El Instituto Carlos III asumirá el laboratorio antidopaje de Madrid

Mientras la nueva ley antidopaje, la tercera de la que se dota España en 15 años, sale del Consejo de Estado con un dictamen que obligará a varios retoques y dispuesta a emprender su largo camino parlamentario, la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) continúa dando pasos en busca de una mayor independencia y autonomía respecto a los organismos deportivos. Así, el laboratorio de control del dopaje de Madrid, que desde su nacimiento está adscrito al Consejo Superior de Deportes (CSD), que garantiza las inversiones y los sueldos de sus trabajadores, pasará en los próximos meses a depender del Instituto de Salud Carlos III, organismo público y autónomo de investigación científica.

“Cumple así España con las recomendaciones de la Agencia Mundial Antidopaje sobre la necesidad de adscribir los laboratorios a entidades científicas y no políticas”, explica José Luis Terreros, director de la AEPSAD, quien recuerda que el otro laboratorio español, el de Barcelona, depende del Instituto del Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM). El laboratorio de Madrid, instalado junto a la residencia Blume y el Centro de Alto Rendimiento, analiza anualmente casi 9.000 muestras entre orina y sangre, un tercio más que el de Barcelona. “Además de independencia”, añade Terreros, “la adscripción al Carlos III permitirá incrementar la investigación, uno de los pilares básicos de la lucha contra el dopaje”. Dos mujeres serán las responsables del sector científico del antidopaje en España, Raquel Yotti, directora del Carlos III, y Gloria Muñoz, directora del laboratorio de Madrid.

Aunque su dictamen no es vinculante, el Consejo de Estado encontró media docena de reproches llamados esenciales, que sí que deberán ser aceptados en la nueva ley antidopaje, principalmente en el acomodo con la Constitución del régimen sancionador de la nueva ley antidopaje, redactada por el catedrático de la Complutense Germán Fernández Farreres. “Serán modificaciones fáciles de encajar”, indica Terreros, quien recuerda que siempre es complicado adaptar las leyes españolas a las demandas variables del Código Mundial Antidopaje, basado en el derecho anglosajón. “Pero el dictamen no toca las grandes novedades que harán más independiente y autónoma de federaciones, CSD y otros poderes deportivos a la agencia y a la lucha contra el dopaje”.

Una de la principales novedades es la creación de un tribunal sancionador que libere al director de la agencia de la tarea completa de abrir, instruir, investigar y resolver expedientes. “Hasta ahora era y el abogado de la agencia quienes instruíamos y resolvíamos”, señala Terreros, que fue nombrado por José Ramón Lete, el segundo secretario de Estado de Mariano Rajoy. “Ahora será un tribunal de expertos jurídicos, legales, médicos, quien, con total independencia decida”. También se clarifica en la nueva ley el régimen sancionador y de control para deportistas internacionales, nacionales y aficionados.

Será la tercera ley orgánica contra el dopaje en 15 años. La primera, la gran novedad, la que incluía el dopaje en el código penal, la impulsó en 2006 el secretario de Estado Jaime Lissavetzky; la segunda, la que fundaba la AEPSAD al incluir los asuntos de la salud en el deporte en la lucha antidopaje, fue la ley de 2013, impulsada por Miguel Cardenal. El anteproyecto de la tercera fue aprobado por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en octubre pasado, tras el impulso de las anteriores secretarias de Estado María José Rienda e Irene Lozano. Las dos primeras leyes fueron aprobadas por unanimidad, objetivo que Terreros persigue también con la tercera. “Y, siendo optimistas, creo que podremos iniciar 2022 con una nueva ley, más justa y más acorde con la legislación mundial”, promete Terreros, cuya agencia, desgajados ya los asuntos de salud, ya no se llamará AEPSAD, sino CELAD o AELAD, dependiendo de si el nombre final es Comisión o Agencia (la preferida por el Consejo de Estado) Estatal de Lucha Antidopaje.

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