que, se insiste, no prueban la comisión del delito de corrupción deportiva”. En este tiempo, el juzgado ya había exculpado de la causa a varios jugadores investigados por estos partidos. El magistrado que inició las pesquisas, Ángel de Pedro, ya reconocía en un auto de noviembre de 2022, poco antes de su traslado, sobre la extraordinaria dificultad que entraña la persecución de la corrupción en el deporte, incluso cuando todo apunta a que existió.

El escrito de la Fiscalía cita precisamente este lamento del juez en el escrito en el que solicita ahora el archivo de la investigación sobre estos dos encuentros. “Tomando las palabras del instructor, hay que tener en cuenta que, en la investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos es muy difícil contar con prueba personal y directa, salvo que hubiese una confesión de un jugador o directivo de un club implicado. Lo habitual es contar con prueba indirecta o circunstancial, lo que exige un proceso intelectual complejo de reconstrucción de un hecho concreto a partir de una recolección de indicios”, destaca. Y añade que “esa inferencia razonable y coherente no es suficiente o concluyente, ya que resulta excesivamente abierta, permitiendo un abanico de conclusiones alternativas, no absurdas ni ilógicas.”.

Por todo ello, concluye que “las conversaciones telefónicas con un contenido incriminatorio, la reunión entre los implicados, el buen o mal hacer de los jugadores en el campo de fútbol, de no ser palmario por extravagante o grotesco, depende de la subjetividad del espectador, y es muy difícil de apreciar u objetivar; y, por último, el hecho de borrar chats de jugadores del equipo, no van a ser bastante para mantener una acusación por un delito de corrupción deportiva”.

No obstante admite, que en uno de los partidos para los que pide ahora el archivo, el disputado por el Valladolid y el Valencia, si hubo elementos sospechosos, aunque no suficientes. “Lo cierto es que al no haber rastro de dinero alguno, difícilmente puede demostrarse esa corrupción, en la que los posibles intervinientes han tenido el cuidado bastante para no dejar rastro de los posibles pactos; pactos que, por otro lado, tampoco han sido reconocidos por los supuestos jugadores corruptos”, añade. Por este encuentro, estuvo imputado Borja Fernández, excapitán del Real Valladolid, aunque en septiembre de 2020 fue exculpado pese a que el magistrado admitía que mantenía “una sospecha razonable” de su participación en los hechos investigados.

Algo similar ocurrió en septiembre de 2022, cuando la jueza Sara Uriel archivó la investigación sobre Jorge Molina, exjugador del Getafe, y Miguel Ángel Tena, exfutbolista y ex director deportivo del Villarreal. Ambos estaban bajo sospecha por su supuesta relación con el presunto amaño del partido Getafe-Villarreal, aunque nunca llegaron a ser llamados a declarar y ni se produjo su imputación formal. En el auto, la magistrada concluía también que no existía “un cuadro indiciario incriminatorio suficiente o concluyente que justifique la eventual apertura de juicio oral contra ellos”. Tras esa decisión, la investigación del supuesto amaño de este partido quedó tocada y ahora la fiscal plantea archivarla finalmente.

Sobre este encuentro, la Fiscalía destaca ahora que se puso bajo sospecha fueron las conversaciones intervenidas en sus teléfonos móviles a algunos de los presuntos integrantes de la trama en los que se planteaba la necesidad de que el Getafe ganase el partido y que, para ello, supuestamente se habían ofrecido a siete jugadores del Villarreal C.F. dos millones de euros para dejarse perder. “No obstante, el resultado de empate lleva a pensar que, independientemente de que se llegara a manipular el resultado del partido, éste no fue el buscado y, lo más importante, no existió la modificación en los mercados de apuestas que, de algún modo, es lo que el espíritu de la ley trata de evitar”, recalca el ministerio público para argumentar el archivo también de la investigación de este partido.

En un segundo escrito, la Fiscalía también pide archivar la causa contra Francisco Javier Atienza, Pichu, que el 4 de junio de 2017 disputó con su entonces equipo, el Reus Deportiu, un encuentro con el Real Valladolid en Segunda que terminó con victoria del primero por 2-0, correspondiente a la penúltima jornada de aquella temporada. Las pesquisas apuntaban a que un tercer equipo, la SD Huesca, pagó una prima a la plantilla del club catalán para que ganaran el encuentro y así asegurarse la disputa de los playoff de ascenso a Primera de aquella temporada. Lo que se conoce como una prima a terceros por ganar. En este, caso el ministerio público recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2023 sobre el caso Osasuna despenaliza, precisamente, estos pagos y, por ello, reitera “la petición de sobreseimiento respecto de este investigado, anunciando que se solicitará igualmente que se proceda en igual sentido con todos los investigados que lo están por conductas de idéntica naturaleza”.

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