La explosión sin precedentes de las renovables: más de 1.400 proyectos en camino

Todos los expertos consultados para este reportaje coinciden: no hay precedentes de una explosión renovable como la que se espera en los dos próximos años en España. ¿La razón? El visto bueno ambiental de las comunidades autónomas y el Gobierno a más de 1.400 proyectos de eólica y, sobre todo, solar. Esta nueva oleada se une a lo ya instalado durante los dos últimos años, que también han sido de récord para la fotovoltaica, la tecnología que está viviendo el momento más dulce. Esta rápida y masiva expansión está ayudando a España a desengancharse de los combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático, y a obtener una electricidad más barata. Pero, a la vez, está causando tensiones derivadas de la competencia por el suelo o los impactos paisajísticos y en la biodiversidad, lo que está acrecentando un cierto movimiento de rechazo en algunas zonas rurales.

A la lucha climática se une la obligación que se ha fijado la Unión Europea de alejarse del gas y el petróleo de Rusia tras la invasión a Ucrania. Bruselas ha marcado el camino de forma cristalina: más renovables aún más rápido y eficiencia energética. Y en eso está la UE: en 2022, la eólica y la solar generaron una quinta parte de la electricidad de Europa (22%), superando por primera vez al gas (20%) y el carbón (16%), según el balance de los analistas internacionales de Ember. España fue, tras Alemania, el país de la UE que más energía solar produjo: aumentó un 21% respecto a 2021. En el caso del viento, donde la potencia instalada es mayor pero su ritmo de expansión es mucho más modesto, también fue la segunda nación que más electricidad volcó en la red, por detrás de Alemania.

Todo eso es ya el pasado. EL PAÍS intenta adentrarse en el futuro inmediato, en lo que se vivirá los dos próximos años en España, uno de los países del mundo más atractivos para invertir en renovables. Para ese viaje en el tiempo la mejor ruta es analizar las evaluaciones ambientales de los proyectos ya aprobados, una información que en muchas ocasiones hay que extraer con sacacorchos de los boletines oficiales. El aval ambiental es imprescindible para que un proyecto salga adelante.

Cuando los proyectos superan los 50 megavatios (MW) de potencia, lo que comúnmente se conoce como macroparque, es la Administración central la encargada de conceder o no los permisos. En estos momentos, hay 25 de estas grandes instalaciones en funcionamiento: 18 fotovoltaicas y siete eólicas. Pero, desde enero de 2022 y hasta este viernes, el Boletín Oficial del Estado ha publicado las declaraciones de impacto ambiental favorables de otros 182 macroproyectos (161 solares y 21 eólicos). Si todos salen adelante supondrá multiplicar por siete los macroparques.

En el caso de los proyectos de menos de 50 MW, de cuya tramitación se encargan las autonomías, hasta el 25 de enero —la fecha límite para desatascar la tramitación de centenares de ellos fijada por el Estado— los gobiernos regionales habían dado el aval ambiental a otros 1.236 parques más, según los datos facilitados por 16 de las 17 autonomías: todas salvo Aragón, la única que no ha querido ofrecer esta información. En total, sumando los permisos de todas las Administraciones, se trata de 1.418 instalaciones con una potencia conjunta de 68.856 MW. Es más de lo que hay instalado en España de fotovoltaica y eólica juntas ahora, que ronda los 50.000 MW. La mayoría de todos esos nuevos proyectos debería estar en funcionamiento para junio de 2025, según el calendario establecido por el Ministerio de Transición Ecológica. Un bum en toda regla.

“Hay que ver cuánto de eso acaba construyéndose, pero la realidad es que nunca ha habido tantos proyectos grandes en marcha. España ya es un país líder en renovables y todas estas declaraciones de impacto ambiental aprobadas van a consolidar aún más su posición”, apunta Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de BeBartlet.

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, recuerda en declaraciones a este diario que la mayoría de los proyectos que han recibido la declaración de impacto ambiental favorable “deben modificarse y aplicar medidas compensatorias para ejecutarse”. Tras ese aval, los promotores deben lograr la autorización inicial, la de construcción y, por último, la de funcionamiento. “No sabemos cuántos asumirán estas exigencias y seguirán adelante”, añade Aagesen, quien insiste en que lo que “se materialice será excelente con el medioambiente y con el territorio”. De momento, según los datos recabados por EL PAÍS, 21 de los 182 macroparques en cartera del Gobierno central ya han logrado la autorización inicial o la de construcción. Pero, en algunos casos, las condiciones impuestas en el proceso ambiental —como reducción de potencia y superficie o compensaciones— o la financiación —la subida de tipos ha complicado mucho las cosas— pueden truncar las cuentas y dejar el proyecto en la cuneta. “Aquellos en los que antes los números salían justitos, ahora pueden no salir”, admite el jefe de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso.

