Fertiberia obtiene vía libre para enterrar las balsas de fosfoyesos junto a Huelva tras 13 años de pleito

Las balsas de fosfoyesos junto a la ciudad de Huelva serán finalmente enterradas y no trasladadas, tras obtener este lunes la autorización ambiental integrada por parte de la Junta de Andalucía (PP), el trámite que da vía libre al plan de la empresa responsable, Fertiberia. Con este permiso comienza la cuenta atrás para que los 120 millones de toneladas de depósitos tóxicos de fosfoyesos y metales pesados sean enterradas bajo una capa de un metro de tierra y arcilla.

La costosa operación ha suscitado muchas dudas entre los científicos por el riesgo de que la contaminación se prolongue durante décadas a menos de 500 metros de una población de 150.000 habitantes, ya que está ubicada en plena ría y, por tanto, sometida a las mareas. La resolución coincidió con el día mundial del Medio Ambiente.

El visto bueno del Ejecutivo autonómico llega casi tres años después de que el Ministerio para la Transición Ecológica diera una primera autorización —declaración de impacto ambiental favorable— y tras 13 de la sentencia de la Audiencia Nacional que obligaba a la empresa a frenar los vertidos y solucionar el problema. Más tarde, hace un año, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avaló que el riesgo de contaminación radioactiva era mínimo una vez se enterraran los desechos. Los residuos tóxicos se vertieron durante décadas por la empresa, derivados de su producción de ácido fosfórico para fertilizantes entre 1968 y 2010, acumulados a escasos metros del mar.

Tanto la Junta como el Gobierno han ignorado las advertencias de los científicos, que ven un riesgo de colapso en las balsas y un “rápido hundimiento asimétrico” que no contempla el plan para cubrir con una alfombra verde los metales pesados. El comité de 20 científicos alertó del sobrepeso de los residuos junto al mar y de un riesgo sísmico medio-alto, en tres informes emitidos por expertos del Instituto Geológico y Minero (CSIC), el ISGlobal y las universidades de Granada, Cádiz y Huelva, entre otros organismos.

La decisión de la Junta implica que Fertiberia comience ahora las obras para enterrar las balsas con una inversión de 60 millones en el proyecto denominado Restore 20/30, que se prolongará una década, según avanzó en un comunicado la compañía. A partir de ahora solo falta la licencia de obras que concederá previsiblemente el Ayuntamiento de Huelva. Fertiberia avanza que empleará a más de un centenar de operarios para la ejecución del proyecto.

“Que salga la resolución cuatro días después de las elecciones demuestra que es una decisión política y no técnica. El ministerio se ha quedado fuera de la autorización ambiental integrada porque se ha autoexcluido para no mojarse, a pesar de que para la zona cuatro exige la recuperación de la marisma. El mismo técnico del ministerio que lo exigió para la zona cuatro no lo hizo para las zonas dos y tres. Es incongruente”, critica Juan Manuel Buendía, presidente de la Mesa de la Ría. Para este partido político, el ministerio ha ignorado su obligación de proteger la marisma, que está “sentenciada de muerte”, y así se lo comunicó a la Audiencia Nacional. “Es una broma macabra y un insulto a los onubenses la autorización de la Junta en el día mundial del Medio Ambiente”, critica Buendía.

El Gobierno andaluz considera que el proyecto de Fertiberia es “adecuado”, pero la empresa deberá presentar un plan de vigilancia y control “del medio receptor” afectado por la restauración de los apilamientos, en el plazo de tres meses, para así evaluar la situación inicial de las obras y sus fases posteriores. Además, otros planes que tendrá que aportar la compañía deberán evaluar el control de las aguas subterráneas y el estado del sellado de las balsas mediante prospecciones geofísicas, entre otras medidas.

Los científicos advertían de que el enterramiento supone una herencia contaminada para las próximas generaciones, que sufrirán su impacto y nunca podrán recuperar las marismas afectadas por las balsas. La recopilación de datos tras las investigaciones de los expertos demuestra que los vecinos que viven más cerca de los apilamientos presentan más restos de zinc, arsénico, selenio y molibdeno en sus uñas que los onubenses de otros barrios.

El último informe de conclusiones que los investigadores entregaron al Ayuntamiento de Huelva el pasado verano advertía de que el plan de restauración carecía de estudio sísmico propio; tenía una caracterización geológica incompleta de los materiales de la cimentación y base de las balsas; su modelo de funcionamiento hidrogeológico era incorrecto al no relacionar las aguas subterráneas, las superficiales y la balsa de fosfoyesos; y no evitaba el flujo y transporte de contaminantes hacia el medio ambiente.

Los expertos identificaron 60 salidas de líquidos “altamente contaminantes” hacia la marisma con valores de Ph De 1.94 [mucho más ácida que el agua del estuario, cuyo Ph está entre 4 y 8]. Tanto Fertiberia como la Junta denegaron a los científicos datos para ampliar su conocimiento y conocer el impacto en la salud de las personas, a pesar de que estaban obligados a darlos.

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