Cómo dimensionar la pederastia en la Iglesia Católica

Tres organizaciones iniciaron el fin de semana pasado distintas campañas de envíos masivos a esta defensora. Por la vía de replicar muchas veces las mismas peticiones pretenden la rectificación de información, aunque esta presión lo único que consigue es sepultar otros mensajes. Una de esas quejas ha llegado también por medio de algunos lectores, que cuestionan cómo reflejó el periódico el informe que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó en el Congreso. En él, estima que el 1,13% de la población adulta española ha sufrido abusos en la infancia en ámbitos religiosos. La noticia se publicó a finales de octubre, pero los reproches han surgido justo en la semana en la que la Conferencia Episcopal Española (CEE) viajaba al Vaticano convocada por el Papa.

La demanda principal de estos lectores replica la crítica que el presidente de la CEE, Juan José Omella, hizo a la extrapolación que varios medios realizaron sobre el porcentaje expuesto por Gabilondo, a la que tildó de “intencionada y errónea”. En EL PAÍS se publicó con este titular: La investigación del Defensor del Pueblo estima en 440.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española.

“No hace falta ser un experto en demoscopia y estadística para afirmar que tal proyección es un despropósito”, repiten varios correos de idéntico enunciado. “Dejen de publicar la aludida información porque constituye un engaño”. “Esta cantidad se obtiene a partir de un burdo cálculo matemático”, afirma en un correo el lector Francisco Vicente Toral. “Aparte de introducir un elemento de poca seriedad al artículo (no hay experto en estadística que lo sostenga), parece más propio de la prensa sensacionalista”.

Ninguno de los cuatro expertos en encuestas consultados cree que sea un error garrafal hacer una extrapolación de un porcentaje. Se hace, por ejemplo, en la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, que cada trimestre cuantifica el número de personas con empleo. Lo que ocurre es que sociológicamente hay tantos matices cuando se habla de víctimas de abusos a lo largo de seis décadas que es complicado dar en el clavo.

“Traducir los porcentajes en un número absoluto de personas es algo rutinario”, afirma Kiko Llaneras, periodista de datos de EL PAÍS. “En este caso sería algo así: según el estudio del Defensor del Pueblo, alrededor del 1% de encuestados dice haber sufrido abusos en el ámbito religioso (91 personas de 8.013); y esa proporción, teniendo en cuenta el censo español, se traduce en unas 440.000 personas. Si añadimos un margen de error, podemos decir que entre 350.000 y 530.000 personas afirman haber sufrido abusos sexuales”.

En la información, se advertía al lector de que la cifra procedía de un cálculo elaborado por el periódico y se exponían los datos usados en esa operación. Por ejemplo, que la base eran los 38,9 millones de empadronados en España en 2022, de entre 18 y 90 años (franja de edad que abarca la encuesta). También avisaba el texto de que el informe del Defensor no recoge una cifra de los afectados y de que Gabilondo eludió hacer el cálculo en números absolutos en su comparecencia ante la prensa en el Congreso.

Íñigo Domínguez, uno de los dos periodistas de EL PAÍS que firmaban la información, defiende que se hiciera una extrapolación para dimensionar el drama. “Los medios se pasan el día traduciendo en cifras las encuestas para hacerlas comprensibles”, recuerda. “Si un sondeo dice que al 20% de los españoles les gusta el color verde, eso son aproximadamente nueve millones de personas. Nadie lo discutiría. Aquí el problema es el asunto que se trata”.

El reportero explica que Gabilondo no quiso hacer extrapolaciones, porque “es el núcleo del problema, lo que la Iglesia más teme y lo que iba a discutir: de cuánta gente estamos hablando”. Pero recuerda que en el informe el defensor justificaba así la idoneidad de hacer una encuesta: “Cuantificar la dimensión del problema es siempre una necesidad si se quiere conocer la relevancia y alcance de un fenómeno que es social y no solo individual”. Y añadía el informe: “La necesidad de disponer de datos cuantitativos deriva además de que con frecuencia se ha negado, desde ciertos actores (en general sin aportar datos), que los abusos en el seno de la Iglesia católica representen un problema muy extendido”.

“Cualquiera entiende que medir con exactitud un fenómeno de victimización es complicado, con encuestas y con cualquier instrumento”, añade Llaneras. “Pero estas dificultades multiplican el valor del trabajo de los compañeros del periódico que han investigado los abusos y aportaron una evidencia que es la principal prueba de la magnitud del fenómeno”.

Un equipo de EL PAÍS ha investigado desde octubre de 2018 más de 500 casos de abusos, tras recabar el testimonio de centenares de víctimas, que han sido recogidos en cuatro informes entregados periódicamente a la CEE, al Defensor del Pueblo y al Vaticano entre 2021 y 2023. Además, abrió una base de datos que se actualiza con cada caso que sale a la luz.

“Hay un gran peso de casos en los que no hemos podido ir más allá del testimonio de la víctima y comprobaciones muy básicas, como que coincidan las fechas o exista el lugar”, afirma Julio Núñez, uno de los autores de la investigación. A veces porque el afectado no quiere continuar o porque la Diócesis donde se produjeron los hechos no responde a la petición de información. Por eso, el periódico hizo una recopilación y se la entregó al Papa. La razón es que el pontífice ordenó en 2009 a la jerarquía eclesiástica que debe abrir un proceso de indagación de todas las denuncias de las que tengan conocimiento. Automáticamente, la Iglesia abrió una investigación de esos casos.

El periodismo que ejerce EL PAÍS consiste en aportar todos los elementos que ayuden a ponderar los hechos. En este caso, las explicaciones y el lenguaje utilizado ―el verbo principal del titular era estimar― son una prueba de la transparencia ante los lectores y demuestran que no había una intención de manipular la información o de difamar al conjunto de la Iglesia. Fue un ejercicio periodístico de contextualización en un drama en el que cobra relevancia cuantificar el número de afectados de la pederastia en la Iglesia ―ya que esta institución no lo hace― ante quienes sistemáticamente niegan su existencia o los minimizan. La estimación realizada era una de las muchas fórmulas posibles de dimensionar el problema de la pederastia.

Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).