La consejera extremeña de Transición Ecológica, Olga García, considera que ese no será el caso de los 140 proyectos (3.657 MW) a los que esa autonomía ha concedido el permiso medioambiental. “Prácticamente todo eso va a salir adelante por el trabajo previo que hemos hecho con los promotores”, sostiene García, que no oculta que las renovables son una de las prioridades que se ha fijado su Gobierno. “No solo son beneficiosos en la lucha contra el cambio climático, sino también en la generación de empleo y de riqueza”, argumenta. En Extremadura, García defiende que la implantación de la solar está siendo bastante pacífica. Pero en otros territorios no está sucediendo lo mismo.

Conflicto

“Se está empezando a crear una coalición del no a la que se unen algunos partidos: es un riesgo a la misma altura del negacionismo climático directo”, advierte Pedro Fresco, ex director general de Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana destituido por Compromis tras imponerse en ese partido la corriente que aboga por poner freno al desarrollo de los grandes parques. “Si estos movimientos tienen tanta tracción es precisamente porque no estamos sabiendo explicar por qué esto es tan importante para todos. No para las empresas, sino para toda la sociedad”, desliza.

El antropólogo y profesor de la Universidad de Búfalo (Nueva York) Jaume Franquesa conoce bien los movimientos de oposición a las renovables. De eso trata su último libro —Molinos y gigantes. La lucha por la dignidad, la soberanía energética y la transición ecológica (Errata Naturae)—, en el que analiza este fenómeno en Cataluña, una de las comunidades más retrasadas en el despliegue de energías limpias. En su opinión, el caldo de cultivo del creciente rechazo a estas tecnologías es una “sensación de agravio” en las áreas rurales: “Lo que hay en la llamada España vaciada es una sensación de abandono que precede a las renovables; hay una sensación de que siempre les tiene que tocar a ellos”, apunta Franquesa. “Uno de los fracasos de la España democrática es que la distancia entre el campo y la ciudad se ha acrecentado”.

Buena parte de la oposición se ha aglutinado alrededor de la plataforma Aliente, en la que confluyen multitud de movimientos de distinta índole. Una de las organizaciones que forman parte de esa plataforma es la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Su presidente, Gerardo Báguena, critica lo que entiende como un cambio de postura del Gobierno: “Hemos pasado de empoderar al territorio rural, que estaba abandonado, a apoyar una transformación del paisaje y del entorno sin precedentes en solo dos años; no ha dado tiempo a asimilarlo”. En su opinión, los parques “son incompatibles con algunas actividades”, como el turismo. “Lo que la gente busca cuando viene es la belleza y la singularidad del paisaje”. Báguena habla de una “competición por el suelo” en las zonas rurales: “Los promotores pagan entre cuatro y cinco veces más de lo que se saca ahora por una hectárea, y contra eso no se puede competir”.

Solo los 182 macroproyectos con el aval ambiental del Gobierno se extenderían por una superficie vallada de 53.000 hectáreas, el 0,1% del territorio total español. Y lo que los promotores buscan mayoritariamente son suelos de secano: “la fotovoltaica se va a los suelos con cultivos de cereal o remolacha, que tienen menos productividad”, explica el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica de La Rioja, Alejandro Dorado Nájera.

“¿Por que no pueden ir a zonas degradadas ya o a las zonas mineras?”, se queja Báguena. Franquesa apunta a que el “despliegue renovable está funcionando con las leyes del mercado”. Dos son los factores que buscan las promotoras: “el lugar en el que hay más sol o viento y en el que menos se pague por el suelo”, lo que conduce hasta las tierras de secano, los municipios sin segundas residencias y las zonas con menos densidad de población. Dentro del movimiento de rechazo, también hay críticas hacia el papel que desempeñan las grandes empresas y fondos de inversión, que son los que tienen músculo financiero para sacar adelante los grandes parques. Por ejemplo, de los 182 macroproyectos con aval estatal, Iberdrola, Enel y TotalEnergies son los que acaparan más autorizaciones.

Zonificación vinculante

“En La Rioja nos preocupa la aceptación de los proyectos”, reconoce Dorado. “Pero intentamos explicar que los gobiernos no decidimos dónde se ponen las renovables, sino dónde no se pueden poner”. En esta comunidad se ha vetado el desarrollo de proyectos en dos tercios del territorio. “Y en el tercio restante, los proyectos pasan un filtro y un control porque no vamos a luchar contra la crisis climática agravando la crisis de biodiversidad”, asegura el consejero riojano.

Juan Carlos del Olmo, responsable de la organización ecologista WWF, no tiene dudas: “Necesitamos sí o sí las energías verdes. España está en la zona cero del cambio climático, este verano lo volveremos a ver con más fuerza, y solo tenemos una línea de avance: las renovables”. Y añade: “Si apostamos por cerrar el carbón y por el cierre progresivo de la nuclear no queda otra”. Pero ese despliegue, que “debe ser muy rápido”, se produce en medio de una situación un tanto caótica generada por la falta de “un ordenamiento territorial real en España”.

