El Gobierno carga contra el presidente de la Junta por Doñana: “Desde su arrogancia de señorito está haciendo un daño inmenso a los andaluces”

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha cargado contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y contra las intenciones de PP y Vox de sacar adelante una ley autonómica para regularizar alrededor de mil hectáreas ilegales de regadío en el entorno del espacio natural de Doñana. “Desde su arrogancia de señorito está haciendo un daño inmenso a los andaluces”, ha lamentado Ribera en unas declaraciones en La Sexta. En su opinión, no se trata de un caso de “ignorancia”, sino de “mala fe”. “El PP está fuera de control”, ha lamentado por su parte el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, este miércoles, cuando esa norma ha comenzado su tramitación en el Parlamento regional gracias a los votos de la derecha.

La vicepresidenta Ribera ha admitido estar muy enfadada por los planes del Ejecutivo andaluz. Ha explicado que en las últimas semanas ha estado en contacto con el Gobierno andaluz para advertirle de que no siguiera adelante con esa norma. Su departamento ha dejado claro que acudirá al Tribunal Constitucional para frenar esa ley si finalmente sale adelante, según han vuelto a repetir este miércoles fuentes del Ministerio de Transición Ecológica. Y, si el Ejecutivo recurre, algo que solo puede hacer una vez que se publique en el Boletín Oficial, esa norma se paralizaría cautelarmente durante al menos cinco meses en el momento que el recurso sea admitido por el tribunal.

La legalización de estas hectáreas ilegales va contra los intereses de Doñana, según han denunciado los grupos ecologistas y numerosos científicos, ya que, lejos de reducir la presión que sufre el acuífero del que vive este emblemático espacio andaluz, puede empeorar su situación. Esta misma semana, los expertos de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del CSIC, presentaron un informe de situación demoledor en el que advierten del “insostenible punto crítico” que atraviesa la reserva por la “inacción ejecutiva” de los políticos. Estos expertos han exigido a la derecha andaluza (PP y Vox) que retiren su proposición de ley para aumentar los regadíos de agricultura intensiva cercanos al parque, por mentir y crear “falsas expectativas”.

Además, la Comisión Europea advirtió a finales de marzo de las consecuencias que puede tener la aprobación de esa legalización. La directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, envió un escrito al Gobierno de España en la que advertía de que si sale adelante esa proposición, la Comisión no dudará en adoptar “todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impusieran sanciones pecuniarias”.

Pero el PP y Vox han iniciado la tramitación de esta norma, por la vía de urgencia, este miércoles en el Parlamento regional, y Bruselas ha vuelto a insistir en sus amenazas. Un portavoz comunitario ha señalado a EL PAÍS: “La Comisión no dudará en tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que España cumple con la sentencia del TJUE”. Este portavoz se refiere al fallo del Tribunal de Justicia de la UE que ya condenó a España por no garantizar el buen estado de Doñana debido a la presión sobre los recursos hídricos que ejerce la agricultura y el núcleo turístico de Matalascañas, encajonado dentro de este espacio protegido.

Pero aquella sentencia de 2021 no acarreó una sanción. Si la Comisión decide volver a denunciar ahora el caso, esta vez sí pediría multas. “¿Va a pagar de su bolsillo el señor Moreno?”, se ha preguntado Ribera este miércoles. “Está muy bien no tener miedo cuando paga otro”, ha añadido. “Es como asar salchichas quemando los cuadros del Museo del Prado”, ha dicho la vicepresidenta sobre ese plan para legalizar los regadíos del entorno de Doñana, que ha calificado como una “arrogancia del señorito que dispara con pólvora del rey”.

Mientras, desde el Ejecutivo andaluz se defiende que su proposición de ley no permitirá extraer agua del acuífero, aunque sí que convertirá en regables suelos que hoy no lo son y abrirá la puerta para que cientos de agricultores reclamen aguas superficiales a la confederación hidrográfica.

En la carta que envió la Comisión a España en marzo se daba un mes al Gobierno para contestar sobre los planes del Gobierno andaluz. Y en este momento Bruselas sigue “evaluando las observaciones enviadas por España”. Mientras, la eurodiputada de Izquierda Unida Sira Rego ha presentado una denuncia también ante la Comisión pidiendo a Bruselas que “intervenga para evitar el perjuicio drástico e irreversible” que sufrirá Doñana si se aprueba la legalización de esos regadíos.

Y los grupos ecologistas han vuelto a salir en tropel ante las intenciones del PP y Vox. La organización WWF califica esa propuesta como la “ley anti-Doñana” y ha advertido de que también “pondrá en conocimiento de la Comisión Europea y de las autoridades internacionales este nuevo paso que constituye una violación flagrante” de aquella sentencia de 2021. “Empeorará el delicado estado de conservación en el que se encuentra Doñana”, ha señalado WWF.

Greenpeace, por su parte, entiende que la norma “indulta décadas de robo sistemático de agua en el parque nacional de Doñana y alienta nuevos saqueos”. “Esta nueva ley de regadíos de la Junta de Andalucía es un atropello legislativo que pone en peligro la supervivencia de uno de los espacios naturales más valiosos del mundo”, ha protestado la directora de Greenpeace España, Eva Saldaña. “Exigimos al Gobierno andaluz que frene este despropósito, que solo es concebible como un reclamo electoralista y cortoplacista”, ha añadido.

Puedes seguir a CLIMA Y MEDIO AMBIENTE en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal