Emergencias obliga a las empresas químicas a alertar de las fugas en plantas vecinas

La Generalitat devuelve a Tarragona la gestión directa sobre los accidentes en las plantas químicas. Un mes después de la explosión de la fábrica de Iqoxe de La Canonja, la consejería de Interior y protección Civil han recuperado el Plaseqta, un protocolo de actuaciones que ya estuvo vigente hace más de una década, hasta que en 2007 se decidió transferir a Barcelona el control sobre los planes de emergencia. "Hemos cumplido el compromiso", manifestó el consejero de Interior Miquel Buch. "Hacía meses que estábamos trabajando en ello, no ha habido improvisación", añadió Sergio Delgado, subdirector general de Protección Civil.

Tras las disfunciones que se registraron en el caso de Iqoxe, el nuevo plan busca mejorar los mecanismos de reacción ante un accidente químico. Actuar con inmediatez para minimizar los riesgos y evitar los huecos de información son dos ejes claves del nuevo protocolo. Para ejemplificar los cambios que se quieren introducir en los mecanismos de respuesta ante un siniestro químico, Sergio Delgado manifestó que ante un suceso como el que se produjo en Iqoxe, con el nuevo plan "se activarían las sirenas y habría confinamiento".

Según Buch, se simplifica" la toma de decisiones" y se trabajará siempre en un escenario "de máximos" a la hora de dar respuesta a incidentes. El plan prevé el confinamiento de la población ante los primeros indicios de que un accidente en la petroquímica pueda tener efectos en el exterior.

Uno de los puntos sobre los que incide el programa de emergencia es en la cadena de avisos ante un siniestro químico. No solo la empresa que ha sufrido la incidencia tiene la obligación de contactar con Emergencias para dar la voz de alarma sino que se extiende el deber de vigilancia a todas las plantas del polígono industrial. Incumplir estos mandatos comporta exponerse a una sanción y a una multa económica. En la explosión de Iqoxe, Protección Civil mantiene que se tardó casi una hora en tener información de primera mano de la empresa afectada, lo que dificultó notablemente las tareas de extinción del fuego porque los bomberos no sabían a qué sustancias se enfrentaban.

La zona de influencia definida por el plan de emergencias abarca 29 municipios y una población de casi 370.000 personas.