La Xunta tramita la legalización de nueve naves de cría de visones
La empresa construyó las instalaciones sin licencia y según los cálculos de la Sociedade Galega de Historia Natural "tiene capacidad para 12.000 animales"
El pasado marzo, una sentencia del Tribunal Supremo dinamitaba las esperanzas de negocio que habían puesto en España, y sobre todo en Galicia, los empresarios extranjeros del visón americano en cuyos países se había prohibido la cría. La justicia zanjaba definitivamente el debate, atendía el recurso de varios grupos ecologistas contra el laxo decreto que regulaba el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras del Ministerio de Medio Ambiente, y prohibía la instalación de nuevas granjas y la ampliación de las existentes apoyado en informes del CSIC que alertaban de la amenaza del mustélido para la fauna autóctona. Las granjas ya montadas no tendrían que cerrar, pero se auguró entonces que las explotaciones gallegas, cerca de 40 empresas que concentran el 80% de la producción española, iban a tener que afrontar una fuerte inversión para modernizar y adaptar sus instalaciones a la leyes. En medio de este proceso, un grupo ecologista con el que habitualmente (más de un centenar de veces al año) consulta la Xunta cuando se trata de sacar adelante informes y evaluaciones de impacto ambiental, ha recibido la documentación de una granja que construyó a lo largo del tiempo nueve naves para ampliar la capacidad de las dos con las que empezó, "las únicas para las que obtuvo licencia municipal en 1991".
La superficie pendiente de legalización, tal y como denuncia la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), se acerca a los 2.800 metros cuadrados construidos. El grupo ecologista revela, después de repasar la evolución de las fotos aéreas, que "al menos en 2002-2003 la granja ubicada en A Baña contaba ya con cuatro naves" y que en 2014 ya se aprecian "las obras de explanación en marcha en el resto de la parcela". La solicitud de licencia municipal se empezó a tramitar en febrero de 2015, destaca la SGHN, después de esta "segunda ampliación de cuatro a 11 naves" y "con posterioridad a la adquisición" de la explotación por parte de capital foráneo.
En 2014, la granja cambió de manos y en ese año, destaca el colectivo de defensa ambiental, se produjo la más ambiciosa ampliación (sin licencia) del recinto que ahora se busca regularizar. La nueva empresa propietaria, constituida en septiembre de 2013, es Matomba Mink Farm, SL, de la que es administrador único Petrus Gerardus Raijmakers y apoderada una abogada que también figura con el mismo cargo en media docena de firmas especializadas en la cría de visón americano (Neovison vison) en Galicia, en las que igualmente ocupan puestos directivos diversos empresarios extranjeros, la mayoría de nombre holandés.
La SGHN conoció la situación de esta granja cuando recibió la consulta de la Secretaría Xeral de Calidade y Evaluación Ambiental, ante la que la empresa ha presentado su "proyecto de adecuación, modernización, reforma y legalización de instalaciones" con el objetivo de lograr el visto bueno de la Xunta, imprescindible para regularizar su actividad. La respuesta entregada antes de Navidad por los ecologistas en la Consellería de Medio Ambiente es rotunda.
El "arma de destrucción masiva" vetada por Holanda
En la propuesta ambiental presentada ante la Xunta para legalizar las instalaciones, la empresa anunciaba ya una serie de medidas de seguridad destinadas a hacer inexpugnables sus muros. La SGHN insiste en el "caracter extraordinariamente invasor y depredador del visón americano". Desde hace siete años, su vocal en el Consello Galego de Medio Ambiente y en el Observatorio Galego da Biodiversidade reclama que las granjas de Neovisón visón "se consideren instalaciones de riesgo". Como tales "deberían estar obligadas a la contratación de seguros de responsabilidad civil, a la colocación de collares radiotransmisores y la esterilización de los animales destinados a pieles", y a la adopción de mecanismos que eviten "la salida de visones vivos de la granja" a causa de "escapes" o de sueltas a cargo de "delincuentes ambientales".
Los visones americanos son, alerta la SGHN, "un arma de destrucción masiva por depredación sobre numerosas especies de vertebrados y por competencia con otras, sobre todo de mustélidos como la comadreja, la nutria, el turón y el armiño". Hace cuatro años, el Gobierno de Holanda, tercer productor mundial de visón americano, se sumó a la lista de estados europeos que vetaban la cría. Los granjeros de ese país tienen de plazo hasta 2024 para desmantelar sus explotaciones y desde entonces (tal y como denunciaron en su momento Adega o la SGHN) muchos han buscado continuar su negocio en territorios como Galicia, paraíso para el sector tanto por el clima como por las benignas leyes que aquí seguía habiendo. "Las consecuencias de la prohibición en Holanda continúan sintiéndose en la proliferación de nuevas granjas o la ampliación de las existentes", lamentan los ecologistas, que exigen en su respuesta a la Xunta que abra un expediente sancionador contra la empresa y precinte las naves sin permiso.
El presidente de la SGHN, el miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Serafín González, advierte a la Xunta de que "el proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental al poder afectar de manera apreciable a espacios protegidos de la Red Natura". La granja, recuerda, "se encuentra a 1,3 kilómetros del Tambre, aguas arriba de su Zona de Especial Conservación" y "constituye una infracción grave el inicio de la ejecución de un proyecto" con estos condicionantes "sin haber obtenido previamente el informe de impacto".
"En la ortofoto de 2014, extraordinariamente oportuna, se ven las cuatro naves viejas en la parte este de la parcela y las obras de explanación en marcha en el resto, con las soleras de hormigón recién hechas para otras tres naves y con la maquinaria pesada trabajando en las restantes" instalaciones de esta finca protegida con altos muros. Para González Prieto, tal y como expone en su respuesta a la Xunta, "resulta increíble, inaceptable y bochornoso" que una granja de esta "especie exótica, extraordinariamente invasora y peligrosa para la biodiversidad" haya estado funcionando durante años con una capacidad superior a la que tenía autorizada (dos naves en 1991). ¿"Qué sucedería si un ciudadano gallego hiciese lo mismo en Holanda?", pregunta el científico, "¿dónde estaban todos estos años el Ayuntamiento de A Baña, las consellerías de la Xunta con competencias y obligaciones legales, el Seprona y Hacienda?".
"En la documentación recibida no se indica el número de animales que se crían o pretenden criar en la granja", resalta también para el informe que tramita Medio Ambiente el colectivo ecologista. La cifra "hay que deducirla de los datos de animales que mueren" (y que sí aparecen reflejados en el documento que ha presentado Matomba Mink): si se dice que "mueren unos 600 animales en cada campaña" y que eso "representa una mortalidad del 5% del total", "cabe suponer que la explotación tiene capacidad para 12.000 visones".
