Euskadi al ralentí
Asistimos no al progreso de las políticas sociales, sino al lento debilitamiento de las mismas y, lo que es más preocupante, al desistimiento que el Gobierno hace de una política social inversora
La próxima cita electoral en Euskadi supondrá la renovación de los representantes ciudadanos en dos de nuestras instituciones básicas, Ayuntamientos y Diputaciones, en un contexto de ausencia total en el debate político sobre su futuro papel o reforma en aras a buscar cooperar más y competir menos entre ellas.
Llama la atención que siendo esta una cuestión que ha ocupado la agenda política de los últimos años en Euskadi, duerma ahora el sueño de los justos. Así mismo, resulta inexplicable que, mientras dormita una comisión de Autogobierno en el Parlamento, entre idas y venidas de distintos ponentes y cuyo trasiego nadie sabe a donde conduce, estemos en el año 2015 sin una Ley Municipal aprobada. Y resulta extraño que ningún candidato a las Diputaciones abra una reflexión pública sobre que áreas deben gestionarse desde el ámbito foral y cuales deben dejar de hacerse para hacer de nuestro entramado institucional un eje de acción más cohesionado, eficaz y también, porque no decirlo, menos costoso en términos de gasto corriente de manera que puedan esos recursos invertirse en políticas publicas que reviertan en la vida de la gente.
Los distintos gobiernos han dado signos de aproximación a la cuestión que no han pasado de ser estudios constatando ineficiencias o duplicidades entre las administraciones y que se han dedicado más a debatir sobre semántica que a proponer soluciones. El propio PNV y el PSE-EE acordaron abordar la actualización/modificación de la LTH y ultimarla antes del 31 de diciembre de 2015, pero se abre una nueva legislatura sin que se haya producido avance alguno.
Se podrá pensar que hay que profundizar en la mayor cooperación, simplificación o reforma profunda, pero lo cierto es que hacerlo sigue siendo una asignatura pendiente. Nada de lo que requiere el trabajo fino de la política se afronta, en tanto que la gestión de las políticas sectoriales es invadida por la falta de ambición especialmente en aquello que ha distinguido a la política vasca. La última, la que se refiere a las Ayudas a las Familias con hijos e hijas que tiene su refrendo en un marco legal ampliamente aprobado en 2008. Quedan en las hemerotecas las apelaciones que desde el PNV se hacían a favor de la ley considerando que la misma nos acercaba a las políticas europeas. La propia ley estima el compromiso de converger con la media europea en gasto social en familia en el año 2020. Ningún país que ha consolidado una política en apoyo a las familias con hijos, registra gastos en la misma inferiores al 2,7% del PIB, el triple de lo que se destina en Euskadi.
No hay debate ante las elecciones sobre reducir gasto corriente en favor de políticas públicas
En contra del criterio de todos los expertos en la materia que avalan el carácter universal que deben de tener las medidas en política de familia, incluidas las prestaciones periódicas por hijos, el Gobierno da un paso atrás bajo el engañoso subterfugio de la mayor justicia de ese reparto y contradiciendo sus propios informes. Si la política de apoyo a las familias es clave en sus diferentes aspectos como son la conciliación de la vida laboral y familiar o la de garantizar más recursos para vivir con dignidad ¿por qué aplicar los criterios de renta una vez más? “Si tener hijos o que los padres puedan conciliar empleo y familia comportan importantes externalidades positivas para la sociedad, está entonces manifiestamente justificado hacer que todos los padres se beneficien de la redistribución, en vez de operar una transferencia de unos padres a otros”, señala Esping Andersen, uno de los más prestigiosos investigadores actuales del Estado de Bienestar.
¿Acaso el siguiente paso será llevar estos mismos criterios a las prestaciones sanitarias o al sistema educativo? Asistimos no al progreso de las políticas sociales, sino al lento debilitamiento de las mismas y, lo que es más preocupante, al desistimiento que el Gobierno hace de una política social inversora, crucial para el desarrollo económico por su efecto de activación y su sustitución por una progresiva política social solo reparadora de las situaciones más desfavorecidas, lo que se acerca a una visión caritativa de la misma alejada de la ambición de universalidad que la política social publica debe tener.
