El PP exige al alcalde de Alicante un pleno extraordinario para debatir la crisis institucional
Guanyar planta a Echávarri en la junta local convocada para remodelar el equipo de gobierno
La tensión en el ayuntamiento de Alicante es máxima. Un día después de negarse a dimitir tras su segunda imputación judicial por prevaricación, el Partido Popular ha reclamado este jueves al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarr (PSPV-PSOE), que convoque un pleno extraordinario para abordar la crisis institucional. Mientras, sus todavía socios en el gobierno municipal, Guanyar Alacant, le han dejado plantado en la junta local celebrada celebrada esta tarde de urgencia para repartir las competencias que han dejado los tres concejales de Compromís, tras abandonar el equipo de gobierno.
Echávarri está acusado de prevaricar en dos causas judiciales diferentes. La primera, por la que la juez María Luisa Carrascosa le ha procesado junto a dos asesores municipales, se refiere al supuesto fraccionamiento de 14 contratos de la Concejalía de Comercio por un importe superior a los 144.000 euros. La segunda imputación, en la que le acompaña el edil socialista de Personal, Carlos Giménez, guarda relación con el despido de Catalina Rodríguez, una interina que es cuñadadel portavoz del grupo popular en el consistorio, Luis Barcala.
El alcalde está dispuesto a gobernar en solitario con los seis concejales de su partido, en una corporación de veintinueve, para impedir que el PP recupere la vara de mando. “Ni siquiera se ha explorado un gobierno alternativo. No hay otra salida”, dijo ayer en rueda de prensa. Por el momento cuenta con el apoyo de su partido. Al menos de la agrupación local. El presidente del Gobierno valenciano y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, le insufló ayer algo de oxígeno al recordar que Echávarri no está acusado, “en ningún caso, de corrupción”. A su juicio, son los grupos políticos municipales los que han de “intentar reconducir la situación”. En cambio, la vicepresidenta valenciana y coportavoz autonómica de Compromís, Mónica Oltra, ha vuelto a reclamar su dimisión. “Los pactos están para cumplirlos”, ha dicho, en alusión al acuerdo firmado hace unos días entre su partido y la asamblea local del PSPV, que preveía el relevo del alcalde si su situación judicial se agravaba.
El tripartito de izquierdas que logró arrebatar en 2015 la Alcaldía al PP, tras dos décadas de mayorías absolutas, está oficialmente roto. Los tres concejales de Compromís -Natxo Bellido, María José Espuch y Sonia Tirado- renunciaron ayer a sus cargos y han decidido pasar a la oposición en las mismas condiciones y con los mismos sueldos de asesores que tienen el PP y Ciudadanos (C’s). Echávarri había convocado a las dos de la tarde al socio que le queda, Guanyar Alacant, que dejará el gobierno en una semana, a una junta local de urgencia, pero se ha quedado esperando.
El aún vicealcalde y líder de esta formación, una confluencia local de Esquerra Unida y Podemos, Miguel Ángel Pavón, ha justificado la ausencia de su grupo en esta reunión por el “irresponsable enrocamiento” del alcalde en el cargo y ha emplazado de nuevo a Puig y a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, a que fuercen su dimisión.
El grupo socialista tiene ahora mayoría en la junta local de gobierno. La nueva portavoz municipal, en sustitución de Bellido, es la concejal Eva Montesinos. Además, Echávarri ha delegado las competencias abandonadas por Compromís en la propia junta local, lo que Guanyar califica de “nueva ocurrencia”.
Por su parte, el PP, que fue la lista más votada en las últimas elecciones con ocho concejales, ha movido ficha. Su portavoz, Luis Barcala, ha pedido la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para debatir “la crisis institucional generada en el seno del equipo de gobierno, la paralización de la gestión municipal y la viabilidad de un gobierno con solo seis concejales”. El líder de la oposición ya ha iniciado contactos con otras fuerzas políticas para liderar el cambio en la corporación, aunque en los últimos días ha asegurado que solo asumiría la Alcaldía “por imperativo legal”.
La aritmética municipal, el equilibrio de fuerzas vetan por el momento la posibilidad de una moción de censura encabezada por los populares. Aun sumando a sus ocho regidores los cinco concejales de Ciudadanos (C’s) y los dos concejales no adscritos, Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre, el PP necesitaría dos votos más de la bancada de izquierdas por la reforma de la ley electoral que castiga el transfuguismo.
