El Supremo confirma la pena contra un ex delegado de la Zona Franca
La condena es de ocho años de cárcel y una multa de ocho millones por el 'caso Rilco'
El Tribunal Supremo ha confirmado que Manuel Rodríguez de Castro, delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz entre 1996 y 2001, del PP, tendrá que ingresar en la cárcel durante ocho años y pagar una multa de ocho millones de euros por las irregularidades detectadas en la puesta en marcha con dinero público del portal informático Rilco. La sentencia, al igual que ya hizo la Audiencia Provincial de Cádiz, absuelve a su sucesor, Miguel Osuna, quien, con todo, acaba de ser condenado a pagar 2,6 millones de euros por ser responsable contable de estas mismas irregularidades.
Rodríguez de Castro quiso convertir Cádiz en sede de un gran negocio de comercio electrónico con América. Lo llamó Red Internacional de Logística y Comercio Electrónico, Rilco. Él siempre defendió que podía haber sido un gran negocio pero la Audiencia Provincial cree que se aprovechó de esta idea para tratar de lucrarse y que se saltó los procedimientos reglados de la administración pública al hacer una adjudicación de los contratos a una empresa de Miami liderada por un matrimonio amigo.
El tribunal gaditano le condenó en 2013 a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por fraude, prevaricación y malversación. La Audiencia no atendió la petición de la Fiscalía y el PSOE de condenar también a su sucesor, Miguel Osuna, también del PP, quien, a pesar de ser conocedor de algunos escándalos previos, firmó las autorizaciones de pago y permitió la consumación del fraude. El tribunal calificó su actuación como “gravemente negligente” pero no lo vio como un delito y le absolvió.
Recurso
La Fiscalía y el PSOE recurrieron y ahora el Supremo sólo les ha dado razón en parte. Las acusaciones estimaban que la pena para Rodríguez de Castro debía ser más amplia y pedían que se incorporara el delito de fraude en subvenciones. Es el único aspecto de la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que el alto tribunal ha aceptado modificar.
Rodríguez de Castro mantiene la pena de ocho años, la inhabilitación y además le añade la cuantiosa multa de ocho millones de euros y cuatro años de inhabilitación para poder recibir ayudas públicas. Desestima así también el recurso de la defensa del ex delegado, que pedía la absolución.
Ha sido un mes de marzo nefasto para Rodríguez de Castro porque ha coincidido este fallo con la difusión de la sentencia de un juzgado de Sevilla que le ha condenado a año y medio de prisión por un delito fiscal al no haber declarado ingresos que recibió de América. De hecho, durante la investigación penal por el caso Rilco la Abogacía del Estado alertó de que parte del dinero de Rilco pudo ser ocultado en la empresa Iberia Reits, que Rodríguez de Castro creó tras dimitir como cargo público en la Zona Franca en 2001, acuciado por los escándalos.
La sentencia del Supremo supone cierto alivio para la actual dirección provincial del PP que, al contrario que ha hecho con Rodríguez de Castro, siempre ha defendido Miguel Osuna. El alto tribunal mantiene la condena absolutoria aunque sin entrar a valorar su actuación que sí fue condenada por el Tribunal de Cuentas. De hecho, Osuna tiene pendiente pagar 2'6 millones de euros por los desmanes cometidos en la Zona Franca en esa etapa del PP.
El PSOE no ha conseguido la condena de Osuna pero cree que la sentencia es la demostración de que las denuncias que hicieron en su día eran correctas. "Es el primer caso de condenado por meter la mano en la caja. A día de hoy no sabemos si sigue siendo militante del PP o si se le ha pagado la asesoría jurídica. Tampoco el PP ha reclamado nunca el dinero perdido", lamentó la secretaria provincial del PSOE, Irene García. Los socialistas recordaron ayer que Rodríguez de Castro llegó a la Zona Franca de Cádiz de la mano de Rodrigo Rato y Teófila Martínez.
