El Gobierno evaluará la vuelta del público a los estadios ya esta temporada
El Ejecutivo descarta la idea del Las Palmas de abrir el campo la semana que viene y solo lo contempla cuando toda España esté en fase 3 y sea igual para todos los equipos
No será la semana que viene, como pretendía para su estadio el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, pero el Gobierno ya no descarta que el público pueda volver a los campos de fútbol antes de que termine esta temporada el próximo 19 de julio. “El Ministerio se ha comprometido a hacer una evaluación de los riesgos. Y en el caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, sí se pueda hacer, se hará”, aseguró este martes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, después del encuentro telemático que junto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, mantuvo con los futbolistas Gerard Piqué, Dani Carvajal, Koke y Asier Illarramendi. Madrid y Barcelona, los territorios más retrasados, podrían entrar en fase 3 el lunes 22 de junio, aún con ocho jornadas por disputar.
Cuando se celebró ese encuentro, ya se había puesto en marcha la maquinaria institucional para desactivar el empeño de Ramírez, que el lunes anunció un acuerdo con el Gobierno autonómico canario y el cabildo de Gran Canaria para permitir la entrada de unos diez mil espectadores al Las Palmas-Girona del próximo sábado 13. Fuentes del Gobierno descartaban este martes ese plan no solo por motivos sanitarios, sino también deportivos: no se autorizará el regreso del público a los estadios hasta que todas las comunidades se encuentren en la misma fase y pueda realizarse en igualdad de condiciones para todos los clubes.
Cuando el domingo Pedro Sánchez anunció que la capacidad de decisión sobre la desescalada pasaría a las comunidades autónomas en el momento en que todo su territorio se encontrara en fase 3, Ramírez entrevió una rendija para abrir las puertas de su estadio. “El lunes hablé con el que va a ser competente, que es el Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias me dijo que lo veía bien, que le diéramos el protocolo y que la autoridad sanitaria, que son ellos, nos diría si están de acuerdo. También hablé con el cabildo [de Gran Canaria] y con LaLiga, que dijo que no tenía competencia para decir que no”, dice.
Según el relato de Ramírez, la pelota se encontraba este martes en el tejado del Gobierno canario, que desde el momento del anuncio ha evitado manifestarse de manera pública, postura en la que se mantuvo este martes en respuesta a la petición de este periódico. El presidente del Las Palmas se mantiene a la espera: “Le he dicho al Gobierno de Canarias, que es del PSOE, que, por favor, hable con el Gobierno central, que es del PSOE, y que dejen claro si va a haber conformidad o no. Si me dicen que no se va a aceptar, yo no lo presento. El Gobierno canario ha quedado en que en los próximos días me diría el sentir del Gobierno central”.
Fuentes del Gobierno lo descartan. Señalan que sería injusto que unos clubes pudieran jugar en sus estadios con público y otros no en función de la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma. Es la misma línea que se traslada desde el Consejo Superior de Deportes: “No parece lo más adecuado para preservar la integridad de la competición”, dicen fuentes del organismo presidido por Irene Lozano. “En esto no va a haber una desescalada asimétrica”.
El decreto de la prórroga del estado de alarma que ha enviado el Gobierno al Congreso para que se apruebe mañana deja en manos de los presidentes autonómicos las decisiones en la fase 3. Teóricamente habilitaría al presidente canario para permitir el público en los estadios cuando toda su comunidad entre en fase 3. Sin embargo, el Ejecutivo, pese a entregar este poder a las autonomías, confía en el sentido común y cree que no se tomará de momento una decisión como esta.
Las conversaciones políticas al más alto nivel para tratar de desactivarlo eran este martes inminentes. Si Canarias insistiera en llevar adelante la iniciativa del Las Palmas, desde el Gobierno están convencidos de que la LaLiga la frenaría.
Equipos a la espera
Varios clubes de comunidades autónomas que ya se asoman a la fase 3 se encontraban este martes también a la espera del desenlace para, en su caso, abrir negociaciones con sus gobiernos autonómicos y permitir público en sus estadios. Después de escuchar al presidente del Las Palmas el lunes, se dirigieron a LaLiga, que les aseguró que el empeño no podría salir adelante.
El mismo sábado la patronal había remitido a los 42 equipos de Primera y Segunda una circular que explicaba las implicaciones para su actividad de las últimas modificaciones legislativas. El documento incluía varios artículos de la orden SND/414/2020, de 16 de mayo, todavía vigente. Como el 41. 2: “La competición se reanudará sin público y a puerta cerrada. Se permitirá la entrada de medios de comunicación para la retransmisión de la competición”.
Sin embargo, el decreto enviado al Congreso dice que “la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente de quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada”.
Pese al resquicio legal abierto en la fase 3, el mismo cabildo de Gran Canaria, dueño del estadio, ya veía este martes lejanas las opciones de que el recinto acoja público la semana que viene. “Esta propuesta ya no tiene recorrido”, admitía a este periódico Antonio Morales, presidente el cabildo.
Mientras, Ramírez insiste en que su propuesta contribuiría a enviar el mensaje de que “Canarias ya ha vuelto a la normalidad” y ayudaría a reactivar el turismo. Aunque anticipa también una corta vida para su plan: “La UD Las Palmas no va a generar ningún conflicto con ninguna institución. Si la comunidad de Canarias tiene la competencia y lo aprueba, pero no está de acuerdo el CSD, yo no lo hago. No quiero líos”.
