De Doñana al mar Menor y al Canal Roya: ocho puntos calientes para el medio ambiente tras el vuelco electoral

El Parque Nacional de Doñana, uno de los más preciados humedales europeos, entra de nuevo en el foco electoral. El PP y Vox defienden una proposición de ley para ampliar regadíos en el entorno de la reserva, una propuesta que cuenta con la oposición de la Comisión Europea, la Unesco, el Gobierno de España y la comunidad científica. Los populares congelaron la tramitación exprés hasta después de las elecciones municipales para evitar ruidos innecesarios, pero no podrán sortear la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio. Si los planes del grupo popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía, se cumplen, la ley puede estar aprobada el 26 de julio, tres días después de los comicios, o en septiembre, cuando se inicie el nuevo periodo de sesiones.

La propuesta da derechos de agua a los nuevos regantes (muchos de ellos ya lo hacen de manera ilegal), aunque es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, la que tiene la manija legal del grifo. Esta semana el PP ha amagado con dejar fuera del trámite de audiencia a algunas voces críticas, como la del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro, aunque tras la enorme polémica los populares sostienen que rectificarán. En septiembre, el comité del patrimonio mundial de la Unesco decidirá si incluye a Doñana en su lista de enclaves en peligro. Desde Alemania se ha organizado una visita de parlamentarios que analizarán sobre el terreno el uso del agua en el entorno de Doñana. Y sobre España sobrevuela una denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE que podría terminar en sanción por no proteger adecuadamente este espacio natural. 

El vuelco político en la Comunidad Valenciana, donde el PP ha sido el partido más votado, se produce con la ampliación norte del puerto de Valencia sin resolver. Los diques que delimitan la obra se acabaron en 2011 y ahora sigue a su abrigo la construcción de la futura terminal de contenedores, que tendrá 137 hectáreas de superficie, 1.970 metros de línea de atraque y un calado de 20 metros. Duplicará la capacidad del recinto portuario en el tráfico de contenedores.

La obra debía licitarse a lo largo de 2023 pero el Consejo de Ministros lleva cinco meses sin aprobar la autorización de unas obras valoradas en 540 millones de euros para no agrandar más las diferencias entre los socios del Gobierno autónomo del Botànic (PSOE, Compromís y Unides Podem) antes del 28-M. Los socialistas la han defendido siempre que la respaldara una declaración de impacto ambiental, mientras Compromís y Unides Podem, la han rechazado por su afección a las playas y al parque natural de La Albufera. Estos últimos exigían, al menos, una nueva declaración ambiental, más acorde con la realidad que la última y favorable de 2007, sobre todo, por la situación de emergencia climática y los cambios del proyecto original. El PP se ha mostrado siempre favorable a la obra y con el cambio político los únicos obstáculos para sacarla adelante son la aprobación del Gobierno y una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, instada por un colectivo de asociaciones vecinales y ecologistas, la comisión Ciutat-Port, que suspende cautelarmente una orden del Ministerio para la Transición Ecológica que permitía al puerto decidir por sí solo si era necesaria o no una nueva evaluación de impacto ambiental.

La victoria del PP en numerosos ayuntamientos (en algunos, junto a Vox) deja en el aire algunas medidas para lograr una movilidad más sostenible. La principal se refiere a las zonas de bajas emisiones, que deben instaurarse este año en más de 150 localidades: la ultraderecha está en contra, mientras que el PP se ha opuesto a algunas de ellas (como en Castellón y Valladolid). Aunque deben crearse por ley, el riesgo es que se hagan descafeinadas o muy pequeñas (como acaba de hacer Zaragoza). 

Jesús Julio Carnero, candidato del PP por Valladolid, ha sido elegido con la promesa de revertir carriles bici y carriles bus y devolverle ese espacio al coche (algo que hizo ya Almeida en su primer mandato en Madrid). A estas ciudades se suma Rivas Vaciamadrid, donde el partido ha frenado la ZBE (zona de bajas emisiones) y pretende eliminar los nuevos carriles bici, igual que se propone en Elche (Alicante).  En Valencia, apuestan por reducir el carril bus de la céntrica calle Colón. En Palma de Mallorca, el PP ha paralizado el tranvía previsto para esta legislatura, se ha manifestado contra algunos carriles bici y pretende acabar con el límite de 80 kilómetros por hora en la circunvalación urbana.

La política energética y de lucha contra el cambio climático viene en gran medida fijada desde la Comisión Europea y los compromisos que tiene adquiridos España por los tratados medioambientales internacionales. Lo que no quiere decir que las decisiones en el ámbito local, regional y nacional no influyan. El debate sobre los grandes proyectos de parques eólicos y solares recorre algunas zonas rurales desde hace algunos meses. Pero el movimiento de oposición es tan heterogéneo que es muy complicado generalizar también qué impactos tendrán los cambios de gobierno en ayuntamientos y comunidades autónomas. 

