Detenido el presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, por corrupción

El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez Gramage, ha sido detenido este miércoles junto a otras cinco personas vinculadas al PSOE y a Compromís por su presunta implicación en un caso de corrupción que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Se están practicando, además, registros en la sede de la Corporación provincial, el Ayuntamiento de Ontinyent, del que es alcalde Rodríguez, la sede de la empresa pública Divalterra, y varios domicilios particulares.

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El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha decidido suspender a Rodríguez de todos sus cargos en el partido —era portavoz— y ha propuesto la ejecutiva que Toni Gaspar, alcalde de Faura, lo sustituya como presidente de la Diputación.

El juez investiga, en concreto, la contratación de siete altos cargos de Divalterra, la gran empresa pública de la Diputación de Valencia, que fueron elegidos a dedo con sueldos de 50.000 euros al año entre militantes del PSPV-PSOE y de Compromís, según han indicado a este periódico fuentes de la investigación.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, considera que Rodríguez debe dimitir. "El daño en la imagen es tal que no puede seguir", ha manifestado Ábalos en el Senado. El número tres del PSOE juzga los hechos de "muy lamentables y vergonzosos" y entiende que la "aparatosidad" de las actuaciones han "mermado" la imagen pública del dirigente y debe renunciar al puesto. El PSOE reclama responsabilidades políticas por tanto al presidente de la Diputación de Valencia antes de lo que exige su código ético, que solo reclama la renuncia al cargo con la apertura del juicio oral. Antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostraba más cauto en el Congreso de Diputados: "Déjenme que lo vea, lo vamos a estudiar, aplicaremos el código ético".

La causa judicial está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos desde mayo 2018 tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.

Además de Rodríguez y su jefe de gabinete, Ricard Gallego, han sido arrestados por la policía —aunque sin orden de detención judicial—, los actuales gerentes de Divalterra Xavier Simón y Agustina Brines, el secretario de la misma, José Luis Cuerda y el asesor Manuel Reguart.

En abril, Ciudadanos presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de alta dirección de Divalterra. Cada uno de los siete contratos tenían un coste para la empresa pública de 75.000 euros al año —incluyendo gastos de desplazamiento—. Y se habían realizado, según la denuncia, "apartándose de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad" con el objetivo de "elegir a aquellos que la gerencia decida por ser militantes de sus partidos, evitando con ello la convocatoria pública de la plaza". Los contratados pertenecían a Compromís (cuatro) y PSOE (tres). Estos dos partidos que dirigen la Corporación provincial en coalición con Esquerra Unida y València en Comú.

La Fiscalía Anticorrupción ya tenía abierta una investigación por estos hechos, abierta a raíz de los hechos relatados por un empleado de Divalterra, e incorporó a la misma tanto una denuncia del PP como la de Ciudadanos.

Fuentes de la investigación apuntan a que las irregularidades son similares, presuntamente, a las que cometieron los anteriores dirigentes de la Diputación de Valencia, que presidía Alfonso Rus, del PP, enchufando a decenas de personas en Divalterra, entonces llamada Imelsa, infringiendo así las normas de contratación públicas.

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Las mismas fuentes aseguran que la operación lanzada este miércoles tiene su origen y está centrada en las contrataciones de alta dirección entre los años 2015 y 2018, si bien no descartan que, al analizar los documentos físicos que se han incautado, así como el obtenido en el volcado de ordenadores, puedan observarse otras irregularidades, que se unirían a la causa.

Las detenciones de este miércoles han sido llevadas a cabo en el marco de la llamada Operación Alquería, por parte de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial. Los policías han efectuado registros en la Diputación de Valencia, las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra.

La empresa pública Divalterra, antes conocida como Imelsa (Impulso Económico Local Sociedad Anónima), tuvo un papel central en el caso Taula y la Corporación no ha logrado apartarla de la sombra del escándalo.