El Consell debe entregar en dos meses las facturas de Agua y Progreso

La sentencia que obliga al Consell a entregar las facturas de la Fundación Agua y Progreso al diputado socialista en las Cortes Valencianas Francesc Signes ya es firme. Una resolución de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), fechada el pasado 13 de febrero, así lo establece. La Generalitat ha optado finalmente por no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia, una de las decenas que condenan al Gobierno que preside Alberto Fabra por vulnerar los derechos fundamentales de los diputados de la oposición al negarles información que han reclamado.

La Fundación Agua y Progreso, creada en 2004 cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero derogó el proyecto del trasvase del Ebro y cerrada cuando llegó Mariano Rajoy a la Moncloa, recibió solo de la Generalitat 7,2 millones de euros en subvenciones que Signes sospecha que fueron utilizados en beneficio del PP y sus campañas protrasvase. El diputado se ha apresurado a reclamar formalmente al Consell “la entrega inmediata de la copia de la documentación pedida relativa a la justificación de las subvenciones recibidas de diversas consejerías”.

Sin embargo, como especifica la resolución del TSJCV, la ejecución forzosa de la entrega solo podrá instarse “transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia”. Lo que se produciría con las Cortes Valencianas ya disueltas ante la convocatoria de elecciones autonómicas para el 24 de mayo. De ahí que el diputado haya optado por urgir al Consell a ejecutarla.

Signes ha solicitado también al consejero de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, copia de toda la documentación mercantil y contable presentada anualmente en el Registro de Fundaciones de la Generalitat entre 2004 y 2011 y, en especial, del “expediente presentado a los efectos de inscribir la extinción y liquidación de esa fundación”.

“El Ejecutivo de Fabra tiene la obligación de poner a mi disposición toda la documentación justificativa que hasta el momento se me ha negado”, señala Signes. El diputado socialista no se conformó con la información de los convenios que justificaban las subvenciones ni la documentación contable que le facilitó el Consell, sino que solicitó los justificantes de los gastos presentados por Agua y Progreso, lo que le llevó a recurrir al TSJ. El parlamentario socialista denuncia “la enorme cantidad de fondos públicos despilfarrados por las diversas administraciones gobernadas por el PP valenciano en el mantenimiento artificial de una entidad que fue creada con el exclusivo ánimo de servir de plataforma para fomentar una guerra del agua que sirviera para atacar las políticas que en materia de agua desarrolló el anterior Gobierno central del PSOE y para transferir dinero público a intereses privados muy concretos”.