"La implantación de renovables en Andalucía, con un Ejecutivo del PP, no ha sido muy diferente a la de la mayoría de comunidades del PSOE", sostiene Pedro Fresco, experto en políticas de impulso a las renovables. "Otra cosa es la influencia que pueden tener las fuerzas más a la derecha del PP", añade en referencia a Vox. En lo que sí coinciden muchos expertos es en que la gran batalla sobre el modelo de implantación de renovables (y energética) se librará con las elecciones generales. En juego está si se apuesta más por las comunidades energéticas, cómo se desarrollará el autoconsumo, si se le da otra oportunidad a la nuclear, si hay mayor margen para el gas... Asuntos que están en gran medida en manos del Gobierno central.  

Para gobernar en Murcia, el popular Fernando López Miras, necesita la abstención de Vox, que ha conseguido nueve diputados, cinco más que en la anterior legislatura. Y la extrema derecha no lo va a poner fácil en lo que respecta al mar Menor. Vox ha indicado en diferentes ocasiones que no llegará a acuerdos si el PP no reforma o deroga la Ley de Recuperación y Protección del mar Menor, que se aprobó en julio de 2020 con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos.

Los populares responden a EL PAÍS que ellos no están dispuestos a cambiar nada de esa norma, que incluye, por ejemplo, la prohibición y restricción del uso de fertilizantes y nuevos invernaderos en una franja de 1.500 metros en torno a la laguna o acabar con los regadíos ilegales. El mar Menor ha perdido su equilibrio y sufre crisis periódicas debido a la eutrofización (un aporte excesivo de nutrientes inorgánicos) que le ha provocado, sobre todo, los fertilizantes utilizados por la agricultura que se filtran a la laguna.

El posible cambio en Aragón (donde el PP puede hacerse con el Gobierno con el apoyo de Vox) no afecta a la apuesta por el sector de la nieve que aparecía ya en la agenda de los socialistas. Y, en particular, a la polémica unión de las estaciones de esquí de Formigal y Astún. Pero esto se haría, puntualiza un portavoz de los populares, con los informes ambientales correspondientes y un consenso social amplio.

El proyecto de unión de estos dos resorts alpinos del Pirineo oscense, con un teleférico que atravesaba el valle glaciar de Canal Roya, fue uno de los que más quebraderos de cabeza ocasionó al Gobierno del socialista Javier Lamban, que ha perdido las elecciones autonómicas de hace una semana. La actuación, con un coste de 26,4 millones de euros y en la que los fondos europeos eran claves, desencadenó un fuerte rechazo social debido a su afección ambiental. La Diputación Provincial de Huesca, que impulsaba este proyecto, renunció este mayo a la actuación por la imposibilidad de cumplir los plazos, pero manteniendo la idea de que se debería retomar lo antes posible.

Si logra atar los pocos cabos que le quedan sueltos para convertirse en el nuevo alcalde de Barcelona, Xavier Trias tendrá en su mano abortar algunas de las iniciativas que puso en marcha su antecesora Ada Colau –él la califica de "fracaso"–, e impulsar proyectos que considera clave para la ciudad. La gestión del aeropuerto de Barcelona El Prat escapa de las competencias municipales, pero la ampliación de la infraestructura se ha convertido en un tema de bandera durante la campaña.

Aena siempre dijo que no era baladí poder contar con el apoyo del consistorio para su plan de expansión aeroportuaria. Ada Colau cerró la puerta a respaldar un proyecto que, si bien implica una inversión de 1.700 millones de euros y la construcción de una nueva terminal, invade una zona virgen del delta del Llobregat, La Ricarda, un espacio de alto valor ecológico. Trias, lo mismo que el PSC o el PP, defiende que hay que encontrar la manera de agrandar el aeropuerto, con el fin de elevar la capacidad de la instalación más allá de los 55 millones de viajeros, un tope que ya prácticamente se rozó antes de la pandemia. Trias comparte el argumento de Aena, apuntando que no se trata solo de una herramienta para el turismo, sino que tiene que permitir captar más ferias y congresos, mejorar la conectividad de la ciudad y su posicionamiento, y que las empresas puedan escoger Barcelona para situar sus sedes.

El PP de María Guardiola, que gobernaría Extremadura con el apoyo de Vox, asegura que la presa de Valdecaballeros se queda. Además, van a exigir al Estado "que anteponga las necesidades de los extremeños al proteccionismo medioambiental exacerbado, evitando la destrucción de presas y azudes", responden los populares a EL PAÍS. El Ministerio para la Transición Ecológica decidió demoler la infraestructura tras la renuncia de Endesa e Iberdrola a la concesión, porque la presa no ha funcionado nunca debido al parón nuclear que dejó a medias la central a la que iba asociada. El anuncio generó un fuerte rechazo vecinal al que se unió el Gobierno socialista. Ante esta situación, la ministra Teresa Ribera anunció que daban marcha atrás, sin especificar nada más. Falta por conocer, por ejemplo, quien se hará cargo de su mantenimiento. 

Las asociaciones conservacionistas defienden que el río vuelva a fluir en un ecosistema natural al que regresarían las especies autóctonas y recuerdan que la Unión Europea tiene como objetivo para 2030 recuperar 25.000 kilómetros de ríos en los países europeos para que fluyan libres.