El Congreso chileno aprueba una ley que sanciona con penas de cárcel el porte injustificado de combustibles en las protestas
Si bien la normativa fue impulsada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric, buscaba sanciones con multas en lugar de privaciones de libertad
La Cámara de Diputados chilena despachó un proyecto de ley que sanciona con penas privativas de libertad, que van desde los 61 hasta los 540 días de cárcel, el porte injustificado de combustibles en el contexto de manifestaciones. Es una iniciativa que si bien impulsó el Ejecutivo del presidente de izquierdas Gabriel Boric, no proponía que se aplicara presidio, sino un castigo con multas en ciertas circunstancias. Sin embargo, durante su tramitación tuvo importantes modificaciones de parte de la oposición en el Senado y así es como se aprobó finalmente.
Fue el 29 de mayo cuando el Ejecutivo ingresó el proyecto en el marco de la agenda prioritaria en materia de seguridad pactada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, de la UDI, partido de la derecha tradicional, en la que se comprometieron a sacar adelante 31 iniciativas en los próximos 150 días. Firmada por Boric, contemplaba modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para cometer atentados en contra de las personas o provocar daños durante reuniones en lugares públicos y con llevaba multas que iban desde las 10 UTM (694 dólares) a las 20 UTM (13.888 dólares).
El diputado Andrés Longton, de Renovación Nacional, de la derecha tradicional, quien respaldó los cambios que realizó el Senado, criticó la postura del Gobierno. “Todos sabemos que las multas no disuaden. Al igual que las usurpaciones [de terreno], deben tener penas efectivas, de cárcel, porque quien está con combustible en una manifestación tiene como objetivo claramente atentar contra la vida de una persona”, dijo. Y añadió: “Cuando se quiere poner multas a delitos graves, como portar combustible, que puede repercutir o terminar en el atentado a un carabinero, a un profesor, a un miembro de un establecimiento educacional, nuestro país muestra que está cansado y agotado, y esas cosas tienen que ser sancionadas penalmente”.
En cambio, la diputada Lorena Fries de Convergencia Social, el partido del presidente Boric, votó en contra: “No apoyaremos el uso desproporcionado de la ley penal para inhibir un derecho que es clave en toda la democracia”.
Previo a la aprobación de la ley, que ha sido considerada como una derrota para el oficialismo, la idea de la ministra del Interior, ante las modicaciones, era lograr que el proyecto fuera derivado a una comisión mixta en la que se discutieran nuevamente los contenidos. “(La indicación) tiene el error garrafal de no establecer en qué contexto se está refiriendo. Entonces, cualquier persona que porte un combustible, una botella y una polera [camiseta], en cualquier lugar, podría ser puesto en la cárcel. No podemos mandar a la cárcel a una persona que todavía no ha cometido un delito”, dijo Tohá durante el debate donde, incluso, hizo reserva de constitucionalidad.
Pero los planes del Ejecutivo se vieron truncados cuando el Congreso visó la iniciativa por 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones. Alineados con el Gobierno, la mayoría de los diputados oficialistas votaron en contra. Fueron los parlamentarios provenientes del centro (Democracia Cristiana, Amarillos y Demócratas) quienes se inclinaron junto con la oposición a favor del proyecto y lograron que la norma se despachara a ley.
A pesar de las alertas ante la posibilidad de que el Gobierno recurriera al Tribunal Constitucional (TC), horas después de la discusión, la ministra Tohá y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, anunciaron que no vetarían el proyecto ni recurrirían al TC. “Se va a promulgar”, dijo Tohá.
La aprobación de este proyecto se suma al revés que sufrió el Gobierno en la ley de usurpaciones, que fue visada por el Congreso el 30 de agosto. A pesar de que era respaldada por el Gobierno en sus puntos centrales, la ministra Tohá calificó esta última normativa de “aberrante” luego que contemple la legítima defensa privilegiada, por lo desde el Ejecutivo materializaron el pasado viernes un veto presidencial.
