Barcelona exporta su fórmula para promover vivienda protegida

La iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de obligar a los promotores a destinar un 30% de los proyectos residenciales de cualquier barrio de la ciudad a vivienda social se ha extendido a otros municipios de la región metropolitana. Terrassa, Badalona, Mataró, Santa Coloma, Sabadell o Sant Cugat han aprobado o tienen previsto aprobar mociones o proposiciones al respecto. Otras ciudades, como L'Hospitalet, rechazan una medida que creen que tendría poco efecto para impulsar la oferta de pisos de protección oficial en un momento de escalada de precios que pone en riesgo el derecho habitacional.

El origen de todo es la falta de un parque de vivienda pública. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacía público esta semana que Cataluña encabeza las cifras de desahucios, con una cuarta parte de los que se ejecutan en toda España. En Barcelona, han sido las entidades (FAVB, PAH, Observatorio DESC y Sindicato de Inquilinos) quienes arrancaron al proceso, al exigir al Ayuntamiento que exprima la legislación vigente para aumentar el parque público de pisos

La Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 obliga a reservar un porcentaje para vivienda asequible en zonas de nuevo planeamiento urbanístico, lo que ya se hace. Pero también prevé imponer reservas en la ciudad ya construida, una medida que no se ha aplicado. Lo que ha hecho Barcelona, que comenzó con la votación de una moción de las entidades, es modificar el Plan General Metropolitano (PGM) para forzar a los promotores a “corresponsabilizarse” en la producción de vivienda asequible, en palabras de la alcaldesa Ada Colau. Pero la última palabra la tiene la Generalitat, que debe aprobar la modificación y por ahora expresa muchas dudas.

Tanto en la PAH como en el DESC aseguran que, tras la experiencia de Barcelona, han recibido consultas de entidades y municipios interesándose por el procedimiento y que preparan un “kit, con documentación homogénea” para ayudar a presentar mociones, dice la directora del Observatorio, Irene Escorihuela.

En Terrassa, fue Terrassa en Comú (TC) quien en abril llevó al pleno una propuesta de resolución en la línea de Barcelona, explica el concejal Xavi Matilla. El texto, apoyado por TC, PSC, la CUP y ERC (20 de 27 concejales), habla de estudiar la implementación del 30%. “Apretaremos y la idea es llegar a la aprobación inicial de la modificación antes de mayo”, conviene Matilla.

Badalona aprobó en septiembre una moción que entre otras medidas insta al gobierno municipal a impulsar la modificación del PGM para que los promotores destinen el 30% de los pisos que construyan e incluso que el consistorio participe en su gestión. Votaron a favor todos los partidos salvo el PP, que lo hizo en contra, y Ciutadans, que optó por abstención.

Santa Coloma, por su parte, aprobó en el pleno con el apoyo de ICV, PSC y Som Gramenet pedir al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que estudie la medida, como una solución que afecte al conjunto de los ayuntamientos próximos a la capital.

En los casos de Sabadell y Sant Cugat es el propio gobierno el que impulsa el cambio normativo. Fuentes del consistorio de Sabadell explican que “el gobierno trabaja para modificar el Plan General”, aunque todavía no se ha formalizado en ninguna votación.

Concreción de Sant Cugat

Y en Sant Cugat, el ejecutivo de la alcaldesa Carmela Fortuny (PDeCAT) tiene previsto llevar una modificación urbanística el próximo lunes 15, que previsiblemente tendrá apoyo suficiente para que prospere. En este caso, explica Fortuny, no se recurre a la imposición del 30%, sino que se declara todo el municipio área de tanteo y retracto. La fórmula aquí es que cuando se venda un solar, el promotor de buena fe se comprometa al pedir la cédula de calificación provisional a hacer un 30% de pisos sociales. Y si no está dispuesto, el Ayuntamiento comprará el suelo para hacerlos él o una entidad social. “La nuestra es una medida jurídicamente más trabada y más realista y prudente”, defiende Fortuny.

En el caso de Mataró, el pleno del 4 de octubre aprobó también una propuesta de resolución que se refiere también a la posibilidad de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda asequible. La presentaron ERC e ICV y la apoyaron Volemataró y dos concejales no adscritas (21 votos de 27). El gobierno, en manos del PSC, estudia ahora cómo aplicarla.