Las competencias urbanísticas están transferidas a las comunidades y esto ha dificultado que se haya aprobado una zonificación vinculante por parte del ministerio, como pedían las principales organizaciones ecologistas, explica Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife. El departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera elaboró en su día un mapa en el que se señalaban las zonas sensibles que no deberían ser aptas para la implantación de renovables. Pero no era de obligado cumplimiento. Y alrededor del 20% de los proyectos de renovables en los que SEO/BirdLife ha presentado alegaciones no cumplían con esa zonificación e incluía actuaciones en áreas sensibles. “La empresas tienen que entender que si presentan planes ahí vamos a alegar y los procesos se alargarán”, apunta Ruiz, quien recuerda que su organización lleva implicada en la tramitación de los proyectos renovables desde los noventa, cuando se instalaron los primeros parques eólicos en Cádiz.

Del Olmo, de WWF, aprecia en todo el proceso una falta de transparencia que impide tener claro el mapa del desarrollo de las renovables. Pero con la información que se va extrayendo con cuentagotas se vislumbra ya las comunidades que pisan el acelerador y las que pisan el freno, lo que acrecienta el agravio entre regiones. “No puede haber regiones de primera y de segunda”, se queja el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero Palomo. “No puede ser que Madrid ponga la industria y nosotros la electricidad. A Aragón le ocurre lo mismo con Cataluña; se necesita una solución estatal”. Una posible vía de compensación podría ser la fiscalidad, defiende por su parte la consejera extremeña. “Se debe compensar a las comunidades que están priorizando el despliegue renovable”, pide García. En cualquier caso, ambos consejeros, los dos del PSOE, no tienen dudas del camino que han emprendido de apoyo a la solar.

Cuello de botella y judicialización

Pese a las quejas y los temores, las organizaciones ecologistas más conocidas tampoco se alinean con los postulados que abogan por frenar el desarrollo de las renovables y aplicar moratorias. Pero sí vislumbran un futuro próximo de judicialización, algo a lo que contribuirá la aprobación a finales del pasado año de un real decreto con el que el Gobierno central agilizaba la tramitación ambiental y permitía que los proyectos que no están en la Red Natura 2000 (el sistema de protección de la naturaleza de la UE) puedan seguir una vía rápida de evaluación. “Se reduce la participación ciudadana y esto genera más rechazo y descontento en el territorio”, opina Ruíz, de SEO/BirdLife. Transición Ecológica, sin embargo, rechaza esa interpretación. “No se ha aligerado ni un milímetro la exigencia de garantías ambientales en todos los procesos de evaluación”, sostenía hace unos días Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, en una entrevista con este periódico.

La judicial es una importante baza con la que cuenta el movimiento más contrario a las grandes instalaciones de renovables. “Ante la ausencia de diálogo, vendrá la vía judicial”, avisa Báguena. “Estamos recibiendo llamadas de empresarios dispuestos a pagar los pleitos”, añade respecto a la situación en Aragón, una de las zonas de más conflicto en estos momentos donde Teruel Existe ya ha presentado varias denuncias contra la tramitación realizada por el Gobierno regional. ”Es dinero de gente oriunda de Teruel y Zaragoza que ha hecho fortuna y que ahora no quiere esos proyectos”, añade Báguena. “Es un tema emocional”.

Al margen de este frente, a las promotoras les preocupan también los plazos tan ajustados en los que se tendrán que mover. José María González, de la Asociación de Empresas de Energía Renovables (APPA), lo explica así: “Va a ser difícil encontrar epecistas [empresas de diseño y construcción de proyectos], conseguir transformadores de tensión… Todo, suponiendo que el resto de equipos estén disponibles. Va a ser algo completamente nuevo, que va a poner a España a la cabeza de la demanda mundial de estos componentes, China y Estados Unidos al margen”.

Donoso, de UNEF, aboga por “una extensión del plazo límite de dos años” para la puesta en funcionamiento de los proyectos que tienen el aval ambiental. “Tras China, Estados Unidos y Alemania, España va a ser el principal demandante de componentes”, añade. En estos momentos, dice, “hay más cuellos de botella de mano de obra en autoconsumo que en suelo, pero empieza a haber problemas también en suelo”.

Juan Virgilio Márquez, jefe de la Asociación Empresarial Eólica, apunta hacia los componentes: “Desde el punto de vista de las cadenas de suministro va a generar tensiones. Con todas las fábricas españolas solo para el mercado nacional, saldrían unos 4.000 MW. Pero no todo va para el mercado nacional, porque tienen encargos para todo el mundo”. La cadena de suministro, dice, debe dotarse de más capacidad. Y lo va a tener que hacer en tiempo récord: dos años. “No va a ser fácil”, vaticina.

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