Las defensas del ‘caso Coslada’ piden que se anule la instrucción por haber prescrito los delitos
El fiscal pide 26 años y cuatro meses para el exjefe de la Policía Local Ginés Jiménez
Los seis abogados defensores de los 12 acusados por el caso Coslada utilizaron ayer todos los recursos legales para intentar anular el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid y que se alargará hasta el 23 de marzo. Los letrados aseguran que se han vulnerado los derechos fundamentales de los procesados y que la mayoría de los delitos han prescrito. También acusaron a la Policía Nacional de montar una trama “que nunca se sostuvo” para acabar con la carrera del exjefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez Buendía.
El juicio contra Ginés Jiménez, su mujer, su hijo, seis policías locales y tres procesados por delito de prostitución (dos de estos, fugados) comenzó con las cuestiones previas. El fiscal no hizo modificaciones de su escrito de acusación, por el que pide 26 años y 4 meses para el exjefe de la Policía Local de Coslada. Aportó dos sentencias firmes contra Jiménez en las que se le condenaba por obstrucción a la justicia, tras coaccionar a una testigo.
La mayor parte de la vista inicial la coparon los abogados defensores, que utilizaron toda una batería de sentencias y de textos legales para intentar declarar el sobreseimiento libre del juicio. El primero en hablar fue el defensor de tres agentes locales, Eulogio García, que apeló a “la vulneración del principio acusatorio”. Sus tres defendidos fueron detenidos el 8 de mayo de 2008. Prestaron declaración ante los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y en el juzgado, acusados de asociación ilícita y de agresiones sexuales. Desde entonces, no han vuelto a ser interrogados. Pese a ello, pasaron seis meses en prisión preventiva.
Ahora se les acusa de un delito de cohecho impropio tipificado en el artículo 426 del Código Penal. El letrado reprochó esa indefensión y pidió que se anulara el caso “al producirse un cambio sustancial en la acusación”.
El Consistorio se retira
El abogado del Ayuntamiento de Coslada, que ejercía la acusación particular, sorprendió ayer a las partes personadas al anunciar que retiraba su escrito de acusación y que se sumaba a todas las cuestiones previas propuestas por el fiscal. Algunos abogados ya adelantaron que pedirán que pague las costas de las defensas por el daño hecho a los policías locales.
García, al igual que hicieron después otros dos abogados de policías locales, alegó la prescripción de delito. El cohecho deja de ser perseguible a los tres años de haberse producido. “Desde octubre de 2008 no hay ni una sola diligencia respecto a este delito y no por culpa de mis defendidos. Hemos pedido en varias ocasiones el archivo y no hemos tenido respuesta de la juez que lo instruyó”, añadió el letrado.
El abogado de Ginés Jiménez y su familia, Oskar Zein, pidió la suspensión del juicio hasta que no se resolvieran algunas pruebas solicitadas. También criticó que los agentes de la UDYCO dieran la condición de testigos protegidos a varias prostitutas del polígono de Vicálvaro. Estas son las que denunciaron las supuestas extorsiones de los policías locales y permitieron el inicio del caso contra Jiménez. Zein también alegó que se vulneraron los derechos de sus defendidos al ser instruido el caso por un juez de Madrid, cuando todos los presuntos delitos se produjeron en Coslada. A ello se unió la falta de custodia adecuada de las armas de fuego decomisadas en el domicilio del exjefe de Policía Local.
El abogado Marcos García Montes, defensor del agente Antonio José C., describió errores importantes en el atestado policial. La primera denuncia la interpuso una prostituta el 7 de mayo de 2008, con lo que se abre el procedimiento. Pero en las diligencias ya constan reconocimientos fotográficos de tres meretrices con fecha 5 de mayo. “Se ha articulado una trama para llegar hasta Ginés Jiménez y se fuerza todo para conseguirlo”, se quejó el letrado.
Los defensores también pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas a los acusados. Mantuvieron que no había todavía caso suficiente para que en los primeros 15 días del caso la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, que llevaba el procedimiento, dictara los autos para pinchar los teléfonos de los agentes. “No había ni seguimientos, ni declaraciones. Se hizo todo de manera precipitada y sin las debidas garantías”, afirmó la abogada María Ponte, defensora del policía Fernando M. M.
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