CDC ignoró durante un año avisos contra el alcalde de Torredembarra

La cúpula de Convergència fue alertada un año antes de la detención de Daniel Masagué, exalcalde de Torredembarra, del cúmulo de ilegalidades que se estaban produciendo en el municipio. Fue Jordi Guasch, presidente del Comité Ejecutivo Local, quien remitió varios escritos a Lluís Corominas, secretario general adjunto del partido. Este, sin embargo, no le contestó hasta después de la operación anticorrupción que destapó el caso. Fue para decirle que le había pasado la carta al coordinador general de CDC, Josep Rull. Masagué era un hombre próximo a Felip Puig dentro de Convergència.

Guasch remitió un correo electrónico a Corominas el 4 de julio de 2013. “Al no haber obtenido respuesta, me vuelvo a poner en contacto con usted para solicitar una entrevista para informarle de lo que está pasando en Torredembarra”, empieza el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Tiene que saber que nuestros concejales se han visto obligados a votar contra la legalidad vigente y en contra de la advertencia del secretario municipal”, sigue el texto. “También que [la oposición] ha llevado a la Fiscalía varios temas, que están siendo investigados en el juzgado del Vendrell. Quizás, el ejemplo más evidente ha sido el alquiler con opción a compra —muy por encima del precio del mercado— de unos locales. Tanto ha sido el rechazo que ha causado este despropósito, que se ha tenido que rebajar el alquiler y precio de compra de uno de los locales, un sótano en estado de ruina, que en un año ha pasado de valer un millón de euros, según una valoración encargada a medida, a 450.000. Menos de la mitad”, remacha Guash.

Adjudicaciones irregulares

Pese a las advertencias, Corominas no respondió al correo electrónico. Apenas un año después, el 26 de junio de 2014, Masagué fue detenido por la Guardia Civil en una operación judicial en el Ayuntamiento de Torredembarra, entonces en manos de CiU, PP y GIT. La justicia investiga, entre otros asuntos, adjudicaciones y pagos irregulares como el abono de al menos 581.000 euros desde filiales de la constructora Teyco a dos empresas de Masagué por trabajos supuestamente inexistentes. La justicia indaga el destino de este dinero.

Corominas dice que derivó las denuncias a Josep Rull

Por estos pagos, el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell imputó por delitos contra la Administración Pública a Jordi Sumarroca Claverol. En el centro del caso se encuentra un gran aparcamiento de 250 plazas adjudicado en 2009 a Teyco por 2,5 millones de euros y que acabó costando un 40% más. En paralelo, la justicia también escudriña los pagos desde el Consistorio a una consultora externa, acusada por la oposición de ser utilizada por el exalcalde para puentear los informes adversos del secretario municipal.

Las investigaciones, que el juez ha dividido en varias piezas separadas, aún se encuentra en su mayor parte bajo secreto de sumario, aunque las escuchas telefónicas ya han permitido al juez instructor constatar la existencia de una “trama corrupta” integrada por ediles, trabajadores municipales y empresarios que “estarían gestionando la vida municipal al margen de la ley” con el pago de sobornos.

El PSC y ERC interpusieron las denuncias iniciales, a principios del pasado mandato. La gota que colmó el vaso fue una denuncia en 2013 de Montserrat Gassull, entonces regidora republicana en la oposición, sobre un crédito. Según la edil, Massagué quería pedir un préstamo de cinco millones de euros pese a la existencia de varios informes contrarios y a que le faltaba un voto en el pleno.

Gassull denunció que un regidor le llegó a ofrecer una concejalía de gobierno a cambio de su apoyo. Gassull también aseguró que el empresario Blas Niubó, le ofreció 12.000 euros por su voto. Asimismo, la edil añadió que Masagué se habría reunido con una concejal tránsfuga del PSC, Laura Pradera, y que el alcalde le ofreció, supuestamente, 40.000 euros por su voto favorable.

Rachid El Ghzaoui, que trabajó en el obrador del alcalde, acabó de centrar las investigaciones en Masagué al declarar que una persona de su confianza realizaba ingresos en efectivo en tres entidades bancarias. También dijo que, desde 2010, vio muchos “billetes de 500 euros” que estaban en “sobres blancos de 20.000 o 30.000 euros”.

CDC dice que ignoró los avisos porque “no decían nada que no se supiese”

La Guardia Civil, en funciones de policía judicial, detuvo a Masagué, Blas Niubò y a seis ediles del equipo de gobierno. El número de delitos que les atribuye el juez es mayor o menor según su cercanía al núcleo de la trama: prevaricación, malversación, vinculación con organización criminal, blanqueo, tráfico de influencias, cohecho y alteración de concursos públicos, además de falsificación de documentos, según fuentes del caso.

Tras la operación judicial, el 27 de agosto de 2014, Guasch volvió a enviar otro correo a Corominas: “Te escribí una carta […] como último recurso. Me gustaría pensar que la leísteis”, reza el texto. Un día después Corominas le contestó. “Disculpa por no responder el anterior correo, pero lo derivé hacia quien tiene la responsabilidad territorial y municipal, en último término, la secretaría de Organización, de Josep Rull”, reza el escrito.

Un portavoz de CDC quita importancia a las advertencias de Guasch asegurando que en 2013, cuando trató de reunirse con la cúpula nacionalista, el partido ya conocía las denuncias contra Masagué, que datan de 2011 y 2012. “Guasch no dijo nada que no se supiese”, remarca este portavoz, que afirma que los correos de Guasch deben entenderse como parte de los enfrentamientos por el control de CDC en Torredembarra.

“Un buen amigo”

El partido, sin embargo, no hizo nada para aclarar los hechos denunciados. Incluso con Masagué en la cárcel, donde pasó casi tres semanas, y cuando ya se habían hecho públicos graves hechos, figuras destacadas de CDC apoyaron al exalcalde. El consejero de Empresa, Felip Puig, defendió la gestión de Masagué, al que calificó de “buen amigo”. Josep Rull aseguró que, antes de actuar, el partido quería “saber con precisión de qué se está hablando y escuchar a nuestra gente”.

Massagué acabó dimitiendo desde la cárcel. Guash y su madre, Rosa Maria Guasch, que fue la única edil de CDC no detenida, se dieron de baja del partido. Lo mismo hizo en ERC Gassull, que cargó contra la dirección republicana por no haberla apoyada en sus repetidas denuncias contra la corrupción en Torredembarra.