El juez tumba la demanda de UGT contra el dueño de Sargadelos y achaca a la “libertad de expresión” sus críticas a una sindicalista

"Olvídense ustedes de que los sindicatos, mientras yo tenga salud, manden en esta empresa. Se lo dije hace tiempo a las que son viejas y lo digo ahora, ahí tienen los resultados. Y ya veremos si no cierra la empresa; conmigo no tensen la cuerda, se lo digo también a las jóvenes. Mientras yo esté en la empresa no se les ocurra tensar las cuerdas conmigo, pierden el tiempo. ¿Les queda claro?". La grabación que contenía estas palabras fue presentada por UGT en septiembre ante el juzgado de lo Social número 2 de Lugo como prueba de las coacciones y la vulneración de los derechos sindicales que ejercía en Sargadelos su accionista mayoritario y consejero delegado, Segismundo García. "Aquí quien manda soy yo", decía la voz entre otras cosas. "Lo que sí sé seguro es que Rogelia Mariña no va a volver como delegada sindical. Ya lo puede decir el Papa, el juez (...) Si tiene que volver ella como delegada sindical, la empresa cierra, pero no va a volver".

Ahora, tras un acto de conciliación fallido y un juicio, el juez sustituto, Fernando López-Guitián, ha determinado en su sentencia que la prueba no es válida porque Segismundo García no reconoció la voz del audio como suya. Además, no se sabe tampoco quién realizó esa grabación, por lo que, según el juzgado de lo Social número 2, no se puede confirmar su veracidad. Además, zanja el fallo fechado el pasado martes 30, los testigos "no reconocen las expresiones allí vertidas". En consecuencia, para López-Guitián no consta "que hubiese coacción alguna por parte de la empresa" en los días previos a la asamblea del 14 de septiembre en la que la plantilla, por 45 votos a favor frente a 11, aprobó revocar a Rogelia Mariña como representante de los trabajadores, después de haberlo sido durante casi tres décadas. La sentencia desestima las aspiraciones de UGT y de su delegada en la fábrica, Rogelia Mariña, que reclamaban una indemnización de 100.000 euros a la empresa y otros tantos a su dueño por vulneración del derecho a la libertad sindical.

El fallo no alcanza a ver coacciones a la plantilla y achaca los cáusticos comentarios del administrador único en una asamblea celebrada anteriormente, el 17 de agosto, a la "libertad de expresión". De aquella asamblea sí existió registro por escrito, y en ella, a la vuelta de dos días festivos en Cervo, donde se encuentra la fábrica, Segismundo García anunciaba por sorpresa 49 despidos inminentes. En su discurso de aquel día clamaba contra las "presiones" y "amenazas" sindicales, mentaba en concreto a Rogelia Mariña, y hacía comentarios como el siguiente: "He decidido prescindir de los nuevos empleados con efecto inmediato... Doce abandonarán hoy ya sus puestos. No queremos que nadie se sienta explotado". Tras la respuesta del juzgado de Lugo, UGT todavía puede presentar un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Si lo hace, en esta instancia coincidirán los dos pulsos judiciales que mantienen el sindicato y Segismundo García.

El otro es relativo al despido de Mariña en 2016. El juzgado de lo Social número 3 de Lugo sentenciaba que su despido, tras oponerse a una ampliación de la jornada generalizada y sin remuneración, era nulo. La juez obligaba a Sargadelos a readmitirla en su puesto, pagarle los salarios no percibidos desde diciembre de 2016 e indemnizarla con 30.000 euros. De momento, según su sindicato, el dinero ha sido depositado en los juzgados pero no ha cobrado nada de esto porque el fallo ha sido recurrido en el Superior, tanto por la empresa como por UGT, que reclama una indemnización de 70.000 euros.

En medio del conflicto, entre el día del anuncio de los 49 despidos y la fecha en la que la plantilla prescindió de los servicios de Rogelia Mariña, empezó a circular por la planta de Cervo un papel en el que se recogían firmas para convocar esta asamblea de revocación. UGT sospechaba que había sido redactado por la propia dirección, pero ante el juez algunos testigos lo atribuyeron a un grupo de empleados, y no a Segismundo García. Representantes de CC OO en la empresa aseguraron además en el juzgado que ellos nunca vieron recortada su libertad sindical dentro de Sargadelos y que sin embargo era pública y notoria la tensión entre UGT y el accionista mayoritario.

Dos días después de la fecha de la asamblea en la que supuestamente se hizo la grabación puesta en duda por el juez, el 14 de septiembre, los trabajadores de la firma cerámica acabaron rechazando a Mariña como su representante sindical. Las relaciones entre la empleada y el socio mayoritario de Sargadelos no eran buenas desde hacía tiempo. El enfrentamiento se manifestó abiertamente tras el ERE de 2013 que fue denunciado por el sindicato y anulado por el Supremo (y cuyas indemnizaciones todavía está pagando la fábrica); y luego cuando la empleada fue despedida en 2016 y García se vio obligado a readmitirla en febrero de 2018.