El convulso primer año de Jaime Gazmuri, el embajador chileno en Venezuela

Cuando el socialista Jaime Gazmuri Mujica, una figura con fuertes nexos en la izquierda latinoamericana, asumió como embajador del Gobierno de Gabriel Boric en Venezuela, en julio de 2023, tenía como propósito la normalización de las relaciones para conseguir la cooperación del régimen de Nicolás Maduro en vuelos de repatriación de migrantes y mejorar los canales de información policial para afrontar a la organización criminal trasnacional el Tren de Aragua, con operaciones en Chile al menos desde 2022. El exsenador es un experimentado político que ya había estado a cargo de la embajada de Brasil, entre 2014 y 2018, y el Palacio de La Moneda lo envió al país caribeño para reestablecer los vínculos con Caracas que, si bien no estaban rotos, se encontraban debilitados por no contarse con un embajador durante cinco años. Pero esa misión ha estado cruzada por varios incidentes diplomáticos que, incluso, han puesto en jaque su gestión durante este primer año.

Por ejemplo, cuando llevaba nueve meses en el cargo, en abril de este año Gazmuri fue llamado a consultas desde Santiago, luego que el canciller venezolano Yván Gil negó la existencia del Tren de Aragua al calificarlo de una “ficción mediática” internacional, dichos que Boric catalogó como “un grave insulto para quienes han sido víctimas de esta organización y para sus familias”. Gil hizo los comentarios justo después de que la Fiscalía chilena indicara que esta megabanda venezolana estaba detrás del crimen en Santiago del exteniente venezolano Ronald Ojeda, opositor a Maduro y refugiado político en Chile, que fue secuestrado el 21 de febrero por sujetos con falsos uniformes de la policía chilena y hallado 10 días después enterrado bajo cemento en una barriada en el municipio de Maipú. Aunque Gazmuri retornó en menos de dos semanas a Caracas, otros desencuentros relacionados con el homicidio de Ojeda siguieron abriendo fisuras entre ambas naciones en los siguientes meses.

Uno de esos varios desecuentros fue en junio, cuando el canciller de Boric, Alberto Alberto van Klaveren, envió una nota de protesta al Gobierno de Maduro por los dichos del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien aseguró que el crimen de Ojeda fue una “operación de falsa bandera” tramada por cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros con “intereses espurios”. Para ese entonces, el fiscal chileno Héctor Barros, quien investiga el asesinato de Ojeda, había dado un paso más allá al señalar que, por el perfil de la víctima, un activo disidente, que el móvil más plausible del crimen era el político, que el hecho de planificó en Venezuela y que lo ejecutó el Tren de Aragua.

Y, este viernes, se ha sumado un nuevo incidente diplomático, luego de que dos senadores chilenos, Felipe Kast y José Manuel Rojo Edwards, fueran deportados de Venezuela: viajaron invitados por el candidato opositor, Edmundo González, como observadores en la elección del domingo. El canciller ha emitido una nueva nota de protesta.

Para Pedro Felipe Ramírez, el embajador anterior a Gazmuri (2014-2018), durante el Gobierno de la expresidenta socialista Michelle Bachelet, y quien fue ministro de Minería de Salvador Allende (1970-1973), la labor diplomática con Venezuela supone profundos desafíos. “La principal complejidad de este cargo está en que hay una dictadura”, dice a EL PAÍS.

Diego Schalper, diputado Renovación Nacional, de la derecha tradicional y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, considera que La Moneda puso una “inmensa responsabilidad” sobre Gazmuri “A propósito de la actitud que ha tenido el Gobierno venezolano con Chile, vale la pena evaluar un retorno al estatus diplomático anterior, porque, francamente, hasta aquí no se ha justificado mayormente la presencia del embajador”, señala.

Pero el senador socialista y excanciller José Miguel Insulza, tal como Ramírez, piensa que una ruptura de relaciones con Venezuela dificulta la búsqueda de soluciones a situaciones que afectan a Chile, como la migración irregular. “Él [Gazmuri] ha asumido una tarea muy compleja y ha hecho un gran esfuerzo por poner los temas en la mesa. Nosotros no teníamos embajador en Caracas y no había ninguna conversación sobre los temas de seguridad, que realmente espero que den frutos y, al mismo tiempo, teníamos los problemas migratorios y ha habido alguna posibilidad de avanzar en eso”, dijo una entrevista telefónica con este periódico.

Durante una sesión de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados realizada en abril, Gazmuri estimó en unos 800 mil venezolanos residentes en Chile, entre personas en situación regular y otros que se han autodenunciado ante las autoridades por ingresar por pasos clandestinos. Esa cifra representa un 4% de la población del país sudamericano. Y, de acuerdo con diversos sondeos de Venezuela, casi un cuarto de esa población está considerando la posibilidad de emigrar si el chavismo se mantiene en el poder.

