La guerra judicial de los Rubiales

Mientras Luis Rubiales relataba este lunes a los miembros de la Asamblea de la Federación Española de Fútbol las bonanzas de su gestión y explicaba algunos de los escabrosos asuntos que la rodean, su tío Juan, empleado federativo, se disponía a declarar en calidad de testigo, en la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal José Miguel Alonso citó a Juan Rubiales como parte de las pesquisas iniciadas a raíz de la querella presentada contra su sobrino y Gerard Piqué por Miguel Galán, presidente de Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE) basada en las informaciones desveladas por El Confidencial sobre presuntas irregularidades en la gestión del actual presidente federativo. Los contratos entre la Federación y Arabia Saudí y las comisiones que percibió por la disputa de la Supercopa en el reino saudí la mercantil Kosmos, participada en su mayoría por el jugador azulgrana; un viaje a Nueva York pagado por el ente federativo, los gastos por el espionaje a David Aganzo, presidente del sindicato de futbolistas (AFE), así como el pago por parte la Federación del alquiler de un piso en Madrid al presidente son el objeto de dicha querella. El propio Galán, presentó este lunes otra querella, esta vez, ante los juzgados de Majadahonda.

La presencia de Juan Rubiales ante el fiscal describió una relación familiar y profesional rota desde hace aproximadamente dos años, cuando fue destituido como miembro del gabinete de presidencia de su sobrino, y pasó a desempeñarse en el Museo de la federación tras varios meses sin destino laboral dentro de la organización. En estos momentos, Juan Rubiales se encuentra de baja por depresión y el desencuentro con su sobrino le ha llevado a interponer una denuncia a la Federación por acoso psicológico y mobbing por la vía laboral, para la que hay un acto de conciliación previsto el próximo 28 de junio. Otra denuncia fue interpuesta en los juzgados de guardia de Plaza Castilla por Juan Rubiales y según fuentes próximas a este, en ambas denuncias se recogen intentos de empleados federativos por amedrentarle presentándose en su domicilio y correos electrónicos intimidatorios.

El testimonio de Juan Rubiales, que entregó el ordenador que utilizaba en la federación al fiscal, puede ser comprometedor para la defensa de su sobrino. Al término de la declaración confesó a algunos de sus allegados sentirse liberado. El tío, que estuvo presente en el citado viaje a Nueva York pagado por la federación y calificado de “placer” en la querella, ratificó las informaciones publicadas al respecto. Sin embargo, en las dos horas que estuvo declarando, la mayor parte de las preguntas que le realizó el fiscal se centraron en los contratos de la Supercopa de Arabia.

En su intervención en la Asamblea, Luis Rubiales hizo referencia a su tío de manera indirecta. “Que empleados de la Federación estén pasando información y atacando cuando estamos en el mejor momento de nuestra historia..”, lamentó el presidente federativo. “La federación cubre un viaje para tres personas que trabajan en la Federación. Una soy yo y otras dos son colaboradores. La RFEF no cubre nada más. Es un viaje de trabajo con reuniones agendadas. Nada más. Mutilan el nombre de dos colaboradores para aparentar que voy solo a ese viaje. Rindo cuentas por mi trabajo, no por nada más”, aseveró Luis Rubiales sobre el polémico viaje a Nueva York. Para este, los 406 millones de euros en ingresos son la base que fundamenta el citado “mejor momento de nuestra historia”. Las cuentas de 2021, con un beneficio de 32 millones de euros no pudieron ser aprobadas porque LaLiga ha reclamado a la Federación 267 millones de euros que le abonó para distintos conceptos y, según la patronal, no han sido debidamente justificados. Ante esto, los auditores han pedido un plazo de tiempo para verificar y aclarar el destino de ese dinero. Rubiales emplazó a los asambleístas a la aprobación de las cuentas en un mes aproximadamente.

Rubiales, que fue apoyado en un discurso previo por Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, estuvo escoltado por Andreu Camps, secretario general federativo, y por Tomás González Cueto, comisionado externo. El primero defendió que ni un solo euro de la federación se ha destinado a pagar el espionaje sobre David Aganzo. El segundo, aseguró que el pago del alquiler de un piso a Rubiales es legal alegando una Asamblea de 1989 y una junta directiva de 1988 en la que no se especificaba, según González Cueto, que para ello el presidente, por entonces, Ángel María Villar, debiera estar censado y residir en Madrid. Sin embargo, en el acta de 2018 de la primera Asamblea de Luis Rubiales como presidente, en el que se hace referencia a la del 89, se especifica que se concedería “cuando tuviera residencia fuera de la Comunidad de Madrid”,

La Asamblea también ratificó la nueva modalidad retributiva del presidente, ya sin porcentajes sobre los ingresos federativos, y aprobó un sueldo anual de 675.000 euros brutos anuales, más otros 3.000, también brutos, como ayuda a la vivienda.

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