El PSOE andaluz se abre a indemnizar a los agricultores del entorno de Doñana
El líder de la oposición, Juan Espadas, pide al presidente de la Junta la retirada de la proposición de ley sobre ampliación de regadíos por ser “ilegal”
Al contrario de lo que ocurrió la legislatura pasada, el PSOE andaluz mutará su abstención por un no cuando el Parlamento autónomo vote la semana próxima una proposición de ley del PP y Vox para ampliar las zonas regables en el entorno de Doñana. Los socialistas andaluces apuestan por el diálogo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central y resolver “caso a caso” la situación de aquellos agricultores que esgrimen “derechos históricos” no reconocidos, según ellos, en el Plan Especial de Ordenación de Regadíos del Condado de Huelva aprobado por decreto en 2014.
El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha pedido este lunes al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, la retirada de esa iniciativa por considerarla “ilegal”, al tiempo que se ha abierto a indemnizar a los agricultores con derechos de agua como se ha hecho “en otras ocasiones” para garantizar el agua del Parque Nacional.
La vía de comprar fincas agrícolas no es nueva. Ya ocurrió en 2015 cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente con el Gobierno del PP, adquirió por 35 millones de euros las 1.000 hectáreas de la finca Los Mimbrales, en el término municipal de Almonte (Huelva). A preguntas de los periodistas, Espadas ha recordado el “acuerdo para adquirir fincas” en el pasado, aunque ha dicho “no prejuzgar” ninguna solución. Entonces se pagó 35.000 euros por hectárea.
La compra de terrenos está prevista en el plan de choque presentado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en noviembre de 2022 en Almonte para salvar a Doñana de su creciente declive. De los 356 millones de euros previstos para preservar a la reserva natural de su deterioro ambiental, el Gobierno dibuja 100 millones para comprar fincas agrícolas con derechos de agua cuyos propietarios estén dispuestos a vender. El Gobierno puede comprar una finca entera, de secano o de regadío, o adquirir solo los derechos de agua para cambiar el uso del suelo de regadío a secano, o también podría permutar las tierras por otras en la cuenca del Guadalquivir.
La vía de la expropiación de tierras no es algo que suene extraño en la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que dirige el también portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco. Aunque esa salida no está planteada formalmente, sí se baraja como hipótesis, según fuentes de la consejería.
Espadas ha aventurado que la proposición de ley de PP y Vox plantea un “callejón sin salida” que provocará un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central, “una campaña en contra de los productos de fruto rojo” y una sanción de la Unión Europea, como ya anticipó el pasado 17 de marzo, la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink Hooijer. En una carta enviada al Ejecutivo central, la representante europea advertía de que si la proposición de ley que regularizaría esos cultivos ilegales sale adelante, la Comisión no dudará en adoptar “todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impusieran sanciones pecuniarias”.
La iniciativa legislativa de PP y Vox saldrá adelante porque ambos grupos reúnen la mayoría absoluta de la Cámara. El secretario general del PSOE andaluz sostiene que la proposición de ley genera “una absoluta falta de seguridad jurídica”. En su opinión, la propuesta incurre en varias “ilegalidades” como no contar con la opinión del Consejo de Participación de Doñana, cuyo presidente ha convocado una reunión para el próximo lunes. También destaca el informe de la letrada del Parlamento de Andalucía que plantea reparos jurídicos a la proposición de ley al estimar como no “justificado” ni “razonable” la utilización de esta vía para modificar el decreto de 2014. Tampoco existe un informe del Gobierno andaluz a favor o en contra de la tramitación de la propuesta, algo que no suele ser habitual, pero no es obligatorio. “Hay que parar este dislate y no utilizar esto como una campaña para que lo voten”, ha subrayado Espadas.
El mismo día en el que se aprobará la iniciativa de PP y Vox, el Parlamento debatirá una proposición no de ley del PSOE, pactada en todos sus extremos con el Ministerio de Transición Ecológica, en la que se propone la creación de una comisión bilateral Junta-Gobierno central para tratar todo lo que afecte al Parque Nacional, entre ellas, la “ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes”.
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