Vaersa reduce de 80 a 45 el número de afectados por el nuevo ERE
Los despidos se limitarán a los empleados de alta cualificación de la provincia de Valencia
La empresa pública Vaersa ha reducido a un máximo de 45 los empleados afectados por el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE), que hoy ha iniciado el periodo de consultas y que en un principio se dijo que podía concernir a 80 empleados. Los despidos se circunscribirán a la provincia de Valencia y afectarán a los empleados de los grupos A y B (licenciados, diplomados e ingenieros superiores y técnicos), cuyas tareas pueden ser desempeñadas por funcionarios, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.
Vaersa ha entregado hoy la documentación a los representantes sindicales para iniciar el periodo de consultas, así como los pliegos de condiciones de encomiendas que está tramitando en estos momentos y con los que ofrecerá 63 nuevos puestos de trabajo de los grupos D y E (peones, capataces y otros oficios de esta categoría) para tareas con las que no cuenta con personal adecuado.
La Generalitat ha indicado que tanto la oposición como los sindicatos "han exigido repetidamente" que no se encargue a personal de Vaersa ningún trabajo que pudiera ser realizado por funcionarios públicos de la Consejería de Infraestructuras.
Por su parte, desde la sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en Valencia, se ha lamentado que la Consejería "sigue haciendo desaparecer" puestos de trabajo "necesarios" para la conservación del medio ambiente y "dilapidando" dinero público en tasas judiciales e indemnizaciones.
Cuentas pendientes
El portavoz de CCOO, Javier Armesto, ha recordado que la Consejería aún no ha acabado de pagar las indemnizaciones del despido de los 198 empleados del despido colectivo de 2012, que ascienden a 5 millones de euros.
El primer ERE de Vaersa fue declarado no ajustado a derecho por el Tribunal Supremo, por lo que las indemnizaciones previstas inicialmente por la Generalitat "se dispararon a más del doble". Además, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado nulo el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo impuesto por la empresa el pasado mes de febrero.
A ello se añade, según CCOO, el goteo de despidos objetivos que la empresa realiza, unos nueve al mes durante todo el año, para evitar la negociación con los representantes legales al no superar los 30 despidos al trimestre.
Este sindicato asegura que siempre ha sido crítico con el proceder de la Consejería porque "lejos de ahorrar dinero" a los contribuyentes, "sigue haciendo desaparecer" puestos de trabajo necesarios.
