La socialista Paca Sauquillo dirigirá la comisión de la Memoria Histórica

El Partido Socialista y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena (Ahora Madrid), han acordado que sea Paca Sauquillo quien dirija la comisión que aplicará la Ley de Memoria Histórica, retirando los monumentos ligados a la dictadura y las alusiones franquistas del callejero. Sauquillo es una histórica militante de los derechos civiles, y fue diputada regional y senadora con el PSOE; además, es amiga desde la facultad de la alcaldesa. Encabezará así una comisión presidida de forma simbólica por Carmena y con otros seis miembros que se quieren elegir por consenso con el resto de grupos municipales.

 La comisión de la Memoria Histórica empezará a trabajar en la primera quincena de junio. Ninguno de sus miembros cobrará por formar parte de ella. Se apoyará en una estructura de funcionarios. Y contará con la aportación de asociaciones de memoria histórica.

La intención de Ahora Madrid y del PSOE es elegir al resto de miembros por consenso con Ciudadanos y el Partido Popular, que podrán aportar sus sugerencias. Quieren así fortalecer un proceso que, desde que llegó al pleno municipal el pasado otoño, sólo ha causado encontronazos políticos.

La propuesta de crear esta comisión fue de la portavoz socialista, Purificación Causapié, tras la polémica de febrero sobre la Ley de Memoria Histórica por la que rendirá cuentas ante el pleno el próximo miércoles la concejal de Cultura, Celia Mayer. El Partido Popular pidió en febrero su reprobación, pero Ahora Madrid logró esquivarla aplazando la votación para aportar documentación.

La reprobación de Mayer

El PSOE se hubiera abstenido entonces, facilitando la reprobación (que no obliga a Carmena a destituirla). Pero, un mes después, la situación parece encarrilada para que el PSOE tumbe junto a Ahora Madrid la petición del PP; ningún concejal ha sido reprobado por el pleno pese a los escándalos de los últimos años, incluida la tragedia del Madrid Arena.

Para solucionar este conflicto, que dividió internamente al grupo municipal socialista, Causapié apostó por poner a “una persona independiente” con “una sensibilidad muy especial” al frente de una “comisión amplia, con representación de expertos e historiadores, para que den cobertura técnica, histórica y jurídica al proceso de aplicación de la ley”. Carmena decidió que no dependiera de Mayer sino de la Alcaldía, de forma que rinda cuentas al resto de grupos municipales a través de la presidenta del pleno (ella misma) y del concejal Mauricio Valiente.

La polémica del callejero

El cambio de nombres en el callejero no requiere de modificaciones legales o de permiso previo de la Comunidad de Madrid, toda vez que cae en el ámbito de competencias municipal y está regulado ya por una ordenanza. El pleno municipal, a propuesta del Partido Socialista, aprobó en diciembre (con el voto a favor de Ahora Madrid y Ciudadanos) la elaboración de un ambicioso plan integral que, entre otras medidas, revisará el callejero madrileño en su totalidad para depurarlo de referencias a la dictadura franquista.

La lista definitiva no está elaborada. El pleno decidió contar “con la colaboración de entidades externas y expertas”, y entre ellas, la cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense y asociaciones de memoria histórica. Sin embargo, los “contactos” con dicha cátedra “no llegaron a buen puerto”, en parte debido a “la polémica habida sobre la existencia y autoría de distintas listas de calles cuya eliminación parecía proponerse”, según admitió el propio Ayuntamiento en un informe conocido esta semana. A raíz de esta polémica, Carmena decidió poner el plan integral en manos de una comisionada “que se encargue de la dirección y coordinación de todos los trabajos necesarios”.

A partir de las propuestas de ciudadanos y organizaciones políticas o sociales el Ayuntamiento sí cuenta con una base de datos de 289 calles cuyos nombres podría variar para usarla como una de sus referencias. Además, por la misma vía ha incorporado 335 denominaciones alternativas para las calles que cambien de nombre en este proceso; la única diferenciación que se ha hecho por ahora en este último sentido ha sido para consignar aquellas propuestas que se refieren a mujeres o a colectivos femeninos, puesto que el Ayuntamiento quiere potenciar su presencia en el callejero.

Desde finales del año pasado, cuando llegó al pleno la propuesta de aplicación de la Ley de Memoria Histórica, las Juntas de Distrito han solicitado la elaboración de informes sobre los vestigios y nombres de calles en sus áreas. Sin embargo, a fecha de 22 de febrero sólo había tres expedientes abiertos, en todos los casos para asignar nuevos nombres sin sustituir otros: el parque de los Excombatientes de la Nueve, en Ciudad Lineal; la plaza de los Brigadistas Internacionales, en Vicálvaro; y la calle de Florentino Rodríguez Alonso, en Hortaleza.

En el pleno de diciembre, Celia Mayer anunció además el cambio de nombre de 30 calles (hizo pública la lista) antes del verano. Además, avanzó que se retirarían varios “vestigios” del franquismo: la lápida a José García Vara en la calle de Arrieta; el monolito al alférez provisional en el barrio de los Jerónimos; la lápida a los caídos en Chamartín de la Rosa en la plaza de Duque de Pastrana; el monumento a los Mártires de la Sacramental del cementerio de San Isidro; y la placa a los Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo en el distrito de Barajas.

Retirada de vestigios franquistas

El 29 de enero comenzó la retirada de vestigios con la lápida de José García Vara y el monolito al alférez provisional, pero también con la placa en homenaje a ocho frailes carmelitas fusilados el día 18 de agosto de 1936 en el Cementerio Parroquial de Carabanchel. Esta última está “fuera del ámbito de la Ley de Memoria Histórica”, según admitió el Ayuntamiento, que enmendó su “error” el 3 de febrero. El 4 de febrero, la Fundación Francisco Franco denunció la retirada del monolito al alférez provisional, y el Ayuntamiento comprobó entonces “la inexistencia de disposición o acto administrativo que amparasen la retirada de vestigios”. Procedió pues a devolver todos ellos a sus ubicaciones originales.

Una vez detectados estos “vacíos normativos y procedimentales, consecuencia de no haberse aplicado la misma en la ciudad desde su aprobación en 2007”, y dado que “no existe normativa municipal de rango inferior a la ley”, el Ayuntamiento ha anunciado que “estudia” un nuevo “marco normativo” que “garantice la viabilidad técnica y la seguridad jurídica”, y sirva para “establecer criterios y procedimientos que faciliten la ejecución de las distintas actuaciones que se deriven del plan integral”.

La Dirección regional de Patrimonio Cultural abrió diligencias el 2 de febrero al Ayuntamiento, pidiéndole que detallara sus actuaciones y se abstuviese de nuevas intervenciones, puesto que podía afectar a monumentos protegidos y precisaría pues del permiso previo preceptivo de la Comisión Local de Patrimonio Histórico (controlada por la Comunidad). A requerimiento del Gobierno regional (Partido Popular), la Concejalía de Cultura elaboró un informe técnico en el que se comprometió a elevar a la comisión cualquier actuación que se refiera al patrimonio histórico y artístico de la capital.