13 de las 18 residencias públicas de Madrid gestionadas por empresas, en la lista negra por malos cuidados
La suma de las sanciones asciende a casi 1,2 millón de euros desde 2014. La Comunidad de Madrid ha anunciado castigos ejemplares y una reforma de las concesiones
Las empresas que gestionan residencias de mayores de la Comunidad de Madrid son solo un pequeño grupo de las más de 400 autorizadas, pero acumulan un extraordinario número de multas por suciedad, descuidos y falta de personal, según datos oficiales consultados por EL PAÍS. Desde 2014, la Consejería de Políticas Sociales ha multado a 13 de las 18 residencias de este tipo por incumplir pliegos o quebrar la ley. La cuantía total suma 1.187.989 euros.
La peor, el grupo Aralia, se enfrenta a la retirada de la gestión de tres de las cuatro residencias públicas que había ganado en concursos. La consejería abrió la semana pasada un expediente para acabar con los contratos que, de consumarse, sería la primera sanción de este tipo en la Comunidad, según adelantó este periódico. Aralia no podría contratar con el Ejecutivo regional por tres años.
Las multas de los geriátricos públicos cedidos a empresas
GRUPO DOMUSVI
Residencia Mirasierra: 30.182 euros
Usera: 101.387 euros
Madrid Sur: 15.342 euros
GRUPO ARALIA
Peñuelas: 72.854 euros (Recibió en 2016 una sanción de 499.799 euros por la mala gestión de la anterior concesionaria, Eulen)
Ensanche de Vallecas: 57.285 euros
Isabel La Católica: 79.617 euros
Parque de los Frailes: 178.411 euros
MENSAJEROS DE LA PAZ
Parque Coimbra: 14.405 euros
Residencia Getafe Alzheimer: 18.003 euros
Villaverde Alzheimer: 7.906 euros / (Recibió sanción de 11.435 euros en 2014 por la gestión de SAR Residencial y Asistencial)
CLECE
El Berrueco: 87.933 euros
Fundación Reina Sofía: sin multas
ALBERTIA
Las Vegas-Ciempozuelos: 6.242 euros
Plata y Castañar: sin multas
Moscatelares: sin multas
SACYR SOCIAL
Villa del Prado: 7.158 euros
PLANIGER
Nuestra Casa: sin multas
GRUPO 5
Madrid Orcasur: sin multas
Las cuantías se refieren a sanciones por quebrantar la ley entre 2014 y 2018 y penalidades por infracciones recogidas en los pliegos de 2014 a 2019.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, anunció ayer que estudia una reforma de las concesiones porque son las residencias que peor funcionan. Reyero dijo que están considerando varias opciones, entre ellas que la Comunidad pueda romper los contratos más fácilmente cuando se cometen infracciones.
El caso de Aralia es significativo porque durante años acumuló faltas por mal servicio pero la consejería no podía terminar el contrato. Esta opción solo se ha presentado recientemente cuando, según la inspección, la empresa incurrió en una de las causas de resolución el contrato, la subcontratación de cuidadores, prohibida para evitar un deterioro de la atención.
“Estamos revisando a ver de qué manera podemos mejorar el modelo de gestión indirecta porque es un modelo que en la actualidad plantea muchos problemas", dijo ayer Reyero a la prensa. "La mayoría de las residencias que no funcionan no son las residencias concertadas, la mayoría son residencias del modelo de gestión indirecta, por lo tanto tenemos que mejorarlo”.
La consejería estudia también como opción extender la duración de las concesiones, que ahora es de solo tres años. Hay expertos que creen que las concesiones por tan poco tiempo no invitan a las empresas a hacer reformas tan básicas como reparar un ascensor o una grúa para mover a los ancianos.