Gazmuri, después de la elección

Pedro Felipe Ramírez dice que el embajador Gazmuri tiene por delante una prueba de fuego. Luego de las elecciones presidenciales de este domingo –las encuestas apuntan a un triunfo del opositor Edmundo González– podría cambiar el escenario diplomático. “Si se prueba que no es una elección legítima, Chile va a desconocer los resultados, como lo harán otros países en el mundo. Esto genera una complicación para el Gobierno que, con buen juicio, ha rechazado las demandas de otros grupos chilenos que piden la ruptura de relaciones”, comenta.

Desde La Moneda están atentos al desarrollo de las votaciones para establecer una postura respecto a Caracas. Según Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, esto puede ocasionar incluso tensiones internas dentro del oficialismo chileno. “Es un tema doblemente incómodo para el Ejecutivo porque, en lo doméstico, se puede tensionar la coalición gubernamental debido a que el Partido Comunista, aunque con matices, son ‘bolivarianos’ [Venezuela]. Eso, entonces, le abre una brecha interna al Gobierno”.

Este jueves Boric se pronunció por las elecciones presidenciales de Venezuela y señaló que coincidía con la opinión del mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, respecto de las declaraciones de Nicolás Maduro, y dijo que desde ningún punto de vista “se puede amenazar con baños de sangre, sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos en representación de la ciudadanía”. En otras ocasiones, el presidente chileno ha sido crítico con la situación de los derechos humanos, como cuando en 2022 señaló durante un discurso en la Universidad de Columbia, en Nueva York: “Me enoja cuando eres de izquierda y no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”.

Para el exembajador Ramírez, “es evidente” que la postura de Boric, “ha generado un malestar en el Gobierno de Maduro. Nuestro presidente está muy claro en el respeto a los derechos humanos. Es una cuestión fundamental en las relaciones comunes, sobre todo en un gobierno que se dice de izquierdas y poco de eso tiene”.

El reto de la colaboración policial

Una de las mayores presiones sobre Gazmuri está en obtener la colaboración de la Administración de Maduro para realizar expulsiones administrativas y judiciales. Pero hasta ahora los vuelos de repatriación son esporádicos, especialmente por las dificultades para contar con la autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para ingresar al espacio aéreo del país caribeño. Por este motivo hubo un foco de tensión en noviembre de 2023, cuando Chile intentó expulsar a 60 inmigrantes venezolanos, que entraron de forma ilegal o cometieron delitos, en un avión de una aerolínea comercial y la autoridad aeronáutica no otorgó el permiso requerido.

La última repatriación masiva, de 115 personas, ocurrió en mayo en el marco del programa “Vuelta a la Patria”, creado por Maduro y que consiste en el regreso voluntario de personas a Venezuela. Por otro lado, existe un flujo permanente de expulsiones semanales desde Chile a través de aerolíneas comerciales, que sólo admite cerca de dos o tres personas por viaje. Según información aportada por el Servicio de Migraciones de Chile, en los últimos siete años se concretaron más de 1.100 repatriaciones entre administrativas y judiciales, produciéndose 343 en 2023 –el mayor número– y 221 al 5 de julio de 2024, lo que coincide con el retorno de un embajador a Caracas. “Este es uno de los principales desafíos del embajador. Se quieren apresurar las repatriaciones y, por tanto, se intenta intensificar el envío de algunas personas. Pero aún no hay un acuerdo con hacer vuelos chárter”, dice el senador Insulza.

El excanciller Heraldo Múñoz indica que el conflicto central está en la “existencia de un régimen dictatorial en Venezuela, que colisiona con el Gobierno chileno”, lo que incide en diversos ámbitos de la relación bilateral, incluyendo la ausencia de cooperación sobre casos penales que involucra a ciudadanos venezolanos”.

Desde Chile apuestan al establecimiento de un programa de repatriaciones permanentes con Caracas, lo que ha sido complejo de concretar de momento, aunque podría avanzar después de las elecciones presidenciales en Venezuela, este domingo, adelanta una fuente diplomática consultada por EL PAÍS. También agrega que está en planes un acuerdo de colaboración para establecer un mecanismo permanente de coordinación en materia migratoria y consular, que abordará asuntos como del tráfico de visas, la protección de ciudadanos venezolanos que pueden ser objeto de trata personas, revisar los programas de reunificación familiar y la identificación de menores debido a que los sistemas de registros son distintos en los dos países.

Hasta ahora sólo se ha establecido un memorando de entendimiento en materia de repatriación y expulsiones de venezolanos en condición irregulares o con procesos judiciales en Chile. Además, en enero fue firmado un acuerdo de colaboración policial en Caracas, que contó con la participación del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y ya se encuentra activo. De acuerdo con la misma fuente conocedora de estas gestiones, las consultas sobre personas con antecedentes policiales, en su mayoría, son realizadas por Chile, alcanzando las doscientas en 2023 y superando el centenar en lo que va de este año.

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